La gerente del PP de Salamanca se niega a declarar hasta que la Audiencia resuelva sobre nuevos documentos

La investigada ha justificado su decisión de no declarar ante el instructor en que está a la espera de lo que determine la Audiencia Provincial de Salamanca respecto de nuevos documentos aportados por el PP al procedimiento. Según ha indicado el letrado de la acusación popular, ejercida por el Foro de Izquierda-Los Verdes, a la salida de la comparecencia ante el juez de la gerente, se trata de «documentos prefabricados» con los que «se está intentando invalidar el auto judicial».

En concreto, explica el letrado Francisco Martín del Río, la mayoría de estos documentos «no son recibos, sino que se trata de declaraciones juradas respecto de cantidades de dinero que han sido reajustadas para que cuadren y completar lagunas», unas nuevas pruebas correspondientes a las cuentas de 2017 y 2018 «aportadas cuando han pasado tres años de instrucción» que ya se habían presentado ante el juez y este las ha rechazado y por ello han acudido a la Audiencia Provincial. Será este tribunal el que decida si se incorporan o no en este momento del procedimiento y en el contexto de los recursos planteados al auto, que también tendrá que resolver. «Están realizando maniobras de corte mafioso», subraya el abogado de la acusación popular.

El juez instructor publicó a finales de noviembre el auto en el que defendía la existencia de «indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político», por lo que tanto Javier Iglesias, como la responsable de las cuentas de la formación y el PP pasaban a la condición de investigados y se les citaba para que acudieran al juzgado a declarar con la asistencia de un abogado. Esa declaración se fijó para el 30 de diciembre y se trasladó luego al 17 de enero. Javier Iglesias eludió ir presencialmente al juzgado alegando que sufría los efectos de la vacuna de la covid y sustanció la cita en una videoconferencia en la que se acogió a su derecho a no declarar y no respondió a ninguna pregunta. En el caso de la gerente, la citación cambió de fecha al 3 de marzo al justificar con antelación que no podía acudir al juzgado el 17 de enero.

El instructor ha avanzado a lo largo de más de 30 meses en la investigación sobre las aportaciones de dinero en metálico que sirvió para poner al día las cuotas de afiliados morosos y que estos pudieran votar en las primarias por las que Alfonso Fernández Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, tomó las riendas del PP de Castilla y León. Estar al corriente de pago era un requisito imprescindible para participar en la votación. El fiscal y la acusación popular que promueve el Foro de Izquierdas-Los Verdes defienden que se trata de al menos 61.937 euros y que, aún en el caso de aceptar los recibos aportados por el PP, «quedan sin justificar» importantes sumas de dinero que «han de calificarse como donación anónima ilegal». Estas donaciones están prohibidas por ley, a las formaciones políticas.

El juez tomó esa decisión de elevar la condición de Iglesias, la gerente y el Partido Popular de testigos a investigados tras escuchar en sede judicial las respuestas de alrededor de cincuenta cargos públicos y colaboradores y asesores del PP y de instituciones en las que gobierna, principalmente la Diputación de Salamanca, y tras una petición expresa del fiscal.

En este momento, está pendiente que la Audiencia Provincial de Salamanca, resuelva el recurso interpuesto por los responsables del PP, Javier Iglesias y la gerente del partido contra la decisión del instructor que les convertía en investigados. También otro en el que el letrado que ejerce la acción popular y la fiscalía solicitan acceder a los documentos aportados por el PP en su integridad, puesto que al estar 'anonimizados', solamente con iniciales, es en la práctica imposible seguir el rastro contable de los mismos.

También falta por concretar la decisión del juez instructor sobre qué tratamiento da a nuevas declaraciones por escrito de cargos y afiliados del PP, entre ellos figura el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las que ahora reconocen que han aportado dinero en metálico durante el mes en el que se celebraban las primarias.

La instrucción judicial ha ido tomando cuerpo en el último año, una vez que la Audiencia Provincial instó al juez instructor a reclamar documentación contable al Partido Popular que la formación no aportaba y a citar a alrededor de 50 cargos públicos y asesores de la Diputación o el Ayuntamiento que había presentado una declaración jurada atribuyéndose el pago de dinero en efectivo. Era el tercer auto de la Audiencia rectificando decisiones que frenaban las investigación. En el último, a principios de 2021, los magistrados instaban a practicar nuevas diligencias. «Si algo queda claro es la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para un poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno que se iba a celebrar de forma inmediata», recoge textualmente el escrito de la Audiencia de Salamanca, que no entra a calificar los hechos.

Por el juzgado han pasado parlamentarios nacionales históricos, como Gonzalo Robles o José Antonio Bermúdez de Castro (este último fue ponente por el PP en la reforma de la ley que regula la financiación de los partidos políticos que está hoy en vigor) y colaboradores de Fernández Mañueco como Xavier Domínguez Gabiña, que es director general de Análisis y Planificación de la Junta de Castilla y León.