la covid en los tribunales ·
El ministerio público abrió 36 diligencias por denuncias de particulares, partidos y asociaciones, la mayoría archivadasCada una de las fiscalías de las nueve provincias de Castilla y León, que tienen encomendado no solo ejercer la acusación pública sino la función de velar para que se respeten los derechos de los colectivos más vulnerables, como los mayores y las personas dependientes ... y con discapacidad, mantienen abierto desde el principio de la pandemia un expediente gubernativo de seguimiento de incidencias en las residencias de ancianos, además de las diligencias que puedan seguir en el ámbito civil y penal. Si bien la mayoría de las denuncias que llegaron a raíz de la gran incidencia y mortalidad registrada (en doscientos de los setecientos geriátricos de la comunidad) se han archivado por no encontrar ilícito penal, como ocurrió con las investigaciones sobre la Casa de la Beneficencia y las residencias de la Diputación de Valladolid, a final de año permanecían vivas 13 de las 36 diligencias penales que se abrieronen 2020 tanto por la Fiscalía Superior de Castilla y León como en las fiscalías provinciales.
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Según figura en el anexo 'La Fiscalía ante el reto de la pandemia covid-19' de la memoria fiscal 2021, siguen en trámite dos denuncias en Burgos, una por el fallecimiento de ur residente y otra realizada por un miembro del comité de empresa y el delegado de riesgos laborales de las residencias de la Diputación burgalesa por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores. También en Palencia siguen abiertas diligencias por la omisión de medios de tratamiento y diagnóstico, así como por omitir la asistencia hospitalaria a los ancianos de las residencias. En la Fiscalía palentina había otras dos en trámite «por lo ocurrido en las residencias».
En la capital soriana siguen 'vivas' según el anexo de la Memoria de la Fiscalía General del Estado dos denuncias presentadas por los representantes sindicales en relación a la residencia de mayores y al centro de personas con discapacidad, mientras que en Salamanca sigue en trámite una denuncia por varios fallecimientos en un geriátrico. En León son cuatro las diligencias que siguen abiertas, también por fallecimientos de residentes. Una de ellas la presenta una asociación por la gestión covid una residencia concreta (la Fiscalía no revela los nombres de los centros privados y se remite a la Ley de Protección de Datos). Las otras tres se siguen a instancias de particulares. En Zamora sigue viva la denuncia por «la actuación negligente» en una de las residencias. En Valladolid, tal y como confirmó al respecto la Fiscalía provincial, las siete diligencias de investigación que se abrieron en su momento están archivadas, si bien, indican, se mantiene «una estrecha y continuada supervisión de los fiscales sobre lo que ocurre en estos centros».
Además de las investigaciones abiertas en las Fiscalías por denuncias de terceros o de oficio, también se presentaron otras directamente en los juzgados. Respecto de los nueve procedimientos que se abrieron en las provincias de Burgos, Soria, Ávila, León y Valladolid, la mayoría se sobreseyeron por considerar que no existía delito en los hechos denunciados. Al cierre de la memoria fiscal se mantenían abiertas diligencias previas en juzgados de instrucción de Burgos, Briviesca y Lerma y Almazán.
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La red de fiscales especialistas en civil y protección de personas con discapacidad y mayores de todo el país siguen investigando los comportamientos en las residencias de ancianos que pudieran ser constitutivos de delito, aunque en la primera fase de la pandemia la mayoría de las denuncias planteadas fueron archivadas, incluidas las de partidos y plataformas contra el Gobierno central por su gestión de la covid en geriátricos. En 2020 las fiscalías iniciaron 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las que 491 seguían en trámite al arrancar 2021. Además se abrieron 441 diligencias de investigación, 212 aún en tramitación al inicio del año. La Fiscalía interpuso 27 denuncias. A fecha de hoy, siguen tramitándose 543 preprocesales civiles y 237 de investigación penal. En total, se han presentado en el año en curso 51 denuncias, según indicó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
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