El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, atempera las críticas a patronal y, sobre todo sindicatos, y rebaja el tono político en su relación con el PP en asuntos disonantes entre las dos formaciones. Lo hace cuatro días después de las elecciones andaluzas, con ese escrutinio que permite al popular Juanma Moreno gobernar en solitario y no replicar el pacto de PP y Vox de Castilla y León, en un jueves que dejó dos estampas muy diferentes del gobierno de coalición castellano y leonés.
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La primera, a mediodía, la del plantón de Alfonso Fernández Mañueco y los consejeros del PP en el minuto de silencio convocado por el vicepresidente por el «presunto asesinato» de un hombre de 77 años, en León, por el que se ha detenido a su pareja, una mujer de 56. Fue una concentración poco concurrida y en la que el propio García-Gallardo justificó la coartada argumental de sus compañeros de gobierno populares que esgrimieron que faltaba conocer detalles del suceso y preferían ser prudentes.
«Mi profundo respeto a la decisión del Partido Popular de esperar a que se conozcan más circunstancias para valorar si merece el mismo tratamiento que merecen otro tipo de fallecimiento», subrayó Juan García-Gallardo, ante la incomparecencia de los populares a la concentración impulsada por Vox.
Tras la imagen de soledad de Vox y distanciamiento del PP, llegó la que buscaba plasmar la unidad pese a la diferencia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente García-Gallardo acompañó al consejero portavoz Carlos Fernández Carriedo y el primero aprovechó para «sacar pecho» por un Gobierno que funciona «bien». Y fue en esa convocatoria en la que el vicepresidente suavizó las declaraciones de días anteriores respecto a los recortes de partidas a la patronal CEOE y a los sindicatos UGT y CC OO, medidas impulsadas por él y el consejero de Industria, Comercio y Empleo.
El vicepresidente trasladó su intención de «tener una buena relación con todos los agentes económicos y sociales», matizando que el impacto de ese recorte de 20,3 millones en eliminación de subvenciones directas, eliminación de financiación a cátedras y reducción a la mitad de otras líneas a las que concurren otras entidades y empresas «no significa que haya un recorte de 20,3 millones a las subvenciones, porque eso aún no ha sido acordado en el seno del Consejo de Gobierno. Son 10 medidas pactadas por los dos partidos que forman el gobierno y que se irán concretando».
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Evitó términos 'gruesos' para referirse a los sindicatos, que en días anteriores le llevaron a defender que «la paz social» no podía comprarse «apesebrando a los agentes sociales», y aseguró que si en las subvenciones que se otorgan en concurrencia competitiva afectadas por esos recortes, los sindicatos no prescindirán de ese dinero «si efectivamente demuestran que son los mejores capacitados para llevar a cabo ese servicio».
Juan García-Gallardo hizo un ejercicio verbal de compromiso con el Diálogo Social. Afirmó que considera fundamental «preservar el modelo del Diálogo Social, en el que el Gobierno cree, es un modelo que ha tenido éxito y por el que se han llegado a multitud de acuerdo, pero no condicionar el Diálogo Social a la cuantía de las subvenciones directas y nominativas».
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El vicepresidente apuntó incluso que ha habido confusión porque los medios de comunicación han empleado «titulares de brocha gorda» al asegurar que esos 20,3 millones en los que él y el consejero de Industria cuantificaron las medidas de ajuste en partidas de «gasto superfluo» o «inútil» iban a afectar a los agentes sociales. «Técnicamente no es así», aclaró. El titular de la nota posterior que enviaron el lunes 13 fue 'la Junta de Castilla y León anuncia una reducción de las subvenciones a sindicatos, patronal y demás agentes sociales en más de 20 millones', con un subtítulo aclaratorio que recogía que 'las primeras medidas corresponden a la Consejería de Empleo, Comercio e Industria e incluyen, entre otros muchos conceptos, el fin de las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales a CEOE, CC OO y UGT'.
El vicepresidente justificó el voto en contra de la iniciativa de apoyo al Diálogo Social que el PSOE llevó el miércoles al pleno de las Cortes y en la que los 13 procuradores de Vox se quedaron solos apretando el botón del 'no', porque la redacción contenía términos ofensivos hacia la labor que realiza el grupo parlamentario de la formación ultraconservadora.
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