Génova congela el expediente a Mañueco por contratar al exgerente a la espera del congreso regional

El despido de Viñarás molestó a Mañueco, que preside el PP de Castilla y León, y su repesca posterior con cargo a los fondos que el grupo parlamentario recibe del erario público a través de una subvención directa de las Cortes, enfadó a la dirección nacional. «Considero que Pedro Viñarás debe estar a mi lado», justificó Fernández Mañueco. El dirigente autonómico asumió personalmente la responsabilidad de contratar como asesor político al exgerente, que dejó ese cargo técnico, pero mantiene la responsabilidad política de ser el tesorero del PP de Castilla y León. «Tomé personalmente la decisión, soy el único responsable de esa decisión», puntualizó en enero, al tiempo que remarcó que «legalmente puedo hacerlo».

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Andrea Levy, presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, aseguró ayer, en Valladolid, que el expediente no está activo,pero tampoco cerrado. Fuentes del partido precisaron que Génova mantendrá esa 'carta' sobre la mesa mientras culmina el proceso de congresos provinciales y el autonómico y que activará la tramitación en el caso de que Alfonso Fernández Mañueco se resista a asumir la cuota de 'renovación' con la que Pablo Casado y Teodoro García Egea pretenden ganar peso territorial en el partido.

«No es que esté cerrado es que solo ha habido una comunicación, se está pidiendo información y no hay más para iniciar un expediente de otro tipo», precisó Levy, que a la pregunta de si esa situación podría cambiar, insistió : «En el momento en el que se encuentra no da lugar a la apertura de expediente».

La presidenta de Comité de Derechos y Garantías, responsabilidad que en el pasado ha ejercido el propio Alfonso Fernández Mañueco, precisó que el requerimiento de información al Grupo Popular de las Cortes se inicia en enero a instancias de «una comunicación anónima» que llegó a ese órgano interno. La recontratación del exgerente en una etapa en la que el grupo parlamentario tuvo que hacer ajustes entre su personal por el recorte de ingresos que supuso la pérdida de escaños de las autonómicas de 2019 levantó ampollas entre cargos populares de Castilla y León afines a Casado.