Rocío Lucas: «Con los fondos del Estado solo llegaríamos al 10% de niños de 0 a 3 años»

El fin de las restricciones sanitarias dan paso a nuevos retos como la aplicación de la nueva ley educativa LOMLOE (muy contestada por Castilla y León) o el estreno de la etapa gratuita para niños de 0 a 3 años.

–¿Se ha reconocido bastante la apuesta de la Junta por mantener la máxima normalidad durante la covid? Otras regiones fueron más conservadoras.

-La sociedad ha valorado más aún al ámbito docente. Sanidad y Educación trabajamos de forma coordinada pero todo fue gracias a la fuerte implicación de los profesores. Su preocupación fue siempre proteger a sus alumnos.

-Dos de cada tres profesores temían «retraso» educativo por la covid. Con la plena normalidad, ¿se puede descartar?

-En Castilla y León han estado los dos cursos de Infantil todos los días en el aula, salvo las cuarentenadas. Por eso, hemos visto que el impacto ha sido menor que en otras comunidades. Pero es verdad que los que sufrieron la cuarenta, su capacidad de aprender fue a otro ritmo. Por eso, pusimos el programa de Éxito Educativo en Matemáticas o Lengua. Ahora seguiremos reforzándolo para compensar las situaciones emocionales que les han impactado durante la pandemia. Se va a reforzar también en 3º de Primaria con la lectoescritura y también en 1º de la ESO.

-Educación o a 3 años es la gran novedad del curso y la legislatura. ¿Por qué tanta pelea por colocarse el mérito? El presidente Mañueco volvió a 'venderlo' en Salamanca como si fuese únicamente de la Junta. ¿No es más bien un proyecto de todo el país?

-No discutimos eso. Estaba en las leyes previas como la LOMCE, la LOE y ahora en la LOMLOE. Lo que sí defendemos en Castilla y León es que todos los niños de 2 a 3 años vayan al cole. Eso no lo ha hecho ninguna otra comunidad. Aquí con ese dinero apenas hubiéramos llegado a mil plazas. Y hemos puesto las 10.000. Hemos querido que fuera universal, esa es la diferencia.

-Europa revisará los fondos Next Generation, tras una denuncia de la Federación de Escuelas Privadas. Reclaman que se destinen a garantizar la gratuidad, sean públicos o privados.

-Los fondos europeos no tenían destinatario concreto y ha sido el Gobierno el que se ha empeñado en destinarlo solo a la pública. Eso es lo que han llevado a Europa para que no haya discriminación en la titularidad de los centros.

-Los fondos son para la implantación de la educación de 0 a 3 años, la digitalización, la formación del profesorado y para acompañamiento en orientación educativa. ¿Qué papel pueden jugar en el apuntalamiento de nuestro sistema educativo?

-El Gobierno central los ha destinado a objetivos que no casan bien con lo que tenemos en las comunidades. Reclamamos poder participar más en los fondos para evitar que se destinen, por ejemplo, a los procesos de acreditación en la FP, al que han llegado más fondos que las personas que se pueden acreditar.

-Este debe ser el curso de la transposición definitiva y total de la LOMLOE. ¿En qué van a notar el sistema educativo y las familias que hay una nueva ley?

-Aprobar una ley en pleno estado de alarma, de urgencia, con el Congreso inoperativo, sin escuchar a las regiones, no era buen inicio. Una ley de impacto como ésta requiere, reflexión, sosiego, consulta a las comunidades. Castilla y León va a hacer lo posible para que se mantengan los estándares de calidad educativa y formación del profesorado.

-Las editoriales reclaman claridad y más agilidad para tener a punto sus libros de texto.

-Cuando llegaron los currículums en abril, o bien copiabas los del Ministerio y no desarrollabas tu parte autonómica, o asumías que, con los plazos que tenemos, nos vamos a septiembre. Por eso reclamamos que se aplazara este curso y que se hiciera todo el próximo. El ministerio, una vez más, no ha hecho caso. Nosotros estamos actuando con borradores que son como textos definitivos. Lo que se vaya a modificar es casi nulo. Y las editoriales están trabajando con esos borradores.

-Los cambios en asignaturas como Historia o Filosofía ¿han afectado a los manuales o sirven los de otros cursos?

-Según los currículos del ministerio, la Historia solo se estudia a partir de 1812. Si no planteas la Historia desde los orígenes, tu conocimiento tiene un vacío que hace que difícilmente puedes entenderla. Se podría estudiar en la ESO, pero entonces no va a ser obligatoria. La Filosofía la hemos puesto optativa porque tampoco te da margen para ponerla de otra forma. Formar el espíritu crítica en los alumnos es fundamental.

-¿Las mayores diferencias sigue siendo de 'filosofía educativa'?: El sistema de progresión de curso, rechazo de las calificaciones no numéricas, ...

-El objetivo de esta ley era maquillar unas cifras, unos estándares. Pero la educación hay que evaluarla y poner todos los medios para que el alumno mejore sus conocimientos y obtenga el título. Defendemos el conocimiento de la materia y, aquellos alumnos que necesiten mayor refuerzo, lo reciban. Con la nueva ley ya no hay exámenes en septiembre, no se titula con dos o tres, puedes hacerlo con cualquier suspenso... la valoración del profesor queda devaluada en el entorno del Consejo Escolar.

Castilla y León, que somos un referente nacional, vamos a evitar que se produzca con esta ley. De ahí nuestro desarrollo curricular, la formación de los profesores, dar refuerzo a familias y niños que lo necesiten... esa va a ser nuestra política.

-Tiene sentido que sigamos escuchando que la Educación 'se usa para instruir'. ¿Conoce algún caso?

-No. Los docentes son profesionales e imparten los currículums que determinan las administraciones. En nuestra comunidad no hay adoctrinamiento. Cuando decimos que la Educación no puede servir para adoctrinar, nos referimos a normas que ocultan información, o que no se estudia una materia... en ese sentido.

-Molestó entre las cuatro universidades públicas su pérdida de peso en el organigrama del nuevo Gobierno, al pasar de una vicepresidencia a una simple dirección general.

-La dirección general tiene rango de secretaría general. No es una dirección general al uso. Las universidades tienen su peso, no solo en el organigrama sino presupuestariamente y en todas las apuestas que hacemos.

-La educación superior se enfrenta a carencias y grandes retos. La interinidad, envejecimiento y falta de docentes es aún más grave que en sistema educativo obligatorio.

-De entrada está la Ley de Universidades (LOSU), en la que deberían contar más con los rectores y las comunidades porque no se puede poner en marcha sin tener cuenta la financiación y sin dotar de más fondos a las regiones. El Gobierno va dando pasos legales sin analizar prioridades como el rejuvenecimiento de plantillas, una apuesta por la investigación, retener el talento, fomentar la docencia en la rama sanitaria y asistencial.

-En la inauguración del curso les instó a ser «más dinámicos, potenciar la investigación y conexión con las empresas». Para eso hace falta más inversión.

-La apuesta por su financiación ha sido muy importante ya desde la legislatura previa a la mía. En los últimos dos años ha aumentado el presupuesto en 28 millones (de 384 a 412 millones). Con eso se han revisado demandas con la actualización de los complementos salariales del personal docente e investigador, la mejora de las plantillas, infraestructuras o retención de talento.

-El 'boom' de la Formación Profesional ha permitido crear docenas de nuevos itinerarios adaptados a las demandas de la sociedad. Pero varios miles de aspirantes se quedaron fuera.

-La FP está en auge gracias a una alta tasa de empleabilidad y de que el alumno logra trabajo en la comunidad (el 80%). La diversificación de la formación vinculado con el tejido productivo es uno de nuestros objetivos. Pero no es lo mismo las solicitudes que los solicitantes. Una misma persona puede acumular tres o cuatro ciclos. Aunque es cierto que hay una mayor demanda de la rama Sanitaria donde hemos aumentado un 40% las plazas.

-La Plataforma por la Escuela Pública insiste en el riesgo de que se amplíen y cronifiquen los guetos de minorías (étnicas y extranjeros) en las aulas. También el Procurador del Común ha urgido en sus informes a que la Junta tome más medidas.

-Nuestra apuesta ha sido atender a nuestros niños desde todos los puntos de vista: escolar, emocional, comedores... Los casos de entornos socioeducativos vulnerables es muy amplia. Hay casos de fracaso que no están vinculados a las carencias económicas y necesita un tratamiento. Y otros que sí necesiten el refuerzo. Allí donde quiera estar el niño por que es el entorno socioeducativo en el que vive y quiera ir a ese colegio, pondremos los recursos. Ese es nuestro programa 2030 de refuerzo. Es la misma política que usa el ministerio. Somos muy conscientes de que hay diferentes realidades y a cada una tienes que darle el tratamiento que necesita el alumno.

-Hay más de 20.000 alumnos con necesidades de compensación educativa o bajo rendimiento. El 80% están en la pública. Informes como PISA o TIMSS nos sitúan globalmente muy arriba... Pero, ¿no están tapando esta realidad que no se ve?

-Es que en la pública están el 70% de los alumnos de la región. Si uno hace la comparativa, sale esa proporción. Insisto en que, conociendo la realidad, ponemos los medios allá donde se necesitan. Por eso están programas como Proa+, Acompañamiento Educativo, Éxito Educativo...

-Ante el aumento de costes de todo, también de la vuelta al cole. ¿La Junta se plantea completar sus programas de ayuda y ahorro (banco de libros, etc, etc) para ayudar a las familias más vulnerables y si la crisis se sigue agudizando?

-Todas las familias con renta inferior a 22.000 euros tienen los libros gratis. Además del programa Releo de libros. En comedores escolares, de los 40.000 comensales, hay 30.000 con gratuidad o con bonificación (entre el 50% y el 75%); transporte gratis a 35.500 alumnos. Hay un conjunto de medidas que asume la Junta y que facilitan el acceso de las familias a la educación. Sin contar las becas que complementan las del Estado las de ayudas para aparatos digitales.

-Se han publicado estos días informes sobre el acoso escolar. El 40% de los alumnos dicen haberlo sufrido, participado o visto. ¿Hay datos que inviten a la preocupación en nuestra comunidad escolar? ¿Cómo se está combatiendo este riesgo?

-Los coordinadores de bienestar lleva años. Y las comisiones de convivencia de los centros se han reunido con regularidad. No nos preocupa algún detonante. Aunque sí percibimos durante la pandemia y con el mayor uso de redes que había mayor interacción entre los adolescentes. Hemos estado pendientes con formación digital a las familias, a los profesores, a los coordinadores.

-Aunque Vox no gestiona Educación, en alguna ocasión se han pronunciado contra el «adoctrinamiento». ¿Se han dejado notar sus postulados en su labor?

–En Educación actuamos con nuestras políticas. Y están muy asentadas en la Junta, con unos principios muy claros, constitucionales, que se respetan para cuidar la calidad del sistema educativo, para la proyección de futuro de nuestros alumnos. No nos consta ninguna intervención de nuestros socios de gobierno.

–Todas las centrales sindicales, sin excepción, (UGT, CSIF, STECyL, CCOO) se quejan de que no se cumplen los compromisos pactados en las Mesas de Negociación.

-Nuestro objetivo es siempre cumplirlos. Se firmó la legislatura pasada el de mejora de las condiciones laborales y de los ratios con una vigencia de dos cursos (este y el que viene). Ya hay una parte importante de ese acuerdo cumplido. Hemos tenido que poner 645 profesores a mayores, de los que 350 a 400 son fruto de este acuerdo. El próximo curso lo completaremos.

También firmamos la mejora de la carrera de los funcionarios públicos con la subida de sexenios, y lo hemos cumplido. La mejora de las tasas de interinidad con las ofertas de empleo público también se están haciendo tal y como se acordaron.

-Pero arranca el curso con 7.000 vacantes, con una tasa de interinidad del 25% (en ESO llega al 35%). 'Estamos a la cabeza en Educación, pero a la cola en condiciones', dicen los sindicatos.

-Discrepo. No es la realidad de Castilla y León. Cuando se habla de 7.000 vacantes es señal de que hemos contratado profesionales y que, cuando hay excedencias, las estamos cubriendo. Somos de las regiones con la tasa de interinidad más baja, a pesar de ese 26%. Intentamos siempre llegar al máximo legal. Tampoco podemos llegar a todo lo que hubiéramos querido. Y los sindicatos saben que, con la convocatoria de maestros que hemos hecho este año, más las de Secundaria del año anterior, serán 3.644 plazas hasta 2023. La interinidad bajará en 2026 al 8%.