La Fiscalía investiga si García-Gallardo usó recursos de la Junta con fines partidistas, como acusó Igea

«No prejuzgamos, pero nos alegra porque es una duda que conviene aclarar desde el punto de vista penal», aseguraba Francisco Igea al conocer la noticia. Juan García-Gallardo, según figura en la denuncia que presentó Ciudadanos, utilizó en un vídeo promocional de su partido, Vox, un logo de la Junta de Castilla y León. Algo que para Igea supone un uso inadecuado y partidista de los recursos del Gobierno autonómico. «Uno de los primeros signos del autoritarismo es confundir administración, gobierno y partido, algo que solo ocurre en los regímenes totalitarios cuando alguien rompe esa barrera», dijo Igea el día que presentó su escrito, el pasado 8 de junio.

Igea pretende demostrar que lo hecho incumple «la Ley del Buen Gobierno y Trasparencia de este país».

«En este último caso sobrepasaron todas las barreras al mezclar el logo de la Junta, que es el del Gobierno de todos los castellanos y leoneses, con el partido Vox. Esto es inadmisible. Tenemos que ponerle freno a esto y decirle al señor Mañueco, que es el responsable, de que tienen que ponerle fin», decía Igea a la puerta de la sede judicial el día que acudió a interponer la denuncia. El contexto político en el que se produjeron los hechos era significativo, puesto que la campaña para las elecciones andaluzas se encontraba en su apogeo.

Juan García-Gallardo se mantiene escéptico respecto a las «diligencias de investigación» iniciadas por la Fiscalía. «Yo no lo he visto. Cuando lo vea me lo creeré», dijo a preguntas de los periodistas antes de un acto en Zamora, informa Ical. Incluso preguntó a los informadores si habían «visto el auto», en referencia al decreto que la Fiscalía suele redactar para continuar con el procedimiento. El paso que ha dado la Fiscalía Superior de Castilla y León supone que la denuncia que en su día presentó Francisco Igea avanza en su recorrido para intentar comprobar si realmente hubo delito en la actuación del líder de Vox en Castilla y León.

El artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal explica que «cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo», por vía directa o a través de una denuncia, «practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo».

Si se comprueba que lo denunciado «no reviste» carácter delictivo, «archivará las actuaciones». Algo que no impediría, eso sí, que el denunciante intentara seguir la vía judicial, si así lo considera.

La Fiscalía, dentro de esas diligencias, puede tomar declaración al investigado, practicar careos o recabar información sobre su patrimonio.

García-Gallardo ha mostrado su contrariedad por el hecho de que El Norte haya informado de esta apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía. Según recoge Ical, al informarse de una actuación que él como investigado desconoce «estaría siendo infringido» el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese artículo hace referencia a que «las diligencias del sumario serán reservadas», aunque por el momento todo el caso se encuentra en una fase preliminar.