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Las cifras de criminalidad infantil en Castilla y León no fluctúan de manera significativa desde hace un lustro, cuando los fiscales de menores detectaron un ... punto de inflexión: por primera vez, los delitos de violencia doméstica protagonizados por hijos contra padres, hermanos y abuelos superaban los de lesiones. Y estos malos tratos familiares siguen siendo la mayoría de los casos que les llegan y los que más les preocupan, reconoce la fiscal de Menores de Valladolid, María Teresa Vicente.
Los delitos graves han crecido ligeramente en 2019 respecto del año anterior, pero el matiz relevante es que los jóvenes infractores son cada vez más agresivos. Los fiscales especializados están advirtiendo, por los casos que les llegan, que los delitos cometidos por los menores de edad son más graves y llevan aparejada una carga de mayor violencia. Ello, unido a una menor edad de los protagonistas. De hecho, 312 de las 2.571 diligencias abiertas el año pasado tuvieron que ser archivadas porque los infractores tenían menos de 14 años. Aunque aumentan los delitos graves, se mantiene estabilizada respecto de otros años la cifra en los delitos de máxima gravedad, los homicidios y asesinatos, con dos crímenes ocurridos e n León y Valladolid. Junto con Burgos, son las tres fiscalías de menores con mayor volumen de asuntos.
Según refiere la Memoria de la Fiscalía 2020, de las 1.333 infracciones graves conocidas por las fiscalías de menores de Castilla y León, 661, el 49,6%, son delitos violentos. Las lesiones han recuperado el primer puesto en la tabla de los delitos graves: 217 casos, la mayoría, en León (81), Ávila (32) y Burgos (27). Pero le sigue a la zaga la violencia intrafamiliar (168), con más casos denunciados en Burgos (42), León (35) y Valladolid (32). La fiscal Teresa Vicente subraya que el perfil de los protagonistas de los menores maltratadores está alejado del cliché del delincuente juvenil. «No pertenecen a hogares marginales ni desestructurados, la mayoría proceden de familias de clase media, donde el menor no tiene carencias», explica. Y por ello reclama más medios para poder atajar estas conductas, sobre todo, más plazas en los centros de convivencia educativa de la comunidad porque «es la medida más frecuente, casi todos los menores que están en ellos es por estas conductas». En la Fiscalía de Menores son conscientes de que es la punta del iceberg lo que les llega, porque los padres, por amor, temor o vergüenza, son reacios a denunciar. «Hay mucho maltrato; otra cosa es que a los padres les cueste denunciar y cuando lo hacen es porque ya llevan mucho sufrido», recalca la fiscal especialista.
Intentan promover desde el ministerio público la reparación extrajudicial, para no ir a juicio pero, por el momento, son muy pocas en este ámbito de la violencia intrajudicial. Señala Teresa Vicente al respecto que para ello «todas las partes tienen que tener disposición, pero generalmente los menores no lo asumen, no son conscientes de que están cometiendo un delito, hay que trabajar mucho con ellos». No ocurre lo mismo, detalla, con otros tipos delictivos muy frecuentes entre los menores, como los hurtos. Estos ocupan en la estadística el tercer lugar: 152, de los cuales 65 fueron en León. En estos casos, apunta la fiscal, suele funcionar la mediación y «hay empresas que son muy receptivas, como las del grupo Inditex».
En la estadística de criminalidad grave de menores (hay otros 692 delitos leves contra las personas y el patrimonio) figuran también entre los más numerosos los daños, 128, con León (35) y Burgos (32) en mayor número. Los robos con violencia e intimidación ascienden a 118, con las provincias de Valladolid (31), León (29) y Burgos (23) en cabeza. También fueron denunciados un centenar de robos con fuerza.
Los asuntos relacionados con las agresiones y abusos sexuales suman 9 y 31 casos, respectivamente. Se contabilizan 15 casos de violencia de género, seis de los cuales se localizaron en Burgos. Además, se denunciaron en la comunidad 36 delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
Es llamativo el capítulo de infracciones en la conducción, 60 denunciados por ir al volante sin edad para tener el carné. La mayoría, en Salamanca (13) y Burgos (12). Respecto de trapicheos con drogas, se contabilizan 22 delitos contra la salud pública cometidos por menores de 18 años. En la provincia de Valladolid, la Fiscalía de Menores tiene localizado en Medina del Campo «un foco» de delincuencia juvenil «muy importante». Se trata de un grupo muy numeroso de menores que se dedica al tráfico de drogas, perteneciente a «las mismas familias» y que «tiene atemorizada a la población». Teresa Vicente avanzó que se están coordinando con la Policía medinense con el fin de atajar el problema.
En Castilla y León se tramitaron el año pasado 746 expedientes de ejecución de medidas a menores, la mayoría, en Valladolid (221), Salamanca (161) y Burgos (137). Le siguen León (94), Palencia (72) y Ávila (61). De las medidas adoptadas, 98 fueron de internamiento en centros de reforma, aunque solo en 13 casos se ordenó régimen cerrado para los infractores y la mayoría (59) permanecieron en régimen semiabierto. Del resto de medidas, en 267 casos se dictó la libertad vigilada y en 265 se les impuso en sentencia que prestaran servicios a la comunidad. Solo en tres casos las medidas tuvieron que endurecerse y convertirse en internamientos cerrados, dos en Burgos y uno en Salamanca.
Respecto de las sentencias dictadas, se condenó a 225 menores y a otros 502 que se conformaron con la resolución y admitieron su culpabilidad, mientras que se dictaron 65 fallos absolutorios. En total, las fiscalías de menores de Castilla y León abrieron el pasado año 2.571 diligencias de investigación y se incoaron 1.292 expedientes de reforma a niños y jóvenes autores de delitos: 342 en Valladolid, 256 en Burgos y 237 en León. Hubo 199 soluciones extrajudiciales.
El ministerio público gestionó el pasado año 667 casos de tutela automática solicitados por la Junta de Castilla y León (257 menores, de Valladolid), que tiene la competencia en materia de protección de la infancia. Además se completaron 127 expedientes de guarda y custodia y 724 relacionados con niños en situación de riesgo (la mayoría, en Burgos, 338, y Valladolid, con 178 casos). En total, a cierre de 2019 eran 1.518 los menores que han tenido que recibir algún tipo de protección de la administración. La Fiscalía también ha intervenido en 102 adopciones y ha realizado 64 visitas de inspección a los centros de menores.
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