La Fiscalía de Castilla y León abre la investigación sobre la gestión de la Junta del incendio de la Sierra de la Culebra

La base de estas tres denuncias es la misma, de forma que la fiscal delegada de Medio Ambiente, que se acaba de incorporar de sus vacaciones y será quien dirija esta investigación sobre la gestión de este primer incendio del verano (más de 30.000 hectáreas quemadas) por parte de la Junta de Castilla y León, tendrá que decidir si las une en un único procedimiento. «Inicialmente no se plantea la autoría, porque este incendio fue provocado por una tormenta eléctrica. Estaríamos hablando de la gestión, prevención y organización de los medios y hay que estudiar si existen indicios de criminalidad en la gestión, si hubo una actuación negligente por parte de las autoridades que merezca reproche penal», según ha explicado el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena. Este ha recordado que los atestados de Zamora no serán investigados por la Fiscalía de esta provincia al dirigirse las denuncias contra un político aforado del Gobierno regional y, por tanto, la competencia recae sobre la Fiscalía Superior. En el caso de que prospere la acusación contra el consejero y se abra un proceso judicial, este tendría que ser enjuiciado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los denunciantes achacan a la Junta «no haber aprendido nada» de precedentes como el del incendio de Navalacruz (Ávila) del verano pasado (va a cumplirse un año el próximo 14 de agosto y entonces se consideró el más grande de la historia de Castilla y León, con 22.000 hectáreas quemadas) y de otro gran fuego, el de Castrocontrigo en agosto de 2012 en León, que arrasó más de 12.000 hectáreas en lo que fue la verdadera precuela de los últimos gigaincendios en el territorio autonómico. Estos desastres ecológicos, insisten los representantes de los trabajadores del sector de prevención y extinción de incendios, tendrían que haber servido de aviso a navegantes a la Junta para que se pusiera manos a la obra, aumentara presupuestos y efectivos para la prevención todo el año y adaptara el «obsoleto» plan Infocal (diseñado en 1999) a las necesidades actuales de la superficie forestal de Castilla y León, la más grande de la Unión Europea, marcada por la sequía, la despoblación y consiguiente abandono de los usos tradicionales de aprovechamiento del monte. La suma de estos factores convierte la mayor parte del territorio de Castilla y León en una enorme pira lista para arder.

La denuncia de Greenpeace ha sido la última en llegar a la Fiscalía Superior. La organización ecologista considera que la cúpula de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León no «adoptó las medidas y planes necesarios para evitar un riesgo que llevaba semanas alertándose y del que existen precedentes como para haber actuado de modo responsable». El incendio asoló entre los días 15 y19 de junio más de 30.000 hectáreas de un territorio catalogado como Reserva de la Biosfera.

En su escrito dirigido al ministerio público subrayan que el incendio ha calcinado «una vastísima extensión de formaciones de bosque, matorral, pastos y cultivos; ha dañado propiedades, explotaciones agropecuarias; causado estragos en la flora y en la fauna de la zona y ha puesto en peligro la vida de miles de habitantes de los municipios aledaños». Aunque en esta ocasión el origen de este primer gran fuego del año en La Culebra obedeció a causas naturales, un rayo, sostienen que si los responsables de la Junta «hubieran aprobado un plan de prevención de incendios adecuado con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, el fuego se habría podido extinguir a tiempo o se hubieran producido menos daños».

El origen del incendio fue una tormenta eléctrica ocurrida el miércoles 15 de junio, agravado por las altas temperaturas, el fuerte viento y la sequía. La ONG achaca a la Junta que, «a pesar de que las alertas lanzadas desde la AEMET llevaban días avisando del alto riesgo de incendio», la Consejería «declaró que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León». Este plan marca el inicio de la temporada de riesgo alto a partir del 15 de julio. Así que no había medios bastantes listos para hacer frente un fuego de tal magnitud que se propagaba con rapidez incontrolable.

Greenpeace recoge las manifestaciones de colectivos del operativo de extinción sobre que la falta de medios no fue algo puntual, sino que duró varios días. Si se hubiera dotado de más medios al principio, denunciaron, cuando el fuego avanzaba a 50 hectáreas por hora, la velocidad «habría sido asumible por los equipos de extinción y se podría haber contenido el avance de las llamas». Como resultado de lo que consideran »inacción« de la Junta, a partir del segundo día, el jueves 16 de junio, «ya no había nada que hacer».

Esa noche la velocidad del fuego alcanzó las 515 hectáreas por hora, con lo que, ante el riesgo para la población tuvieron que ser evacuadas 2.690 personas de 26 municipios. Bomberos de Portugal, de otras comunidades autónomas y 383 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con los vecinos codo con codo, lucharon contra las llamas durante esos cuatro intensos días, pero no fue hasta que empezó a llover el domingo 19, cuando los equipos de extinción empezaron a ver la luz. Solo gracias a la tregua climatológica pudieron comenzar a controlarlo.

Esta denuncia se suma a la que interpuso el pasado 25 de julio Comisiones Obreras, que son las primeras diligencias en trámite por el incendio contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y «otros eventuales funcionarios» de la Consejería por la «posible comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito». El sindicato define como «negligencia» y «temeridad» la gestión de la Junta de Castilla y León en el incendio y critica la incapacidad de la Junta de activar el operativo al completo «porque todavía no tenían contratada a la gente». Expresan su desacuerdo con las afirmaciones de los dirigentes de la Junta, que achacan las dimensiones del incendio a circunstancias meteorológicas. «Conatos por rayos hay todos los años y se apagan fácilmente; lo que quieren encubrir es la falta de medidas de quien no tenia previsto el operativo hasta el 1 de julio por ser rígido y caduco», sostienen.

Entre los datos que aporta Comisiones al expediente se destaca que el día en el que se originó el incendio en la provincia de Zamora solo estaban activas el 25% de las cuadrillas, es decir, cuatro de las 15 terrestres que existen en temporada alta; tres de las seis brigadas helitransportadas; una de cinco cuadrillas nocturnas; ocho de 14 autobombas y solo estaban ocupados dos de las 18 torretas de vigilancia. El resto estaba «de vacaciones» pese a que se anunciaba desde hace días una ola de calor «extremo». El sindicato considera que, aunque la responsabilidad penal es difícil de establecer, existiría claramente una «responsabilidad civil o dejación de funciones» y también una «responsabilidad patrimonial» por el valor de 150 millones de euros que, según calculan, alcanzaría la madera quemada por las llamas.

También CSIF, que había criticado ante los medios de comunicación la «nefasta gestión» de la Junta de Castilla y León en el incendio de la Sierra de la Culebra, ha presentado su propia denuncia contra Quiñones y el número dos de su Consejería, como confirmaba este miércoles el coordinador del área de Medio Ambiente del sindicato en la Comunidad, Marcelino Arribas. La Fiscalía de Zamora se ha inhibido en favor de la FIscalía Superior de Castilla y León, dada la condición de aforado del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El sindicato de funcionarios extiende asimismo su acusación al director general de Patrimonio y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz.

El motivo principal que argumentan es «no haber tomado la decisión adecuada de organización de medios, desoyendo nuestra petición y, más grave aún, hacer oídos sordos de la alerta meteorológica de la AEMET del 10 de junio sobre la ola de calor que se avecinaba para los días 12 a 15 de junio como mínimo. Además, los índices de riesgo de incendios forestales durante los días del 10 al 19 de junio en Castilla y León en general eran muy alto y extremo».

A pesar de ello, subraya, «el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal mantuvo su Resolución en la que declaró peligro medio de incendios, lo cual supone no tener activado el operativo al completo, lo que es una traba importante para conseguir una extinción eficaz, pues el primer ataque es fundamental».

Esta central sindical sostiene, además, que aporta pruebas de que «no es cierto que los medios que indicó la Consejería estuvieran activos» y aporta un estudio realizado en 2020 en el que se concluye que «la frecuencia de incendios, la causalidad, el riesgo local, así como el riesgo potencial de la zona alcanza niveles extremos, así que ante el anuncio de fenómenos adversos por ola de calor, resulta más que alarmante«.

Csif también ha planteado quejas ante el Procurador del Común, el Defensor del Pueblo y otra denuncia ante la Inspección de Servicios. «Entendemos que la Junta no ha sido eficaz en el cumplimiento de sus objetivos ni eficiente en el uso de los recursos, ni responsable en la gestión, ni ha cumplido con la racionalización de sus procedimientos y actuaciones, y economía de los medios».