García-Gallardo atribuye a Vox el impulso del Parque Tecnológico de Burgos y el PP burgalés explota

El malestar en el PP de Burgos es palpable. La primera reacción ha sido del exconsejero de Presidencia y ahora portavoz adjunto del PP en las Cortes, Ángel Ibáñez: «Mucho trabajo de la Junta de Castilla y León detrás de esta estupenda noticia para Burgos, trabajo que no cesa desde hace meses, tal es así que recuerdo que un 3 de febrero de este mismo año ya se autorizó sacar a concurso las obras. Gobernar es cumplir. Seguimos», precisaba el procurador popular, situando el inicio de la licitación antes de las elecciones autonómicas del 13 de febrero.

Desde la cuenta oficial del PP de Burgos, que preside Borja Suárez, iban un paso más allá en el enfoque crítico hacia la valoración del vicepresidente. «Hombre, vicepresidente Juan García-Gallardo, igual el 'dicho y hecho' de su reflexión confunde un poco a la gente. Relanzar el Parque Tecnológico es un trabajo que el PP de Castilla y León viene haciendo tiempo», puntualizaban. Y más explícita ha sido la directora de la Agencia de Protección Civil de la Junta y exprocuradora popular por Burgos, Irene Cortés. «¡A buenas horas mangas verdes!», ha replicado a los socios en el Gobierno autonómico.

En defensa de la posición del vicepresidente ha salido David Hierro, dirigente de la total confianza del vicepresidente de la Junta, arrimando al balance de Vox no solo de la reactivación del parque tecnológico, también «ayudas al medio rural, a las familias o rebajas fiscales», que se aprueban, según señala este procurador autonómico, «cuando Vox entra en el Gobierno».

«Debe de ser como las ayudas al medio rural, a las familias o las rebajas fiscales. Llevabais 35 años trabajando en ellas y, curiosamente, se aprueban cuando VOX entra en el Gobierno. ¿Casualidad? No lo creo», remarca el político de la formación ultraconservadora, en un mensaje que ha hecho suyo el vicepresidente de la Junta compartiéndolo en la red social Twitter.

El proyecto del Parque Tecnológico de Burgos se fraguó siendo Juan Vicente Herrera presidente de la Junta y ha sufrido numerosos contratiempos, entre ellos el concurso de acreedores de la empresa a la que se adjudicó el proyecto, lo que provocó que la Junta tuviera que resolver ese contrato y volver a iniciar los trámites del licitación. El proyecto se aprobó definitivamente en mayo de 2017, con la consejera Pilar del Olmo, al frente de la consejería de Economía y Hacienda. En octubre de 2018 el Instituto para Competitividad Empresarial (ICE) ente autonómico que se encarga del suelo industrial, resolvió el contrato de las obras de urbanización ante la quiebra de la empresa adjudicataria y en 2019 se reiniciaron las obras a través de la sociedad pública Tragsa. Hubo un nuevo parón, ante la reclamación de la Cámara de Contratistas, que estimó el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León.

Tras ese tropiezo, la Junta adaptó el proyecto a nuevas cuestiones urbanísticas y medioambientales en 2020 y 2021, ya en la etapa de la coalición de PP y Cs. Con las modificaciones incorporadas, se aprobó el concurso de licitación de la obra en febrero, se publicó en abril y tras los plazos de presentación y valoración de las ofertas se acaba de adjudicar la obra.