Génova abre expediente al Grupo Popular de las Cortes por el contrato de Viñarás

El Comité Nacional de Garantías se ha reunido y ha decidido abrir este procedimiento de investigación interna por entender que la incorporación de Viñarás a la nómina de personal del grupo parlamentario, apenas tres meses después de que cobrara una compensación de aproximadamente 70.000 euros para poner fin a su trayectoria como gerente regional conminado por la dirección nacional, puede suponer una infracción disciplinaria.

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Pedro Viñarás, que sigue siendotesorero del PP de Castilla y León, dejó la gestión de la contabilidad de la sede autonómica de María de Molina en agosto, días después de cumplir los 65 años, por decisión de Pablo Casado y de Teodoro García Egea, secretario de Organización, y contra criterio de Alfonso Fernández Mañueco. Desde Génova habían dado por zanjado el asunto Viñarás. Eso fue hasta que El Norte de Castilla publicó estas Navidades que se había incorporado a la plantilla del grupo parlamentario de las Cortes con fecha de 1 de noviembre como asesor de «estrategia política» y una nómina de 5.229 euros brutos al mes que, entre salario base y complementos de mejora e incentivos, suponían una retribución neta de más de 3.500 euros mensuales. La contratación generó un hondo malestar en Génova, que ha desembocado en el expediente disciplinario abierto al grupo parlamentario. Es otro punto de tensión más entre Casado y Mañueco, con los congresos provinciales del partido acercándose en el calendario y la pugna abierta entre las direcciones nacional y regional por situar dirigentes de su confianza.

Andrea Levy es la presidenta del Comité Nacional de Garantías (responsabilidad que desarrolló durante año el propio Alfonso Fernández Mañueco), órgano desde el que han remitido comunicaciones a los dos máximos responsables del grupo parlamentario de las Cortes para que presenten alegaciones en el proceso de recogida de información. Estos son Alfonso Fernández Mañueco, presidente del partido en Castilla y León y del grupo de las Cortes, y Raúl de la Hoz, portavoz popular en la Cámara autonómica y responsable de la gestión ordinaria del grupo, con funciones de jefe de personal de la plantilla de un grupo parlamentario que se financia con fondos públicos del presupuestos de las Cortes. En 2019 recibió 1,5 millones de euros.

Las fuentes consultadas indican que la Comisión Nacional de Garantías investigará si se ha producido una «desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido siempre que sean acordes a los Estatutos, así como de los grupos institucionales del mismo». Esta posible infracción está catalogada en elReglamento de Régimen Disciplinario y de Garantías del PP como muy grave. Puede conllevar desde la suspensión de militancia a la expulsión de la formación, si tras los responsables de la instrucción del expediente concluyen que el grupo parlamentario de las Cortes ha actuado contraviniendo el criterio marcado por la dirección nacional delPP.

El proceso que se abre en este momento es el de evaluación de los antecedentes y recogida de informes y pruebas sobre los hechos investigados. El instructor de esta investigación interna, una vez que analice todos los documentos y la información recabada, puede archivar el expediente o formular un pliego de cargos. Este implica la tipificación de la falta supuestamente cometida y la propuesta de sanción.