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Castilla y León fue en 2019 una pieza en el tablero nacional. Una pieza sacrificable, como un peón esquinado. Formaba parte de un acuerdo mayor ... en el que entraban Madrid, Murcia o Andalucía. Y en el caso andaluz, además, con un argumento similar al que se empleó aquí durante la campaña electoral: la necesidad de regenerar una comunidad autónoma que había permanecido bajo el mismo mando demasiado tiempo.
El viernes pasado, los doce procuradores de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León escenificaron su rotunda oposición a que el futuro político de la región vuelva a jugarse en el tablero nacional y ser dirigido desde Madrid. Confirmaron por enésima vez en tres días su «no» rotundo a la moción de censura presentada por Luis Tudanca y se adelantaron a lo que pueda suceder en el Comité Ejcutivo de Ciudadanos que Inés Arrimadas, su presidenta, convocó de urgencia para este lunes.
Hoy, pese a a tanta escenografía, la política de Castilla y León volverá a jugar fuera de casa.
Inés Arrimadas, que había defendido en todo momento que la operación de Murcia se circunscribía a Murcia, se ha visto envuelta en una emboscada del PP a todos los niveles. Su socio de Gobierno en Andalucía, Ayuntamiento de Madrid y Castilla y León -aún- ha llamado a todos los cargos y militantes naranjas a pasarse al lado azul y ha convencido, de entrada, al senador Fran Hervías, riverista y uno de los ideólogos del pacto global con el «socio preferente», el PP, tras mayo de 2019.
El miércoles y el jueves pasados, tanto Inés Arrimadas como su voz autorizada en Castilla y León, la coordinadora autonómica Gemma Villarroel, insistían en que Castilla y León no es Murcia. Este domingo, sin embargo, Villarroel hacía suyas las palabras de Edmundo Bal con sus acciones en las redes sociales. «Ni yo ni mi partido seremos cómplices de la corrupción», apuntó Bal. «Durante las próximas semanas, vamos a asistir a esta operación del PP en toda España, para comprar cargos, para comprar a gente de Ciudadanos», añadió. «Se van al partido de Bárcenas, al partido de la caja B, al partido de los sobres, que tiene que dejar su sede porque está sucia, reformada con dinero negro», golpeó.
Poco después aparecían unas declaraciones de la propia Villarroel a favor del pacto en Castilla y León. «Vamos a seguir siendo responsables, no vamos a perjudicar nunca a las personas que nos han elegido para gobernar y en Castilla y León hay estabilidad, se están llevando a cabo los cien puntos de gobierno y seguiremos así», señalaba en declaraciones recogidas por Europa Press.
La cuestión es: ¿se pueden mantener los pactos de Gobierno con un partido al que se acusa públicamente de corrupción y con el que se ha entablado una guerra abierta a nivel nacional? Porque ahí está el matiz que ha cambiado en el discurso naranja en las últimas horas.
En Castilla y León consideran que sí. Porque sus rostros visibles aseguran que el acuerdo de Gobierno funciona y no hay motivos para romperlo. Uno de los procuradores advertía el pasado miércoles, nada más conocerse la cadena de acontecimientos en Murcia, Madrid y Castilla y León, que aquí no se iba a romper nada. Y ante la disyuntiva de tener que obedecer de nuevo a Madrid, afirmaba que está en juego la palabra de los que firmaron el pacto y, por tanto, no hay más que hablar. Argumentos que se definieron el viernes, dos días más tarde, cuando los doce 'naranjas' de las Cortes salieron a anunciar que su compromiso con la estabilidad incluye decir no a la moción del PSOE.
Llamó la atención que en este caso sí fueron de la mano los llamados oficialistas -Miguel Ángel González, responsable autonómico de Acción Institucional; David Castaño, portavoz del grupo parlamentario en las Cortes; Luis Fuentes, presidente de las Cortes de Castilla y León- y Francisco Igea, un verso suelto que parecía condenado al ostracismo más pronto que tarde y que, de pronto, vuelve a crecer en el partido como una de las voces críticas que muchos reclaman. Y no es el único, esta vez. Toni Cantó fue de los primeros en exigir la celebración de una Ejecutiva tras lo ocurrido en Murcia.
Cabe recordar que el Comité Ejecutivo de Inés Arrimadas, nombrado hace un año tras arrasar en las primarias por un 77% a 22% a Igea, únicamente integró a aquellos más fieles a la líder naranja. En Castilla y León hay dos miembros de ese Comité: Luis Fuentes y Gemma Villarroel. Fuentes ya se pronunció con su presencia el viernes con el resto de los procuradores: no quiere injerencias de Madrid en el destino de Castilla y León. Villarroel, que conocía que iban a salir públicamente a defender el pacto, siempre defendió la estabilidad de Castilla y León, y ha seguido así pese a que los últimos acontecimientos le han llevado a mostrar su acuerdo con Edmundo Bal respecto a la deslealtad del PP.
«El lunes va a estar muy calentito», vaticinaban el viernes fuentes de la formación en Castilla y León. Inés Arrimadas, según algunos medios nacionales, prepara incluso una reestructuración de su Comité Ejecutivo. Le piden, en algunos casos desde el batacazo en las elecciones de Cataluña, las destituciones de Carlos Cuadrado, vicesecretario primero, y José María Espejo, vicesecretario adjunto.
Y Francisco Igea le advertía: «Los partidos no existen sin sus militantes y sus organizaciones territoriales. Si todas las decisiones son tomadas por el líder, entonces todos los errores son suyos». En realidad, un llamamiento a respetar, de facto, un sistema de baronías del que los naranjas huían con su esquema vertical. Juan Marín, vicepresidente en Andalucía, y Francisco Igea, vicepresidente en Castilla y León, junto a Toni Cantó, coordinador autonómico en Valencia, son los referentes más relevantes del partido en el país, una vez caído -y en ciernes de desaparición, según las encuestas- el ex vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado. Se puede incluir en el listado a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Todos ellos, salvo Igea, forman parte de ese Comité Ejecutivo. Y también la traicionada en Murcia, Ana Martínez Vidal, Marta Rivera, ex consejera en Madrid, y Carlos Carrizosa, derrotado en Cataluña.
Ellos serán los que decidan si el futuro de Ciudadanos en Castilla y León sigue ligado al PP, un socio que se maneja no solo desde Castilla y León, sino desde Génova. O si, por el contrario, rompen la unanimidad de sus procuradores en favor del pacto y ordenan un «sí» a la moción del PSOE de Luis Tudanca que tendría consecuencias imprevisibles en la formación.
Que el PSOE acompañara la petición de moción de censura por 35 firmantes cuando solo necesitaban 13, aseguran que por una cuestión de «respeto a una medida tan relevante» y sin intención estratégica, conlleva sin embargo una trampa aritmética para Ciudadanos. El PSOE no podrá interponer una segunda moción, al menos, en un año. Y para entonces ya es poco probable, salvo que se produzca un detonante político gravísimo. Así que Ciudadanos, si respalda esta vez el acuerdo de Gobierno con el PP y vota «no» a la moción, no tendrá ya ocasión de desdecirse. Desde ese momento sus doce procuradores, claves para conformar el Gobierno regional, perderán la fuerza que les da poder cambiar el sentido del voto. Por sí mismos, necesitarían 13 procuradores para presentar una segunda moción de censura. Es decir, tendrían que buscar en Por Ávila, UPL, Podemos o Vox un decimotercer procurador para iniciar el proceso. Eso les deja en una posición de fragilidad de la que tanto Ciudadanos como el PSOE, consultados por El Norte, son conscientes. Fragilidad que aumentará conforme se acerque el fin de la legislatura, cuando empiece a armarse la estrategia electoral que, en el caso de los populares, sigue habitualmente el dictado de Génova.
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