Veganzones sopesa ahora mantener el Serla «con un coste del 50%»

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado un requerimiento judicial para que la Junta de Castilla y León reponga el servicio de mediación laboral de la comunidad, el Serla. A través de un tuit publicado en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que este lunes se va a presenta un requerimiento judicial a la Junta de Castilla y León «para que reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla)».

«Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance», ha asegurado la vicepresidenta a través de Twitter.

Ante ello, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «atacar» de nuevo a la región con este requerimiento. «El Gobierno vuelve a sobreactuar», ha denunciado Mañueco en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Comité Ejecutivo del PP en la sede nacional del partido, al ser preguntado por si había recibido este requerimiento de la ministra de Trabajo.

En este sentido, el presidente de Castilla y León ha dicho que no entiende este requerimiento, como tampoco lo hizo con el que le mandó el Gobierno central en el mes de enero tras la polémica con el protocolo sobre el aborto en la región.

En este caso concreto, Mañueco ha señalado que ha garantizado «de palabra» al Gobierno de Sánchez que las competencias de los conflictos laborales «están garantizadas», insistiendo en que el jefe del Ejecutivo «ataca» a la región «sobreactuando» y «utilizando derechos reconocidos por parte de todos en el ámbito del diálogo social».

Según ha dicho, «las buenas relaciones entre empresarios y sindicatos hacen que Castilla y León sea una de las comunidades con menor tasa de paro de este país», apostillando que «más le valdría a Yolanda Díaz encontrar los fijos discontinuos que han salido de las cifras de las estadísticas del INEM».

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha arremetido contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo por «hacer electoralismo barato» con el requerimiento para la restitución del Serla y ha afirmado que desde la Junta buscan «soluciones para el Serla» pero «a un coste razonable» que no suponga «subvencionar chiringuitos sindicales».

«Desde el Gobierno de Castilla y León se buscan soluciones al Serla sin que ello suignifique subvencionar chiringuitos sindicales y garantizaremos la prestación del servicio con un coste razonable, que implica una reducción mínima del 50%», ha aseverado en una grabación distribuida a los medios.

Hay que recordar que como presidente del Patronato de la Fundación del Serla, Veganzones inició el pasado 6 de febrero el trámite para la extinción de este servicio que prestan la patronal y los sindicatos y que la Junta ha dejado sin financiación en los Presupuestos de 2023.

Veganzones ha invitado a Yolanda Díaz a «venir a nuestra tierra para aprender a gestionar el empleo», así como a «no castigar a una región que trabaja y progresa y que es leal con España».

UGT y CC OO han al presidente Mañueco que «cumpla con la legalidad» tras el requerimiento del Gobierno de España a la Junta para que reponga el servicio del Serla «inmediatamente». El pasado mes de febrero, CC OO, UGT y la CEOE de Castilla y León se reunieron en la Delegación del Gobierno con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social para solicitarle la intervención del Gobierno de España en el conflicto.

El Ministerio ha comunicado a las organizaciones sindicales y a la patronal que han enviado un requerimiento a la Junta «previo a la vía judicial por la falta de ejecución debida de la legislación laboral y de los acuerdos interprofesionales sobre sistemas autónomos de solución de conflictos en relación con la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León para que reponga inmediatamente dicho servicio».

A juicio de los agentes sociales, el ejecutivo autonómico está incurriendo en «una acción antidemocrática auspiciada por el partido de la extrema derecha, desde una ideología contraria a los sindicatos y la patronal más representativos y contra las libertades y los derechos constitucionales, con la permisividad que les presta el PP».

Mientras esto ocurre, recuerdan los sindicatos los servicios de conciliación, mediación y arbitraje a empresas y trabajadores que lleva a cabo el Serla, llevan 72 días en activo pero sin dotación presupuestaria.

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