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Valladolid
Jueves, 13 de octubre 2022, 14:35
La Junta ha dado luz verde a un techo de gasto no financiero para 2023 de 12.470 millones de euros, lo que supone un ... crecimiento del 13,57%, respecto al 2021, el último presupuesto aprobado, prorrogado este ejercicio, es decir, casi 1.490 millones más.
Así lo ha destacado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien explicó que la cifra crece por el importante aumento de los fondos europeos vinculados al programa Nueva Generación y a la subida de la recaudación tributaria en los impuestos cedidos por la inflación.
Carlos Fernández Carriedo también aclaró, en declaraciones recogidas por Ical, que el techo de gasto podría ser mayor pero sufre una merma por la rebaja en las transferencias del Estado por la eliminación de los fondos covid, así como por el impacto de una reducción «drástica» del objetivo de déficit público.
La estimación de 12.470 millones deriva de un escenario macroeconómico con un importante descenso de la previsión de crecimiento del PIB; 1,6%, frente a una previsión de cierre del ejercicio del 3,3%. «Existe un claro deterioro del ritmo de crecimiento y en las expectativas de crecimiento», lamentó, pero constató que la previsión de subida del PIB en términos reales es «prudente» sobre todo respecto al 2,1% del Gobierno de España.
No obstante, Carriedo indicó que se seguirá creciendo, lo que permitirá reducir la tasas de paro hasta una media del 10,1%, frente al 10,3% de este año. En términos de empleo, se crecerá un 2,3%, frente al 2,7% de este año.
El portavoz también puso de relieve que el déficit público se reducirá hasta el 0,3%, desde el 0,8% de este año, lo que supondrá un «esfuerzo muy importante», que sitúa a la Comunidad de nuevo «en la senda hacia la estabilidad presupuestaria» que deberán recorrer ya «seguramente en 2024», después de que la UE dejase sin vigencia las normas de estabilidad por la COVID. En este contexto, criticó que del objetivo de déficit del 3,9% para el conjunto del Estado, de cada 12 euros de España, sólo uno corresponderá a las autonomías, cuando son las que prestan los servicios públicos esenciales.
Carlos Fernández Carriedo desglosó los ingresos del techo de gasto y constató que los no financieros alcanzarán los 12.267 millones, un 18,7% más que en 2021. En concreto, los fondos del sistema de financiación se elevarán un 20,3%, con 8.136,2 millones; los de la UE se dispararán un 62,3%, hasta los 1.985,94; y los otros ingresos avanzarán un 21,5%, 1.197,.12 millones, por la mejora en la recaudación de los tributos cedidos por el IPC. Por el contrario, las transferencias del Estado caerán un 30,7%, con 947,73 millones por la eliminación de los fondos covid.
Carriedo se detuvo en los fondos de la UE y aseguró que Castilla y León «gastará los que lleguen», pero insistió en que les hubiese gustado un reparto «menos ideológico y de más eficacia para que llegasen a las personas». «Se ha antepuesto la ideología por encima de la tecnología y las personas. Hay muchísimas restricciones ideológicas del Ejecutivo».
Carriedo concretó que a estas cuantías habría que sumar los 205,1 millones de las tres décimas del objetivo de déficit, y aplicar los ajustes de contabilidad nacional de menos 2,3 millones, lo que da como resultado los 12.470 millones. Una cuantía que hubiese supuesto un aumento del 7,3% en relación al techo malogrado por la prórroga que se preveía en un principio para 2022 de 11.621 millones.
El consejero de Economía y Hacienda también expuso que prevé cerrar el año que viene con un endeudamiento global por debajo del 21% del PIB. La expectativa, dijo, es que «se pueda reducir», porque el aumento del déficit es menor que el del PIB en términos nominales.
Carriedo recordó que Castilla y León es una de las autonomías con menos deuda, un 20,9% del PIB, frente a una media del 24,9%, y defendió la apuesta del Ejecutivo regional por una política presupuestaria «responsable» y por trabajar por un «control de los niveles de deuda y déficit».
También expuso que el techo de gasto no financiero es la base para elaborar y presentar a las Cortes el proyecto de presupuestos, y anunció que hoy mismo remitirá sus previsiones al parlamento regional para que proceda a su debate y «si lo estiman», a su aprobación. Al respecto, consideró que hay tiempo suficiente para que se debata en pleno la semana que viene, para inmediatamente presentar el proyecto de presupuestos, para que entre en vigor en plazo, es decir, el 1 de enero de 2023.
Carriedo justificó el retraso en su tramitación, en que debían esperar a conocer las cuentas del Estado, que también se presentaron «días después del plazo legal», y cuestiones «determinantes» como el aumento de las retribuciones a los empleados públicos, cambios normativos tributarios, o el alza de las cotizaciones sociales, que deberán incorporar como empleadores, con un coste de unos 20 millones de euros.
Asimismo, advirtió sobre las cuentas del año que viene que a pesar de crecer, la Junta también se verá afectada en su capacidad de actuar por la inflación, como el resto de ciudadanos. Además, constató que las partidas europeas «no siempre van a aquellos que las empresas y los ciudadanos podrían demandar», aunque asumió que las grandes cifras de Castilla y León, les permitirán «atender algunas importantes finalidades».
Por lo que se refiere al acuerdo de su partido, PP, con su socio de Gobierno, Vox, sobre el reparto de las partidas, indicó que «solo quedan por definir matices de algunas cifras» dentro de unas enormes cuantías, y sentenció que ambas formaciones «compartimos los fines de las cuentas, que son trabajar por la recuperación económica, el empleo y los servicios públicos de calidad».
«Nos pondremos de acuerdo y tendremos y buen presupuesto vinculado a esos objetivos», sentenció Carriedo, quien aseguró que PP y Vox son «dos partidos distintos, con los elementos de diferencia» que se conocen, pero «hay elementos que nos unen sobre todos la pasión por una futuro de Castilla y León, mejor y más próspera».
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