Castilla y León

Los funcionarios de Muface que eligen la sanidad pública se han duplicado desde 2010

Todos los años Muface les permite elegir entre la asistencia pública o la privada, y lo cierto es que la mayoría opta por la segunda. En concreto, 76.682 personas en la comunidad (1.080.394 en el conjunto del país), lo que equivale al 70% del total. Este 31 de diciembre de 2024 acaba el contrato con las tres aseguradoras que les prestan el servicio de salud –Adeslas, Asisa y DKV–, lo que obligará a integrarlos en Sacyl si no se llega a un acuerdo sobre la licitación con efectos desde el 1 de enero de 2025.

Ahora bien, aunque la medicina privada es la opción con más adeptos, lo cierto es que el porcentaje de funcionarios de carrera de la región que se han pasado a la pública se ha duplicado en poco más de una década. En 2010, el ejercicio más antiguo del que hay datos disponibles, eran 19.062 los que optaban por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En términos relativos, el 16,1% de los 118.230 mutualistas de entonces. Al cierre de 2023 esa cantidad había subido hasta los 33.454, elevando su peso hasta el 30,4%. Se trata de un incremento de nada más y nada menos que del 75,5%, en línea con la evolución de las cifras nacionales.

Los motivos difieren según a quién se pregunte. Desde Muface indican que se debe a la incorporación de un gran número de funcionarios de las escalas superiores (grupos A1 y A2) que, aunque escogen la sanidad pública, pueden pagarse además un seguro privado y utilizar los dos sistemas a la vez. A esto el sindicato CSIF añade que la calidad de la prestación que ofrecen Adeslas, Asisa y DKV ha empeorado debido a la infrafinanciación, lo que se traduce en una reducción de los cuadros médicos y un aumento de la demora a la hora de conseguir cita.

Una realidad que se ha visto acentuada en las últimas semanas debido a que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas, incluso de enfermos crónicos o de cierta gravedad, ante la incertidumbre general. Es lo que denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que ha entregado centenares de quejas de los afectados al Defensor del Pueblo. La misma organización estima que harían falta unos 3.000 profesionales sanitarios más de todas las categorías en Sacyl si se incorporara a los mutualistas, teniendo en cuenta que los pacientes potenciales crecerán el 6,5%.

Así las cosas, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha garantizado este martes que habrá una nueva licitación de Muface antes de que acabe el año, después de que el Gobierno lanzara una consulta a las aseguradoras para saber a qué precio aceptarían acudir a un concierto durante el periodo 2025-2027 de la que se ha descolgado Adeslas. Si se confirma el peor de los escenarios y la licitación vuelve a quedar desierta, Castilla y León será una de las autonomías que sufrirá en mayor medida el aumento de la presión asistencial.

Es lo que revela un informe de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), que aglutina al sector privado y defiende su aportación a la sociedad. En un análisis sobre el impacto de las mutualidades sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS), fechado el pasado septiembre, IDIS sitúa a la comunidad como una de las cuatro que más se resentirían como consecuencia de la incorporación de los titulares y beneficiarios de Muface, junto con Murcia, Cantabria y La Rioja, y «sin opción de mitigar la situación».

CSIF ha ido más allá y ha asegurado que de no renovarse el convenio, el modelo sanitario público regional quedaría al borde del «colapso», con una tensión «insoportable» en los centros de salud y los hospitales. Su presidente regional, Benjamín Castro, ha sentenciado que «el presupuesto de la Junta se verá en un brete» porque «Castilla y León es la comunidad más perjudicada, solo por detrás de Ceuta y Melilla», y ha pedido al consejero de Sanidad «una declaración pública al respecto». La organización ha animado a manifestarse este 14 de diciembre en Madrid, ante la Dirección de Muface, una movilización que se verá precedida por las concentraciones ante las sedes de las capitales de provincia convocadas este miércoles por UGT, ANPE, USIE, UFP, SUP, ADIDE, ACAIP y SIAT.