Funcionarias en las cárceles: «A muchos presos les cuesta acatar órdenes de una mujer»

En medio de este clima, se observa un pronunciado cambio de tendencia que no se había dado hasta la fecha, el de una mayor incorporación de mujeres a estos puestos. Así, en las oposiciones de 2022, en las que se ofertaron 1.850 plazas (la mayor oferta de los últimos diez años), la presencia femenina fue la mayoritaria. «Hasta ahora la plantilla era principalmente masculina y muy veterana, pero esta última promoción marca el nuevo perfil, ya que en la última convocatoria siete de cada diez aprobados en funcionarios de prisiones corresponden a mujeres», explica Joaquín Leyva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias.

Desde Acaip explican que hasta 2007 las plazas se convocaban diferenciadas, los hombres y las mujeres entraban de manera separada, con una oferta de puestos, muy superior, para los hombres frente a los reservados a mujeres. «Con la aprobación de la Ley de Igualdad eso cambió y se unificaron las escalas, lo que ha provocado con el paso del tiempo ese aumento considerable en el número de mujeres funcionarias».

En las prisiones de Castilla y León, esta paridad tardará un poco más, ya que las cárceles de la comunidad cuentan con las plantillas más veteranas. La proporción actual (1.536 funcionarios y 472 funcionarias) es del 30% de plantilla femenina distribuida en los siete centros penitenciarios, a excepción de la cárcel de Ávila, donde hay más funcionarias: 73 frente a 67 hombres.

«No hemos hecho una proyección exacta, pero en menos de 10 años puede haberse dado un vuelco completo a la situación porque se jubilan las grandes promociones de mediados de los años 80, en las que la mayoría son hombres y serán relevados por las nuevas promociones, en las que hay un mayor número de mujeres», explica Leyva. En medio de ese incipiente cambio de tendencia, en el que cada vez más mujeres se incorporan a los puestos de vigilancia y control de las prisiones, les sigue preocupando y mucho una realidad a la que se enfrentan a diario, pues sienten que forman parte de un trabajo en el que se juegan la vida cada día.

Los casos de agresiones de presos a trabajadores han aumentado de forma significativa en los centros penitenciarios del territorio nacional, pasando de 159 en 2021 a 453 en 2022. Castilla y León no es una excepción (concentra el 10% de los ataques a nivel nacional) y cerró el último año con 45 casos, el triple que en 2021, cuando se registraron 13. En Villanubla, pese a no ser los centros más conflictivos (lo son Dueñas y Topas, con 15 y 16 agresiones, respectivamente) también se ha detectado un aumento de estos casos, en concreto de uno a tres. También los conflictos entre presos se han incrementado en la región pasando de 413 a 492 en el último año.

Además de la «escalada de tensión y violencia» que se vive dentro de las cárceles, lo que más preocupa en Castilla y León es que es la comunidad con más plazas vacantes de España. «Sus ocho centros penitenciarios concentran el 25% de todos los puestos sin cubrir del territorio nacional y a eso hay que sumar otro problema, el de la edad media de la plantilla, una edad muy elevada que se sitúa en más de 54 años», señala Joaquín Leyva, portavoz de Acaip-UGT.

Según la agrupación, el 50% de todos esos puestos vacantes son los correspondientes a vigilancia de reclusos, lo que provoca que haya módulos cerrados en los centros penitenciarios. En Villanubla, por ejemplo, hay asignados 157 puestos de vigilancia pero a efectos prácticos solo ejercen su función 108, porque casi la mitad, 49, son plazas vacantes. «Esta falta de personal provoca que se concentre a los presos en menos módulos como sucede en Valladolid con varios de los 14 módulos cerrados, lo que se traduce en un mayor hacinamiento de los reclusos y que se haga la vista gorda y haya dos presos por celda donde, por ley, solo puede haber uno».

Y si no se pone solución a la falta de personal de vigilancia, la problemática de la inseguridad y del relevo profesional parece que continuará en los próximos años. Mucha de la plantilla se está jubilando y la falta de empleo público en los últimos años (no hubo convocatorias entre 2013 y 2016) hace el resto.

Falta personal en las cárceles. «La población reclusa está creciendo por primera vez en 17 años. Sucede lo mismo en Castilla y León, donde cerramos 2021 con 3.413 internos y en 2022 hemos terminado con 3.887», explica Leyva, quien pone cifras para hacer una radiografía de la realidad de los módulos desde la agrupación ponen como ejemplo Valladolid.

«En Villanubla hay unos 500 reclusos y para hacer una correcta relación de los funcionarios que hay para vigilar a todos los presos es importante tener en cuenta que el número total de funcionarios está repartido por todas las áreas (administrativas, de tratamiento, sanitaria y directiva). La realidad que hay dentro es que en un módulo estándar suele haber dos funcionarios por cada 120 internos», aseguran desde ACAIP.

A la escasez de personal se le suma la falta de formación y de material adecuado y actualizado que denuncian desde el sector. «La Administración apenas da cursos de defensa personal que serían de utilidad para los funcionarios y esas formaciones solo los imparten a una parte muy reducida de la plantilla de tan solo 15 de los 70 centros que hay dependientes de la Secretaría General», advierte Leyva.

Piden equipos de intervención rápida y uniformes funcionales, «además de la modernización en los dispositivos como Walkies, que muchas veces no funcionan y dificultan la comunicación entre los trabajadores» y formación universal que se actualice cada año, «no podemos dejar que los trabajadores sufraguen con sus propios recursos y su tiempo libre las carencias de la Administración», subraya.

Es importante también el disponer de inhibidores de frecuencia «para que los móviles no puedan tener uso en prisión y se evite así su uso, porque son fuente de conflicto entre los presos. Se evitarían muchos problemas con poca inversión».