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Los delitos relacionados con el robo de electricidad en Castilla y León han experimentado un incremento durante el pasado año que ha llamado la atención de los fiscales de la comunidad, quienes abrieron un total de 722 diligencias de investigación directas en 2019 y el ... 43% de ellas se remitió a los juzgados de instrucción. La mayoría de estas investigaciones, ha señalado el fiscal superior en funciones, Emilio Fernández, ha tenido que ver con delitos contra la administración pública, principalmente, de prevaricación y delitos contra el patrimonio entre los que destacó que «abunda la defraudación de tráfico eléctrico». Los delitos más numerosos tienen que ver también con la seguridad en el tráfico, la ordenación del territorio, los incendios forestales, la seguridad de los trabajadores, falsedades y delitos electorales o contra la hacienda pública. «Se observa una variada tipología delictiva y una confianza, quizá excesiva, en la actividad del fiscal mientras no llegue a confiársenos la plenitud de la instrucción en el proceso penal», ha manifestado el veterano jurista.
Fernández, que sustituye a Lourdes Rodríguez Rey tras su traslado a la Fiscalía del Supremo, ha indicado que los fiscales de Castilla y León han realizado 10.458 calificaciones, de ellas, 6.220 han sido en procedimientos abreviados, 74 sumarios y 10 por la Ley del Jurado. La mayoría de los delitos calificados han sido contra la seguridad vial, seguidos de los delitos contra el patrimonio y los de lesiones. Se han celebrado en la comunidad el año pasado 14.779 juicios penales (más de la mitad, por delitos leves) y se han dictado 17.650 sentencias, cifras inferiores a 2018. Del total de sentencias condenatorias de jueces de lo penal y tribunales, el 63% «han sido conformes con las tesis del fiscal», ha puntualizado Emilio Fernández durante la presentación de la Memoria Fiscal de 2020 en la apertura del año judicial.
Ha destacado también, respecto de los delitos de mayor alarma social, que se han producido el pasado año tres asesinatos de mujeres por sus exparejas, dos en Burgos y uno en Toreno (León), uno más que en 2018, y los fiscales han intervenido en 6.958 casos de violencia de género, lo que supone un incremento del 7,55% respecto del año anterior. Apuntó además que las fiscalías están detectando un aumento de los delitos de violencia de género cometidos a través de las nuevas tecnologías, como el de sextorsión o divulgación no autorizada de imágenes obtenidas de forma consentida. La memoria fiscal también revela que las incoaciones por delitos contra la vida han aumentado ligeramente, con un total de 157 procedimientos y, de forma más significativa, aumentan las cifras de incaciones por delitos contra la libertad sexual, 1.043, casi el 12% más en 2019 que el año anterior.
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