Los ganaderos aplauden el control del lobo, mientras los ecologistas ven una oportunidad perdida de coexistencia

El cambio vuelve a poner en el foco la polémica que rodea a la coexistencia de esta especie con la cabaña ganadera de la región. Para los ecologistas, el lobo es un animal en riesgo de extinción, mientras que los ganaderos lo ven como un peligro para la pervivencia de sus explotaciones. En el año 2024, casi 6.000 animales, en su mayor parte vacuno y ovino, murieron en Castilla y León en casi 4.000 ataques de lobo. El número de cabezas, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, se ha incrementado en un 39% desde su inclusión en el Lespre. El aumento, según el estudio, se ha notado de forma más «significativa» en el norte del río Duero. Una situación que ha elevado hasta los 4,8 millones de euros las indemnizaciones abonadas a los ganaderos. De esta manera, se ha pasado de compensar a 765 explotaciones por estos ataques a 1.230 durante el pasado año.

Con el cambio en la ley, la situación del lobo volverá a la fórmula que estuvo vigente hasta 2021 y que marca que el cánido seguirá dentro de las especies protegidas al sur del río Duero, donde su presencia se considera testimonial. Este giro de los acontecimientos ha tenido reacciones encontradas. Mientras las organizaciones agrarias aplauden está decisión y piden medidas de control, los colectivos ecologistas lo califican como un «retroceso» que no dará solución a «un problema» en cuya gestión se debe apostar por la «coexistencia» del cánido y de la ganadería extensiva.

El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo considera que la decisión es «positiva para el sector ganadero», ya que el lobo «tiene que volver a ser una especie que tenga su control, porque los ataques se han ido incrementado año tras año». Al respecto, apunta a que las estadísticas demuestran que hay una media de once ataques al día y 16 animales muertos cada jornada. Una situación que, a su entender, el ganadero «no puede aguantar». Lanza también un mensaje para los defensores de la presencia del cánido: «ante todos aquellos que les da pena el lobo, me pregunto si no les da pena que mate miles de animales principalmente vacuno y ovino». En ese aspecto, precisa que tiene que «haber espacio para todos, nadie dice que el lobo tiene que acabarse, pero tiene que estar donde no haya esa ganadería extensiva».

Por su parte, el coordinador de UPA-COAG, Aurelio González, comparte la medida aprobada que beneficiará a la cabaña ganadera. En cualquier caso, más allá de la ley, pide que se pongan medidas para que el control se cumpla. «Antes de 2021, no se controlaba nada por presiones de grupos ecologistas y teníamos una situación muy difícil y complicada. Hay que exigir que haya controles», insiste.

Desde UCCL, su secretario regional, Jesús Manuel González Palacín cree que se ha dado «un paso adelante importante». En esta línea, incide en que el cambio «permitirá que las zonas más conflictivas sean controladas, hay mucho más margen de maniobra». Asimismo, ha advertido que los ataques de los lobos ponen en peligro la continuidad de la ganadería extensiva y, por tanto, a una herramienta clave para prevenir los incendios forestales

Un posicionamiento muy distinto se mantiene desde los grupos ecologistas. «Es un paso atrás enorme, un auténtico retroceso histórico porque es volver al modelo de gestión que había y que creemos que no funcionaba entonces y está abocado al fracaso», critica el coordinador de Conservación en WWF España, Luis Suárez. Lamenta que, a su entender, se haya perdido una oportunidad para seguir profundizando en la coexistencia «real» que es lo que pretendía la estrategia que se ha desarrollada en los últimos tres años y medio. «La coexistencia no es posible mientras se sigan matando tantas reses, pero eso no se soluciona matando al lobo, van a seguir estando, lo que hay que reducir son esos daños con medidas de protección del ganado principalmente», mantiene Suárez. En este sentido, critica que durante este tiempo no se hayan impulsado las medidas de prevención necesarias para «garantizar que todos los ganaderos tengan protección adecuada y se les ayude económicamente porque supone un sobrecoste y un sobreesfuerzo», por lo que ve imprescindible «el apoyo de la administración» que no se ha terminado de concretar. El coordinador de Conservación alude también a las formas en las que se ha aprobado en un procedimiento que «supone una indefensión para la sociedad», al incluirse en una ley que «no tiene nada que ver», aludiendo a que se centraba en el Desperdicio Alimentario, «En el sur, hay alguna provincia como Ávila, donde existe el mayor problema por la tipología del ganado, por su tipo de manejo, se deja fuera y genera agravios comparativos», desvela Suárez.

La responsable del programa del lobo de Ecologistas en Acción, Carolina Martín ve también «indignante» y «surrealista» la forma en la que se ha tomado la decisión de rebajar las medidas de protección del lobo. «Esto sienta un precedente peligroso, si se suma una mayoría de votos, se puede o proteger o no una especie porque lo pide un sector económico del país», lamenta. Al respecto, indica que desde Ecologistas en Acción se defiende la coexistencia, al precisar que «no hemos dicho que no nos importen lo que les sucede a los ganaderos y sus perdidas económicas y lo que conllevan, lo que decimos es que es obligación de las administraciones el preocuparse de que puedan coexistir, ayudando a ganaderos», puntualiza. Al respecto, precisa que las administraciones deben promover las formación, la información y las ayudas, «en lugar de plegarse a sectores económicos del sector primario».