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El caballo de batalla de la reforma del sistema de pensiones en España sigue su curso político después de que se recogieran recomendaciones consensuadas en el Pacto Toledo. Un texto que se elaboró en el marco del diálogo social con el apoyo de los agentes sociales. Este ha sido el punto de partida de la mesa redonda, 'Las pensiones en el punto de mira' organizada por El Norte de Castilla y el Consejo Económico y Social de Castilla y León.
El presidente del CES, Enrique Cabero abrió la sesión y ensalzó la legitimación social conseguida con este acuerdo donde se abordan, en su opinión, dos asuntos clave. En primer lugar, la fórmula para revalorizar las pensiones vinculada al valor del IPC y, en segundo lugar, el factor de sostenibilidad económica y social para mantener el sistema. Pero todavía quedan cuestiones en el tintero como la concreción de la definición del modelo de jubilación, cómo abordar el reto de la generación del 'baby boom' y cómo será la jubilación de un población con envejecimiento activo y mayor longevidad.
Para dar solución y respuesta a estas cuestiones hace falta financiación y, por lo tanto, establecer una serie de medidas «para asegurar el funcionamiento de las pensiones en el futuro». Cabero instó a tener presente el papel de los autónomos, a los que «no se puede dejar de lado», y se mostró optimista para alcanzar acuerdos en el escenario actual, «que debemos aprovechar. Hay un ambiente bueno para el diálogo, la negociación y el acuerdo para profundizar al máximo en el consenso, en el marco del diálogo social, y posteriormente con un amplio debate y respaldo parlamentario a las reformas que se incorporen», concluyó.
A continuación, tomo la palabra el economista José Carlos Díez, que valoró positivamente las medidas adoptadas para frenar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia: «el BCE ha financiado la deuda pública en Europa y los ERTE evitaron el cierre de empresas y que el paro se disparase». Sin embargo, advirtió sobre los problemas estructurales del sistema de pensiones «que se han mantenido» y que el debate sobre cómo se modifican las reglas fiscales europeas «será determinante para lo que pase con el sistema público de pensiones en España.
A partir del próximo año se tendrán que adoptar medidas difíciles que cuestan votos». Entre los frentes abiertos, planteó el reto de solucionar el desequilibrio financiero entre los años de cotización y los del cobro de las pensiones y sumó otra arista, la del gasto sanitario que aumenta de forma exponencial al envejecimiento de la población. «En el tema de las pensiones a corto plazo no habrá cambios pero el dilema está en dónde se hacen los ajustes porque habrá que hacerlos», planteó el economista.
Para Olimpia del Aguilar, responsable de Seguridad Social CEOE, que participó en la mesa redonda de manera virtual, la responsabilidad de los interlocutores sociales «ha sido imprescindible» para sacar adelante el Pacto de Toledo, un texto de recomendaciones que ha servido de guía para la reforma del sistema público de pensiones con un objetivo claro, «la suficiencia de las pensiones». En esta línea, explicó que las propuestas de alargamiento de la edad de jubilación, jubilaciones anticipadas o la modalidad de pago de la jubilación forzosa «no se han hecho a través de recortes sino con incentivos» y añadió que «la Seguridad Social tiene que funcionar para que haya justicia social». Asimismo, expresó el deseo de que «los partidos políticos trabajen con la misma responsabilidad, alzando la vista por encima de estrategias cortoplacistas, para consolidar los principios de suficiencia y sostenibilidad fiscal y social».
Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social CCOO, Carlos Bravo, comentó que «lo que se acaba de hacer es cambiar el rumbo de lo que se había decidido en la última década en materia de pensiones». Se mostró satisfecho por la recuperación del marco del diálogo social. «Con este acuerdo garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones y se ha dado la tercera vuelta al principio de separación de fuentes de financiación», apuntó. En relación a esta última cuestión, pidió que «luzcan los déficits donde tengan que estar» y lanzó un mensaje a los jóvenes: «tienen que esperar un sistema de pensiones comparable al que contribuyen a financiar».
Además, hizo referencia al mecanismo de equidad intergeneracional «para abordar un problema exigente que tenemos en las próximas décadas. Igual hay que tomar medidas que duren treinta o cuarenta años, que nos permitan tener una financiación adicional al sistema y mantener el equilibrio», apuntó. Sobre la situación de los trabajadores autónomos, «que representan un 15% de los afiliados a la Seguridad Social», se mostró partidario de la cotización por ingresos reales, «porque hoy tenemos mecanismos para determinar la facturación pero no se trata solo de eso. Y esto es un reto muy importante que tiene que plasmarse en un proyecto de Ley».
En último lugar intervino la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, que fue clara en su mensaje. «El sistema de pensiones va a continuar de una manera sólida y con el principio de justicia social y solidaridad intrageneracional e intergeneracional», afirmó. Contenta con el resultado del acuerdo abordó la necesidad de discutir «cómo analizamos los ingresos para poder seguir sosteniendo este sistema. Los planes de pensiones privadas son un complemento pero la gente no se puede ver abocada a ellos como única salida». Y en cuanto al papel de los políticos en la aprobación y aplicación de los acuerdos sobre el sistema de reforma de las pensiones fue tajante, «si hay una enmienda a la totalidad a una herramienta de justicia social. No hay excusas para que las urnas hablen. La sociedad al final determina la confianza y la desconfianza».
En el tramo final de la mesa los invitados plantearon otras cuestiones pendientes como la reflexión sobre las bases de cotización y sus tipos o los autónomos. «El objetivo central ahora es aprovechar la ocasión para conseguir un sistema estable, predecible y certero en materia de Seguridad Social», afirmó el presidente del CES.
El economista José Carlos Díez apuntó que «creo que en los próximos cinco años España se tendrá que replantear el modelo de pensiones posible y no el deseable».
Por su parte, Olimpia del Águila recordó que «la Seguridad Social tiene que ser un factor de apoyo al mercado laboral». Para Carlos Bravo, «la evaluación de las políticas públicas transparente y participada es necesaria para ver si gastamos e invertimos adecuadamente». Y Cristina Estévez apostó por la pedagogía ciudadana porque «cuando se explican los impuestos la gente lo que quiere saber es que se gastan bien y dónde se gasta, no tanto rascar para que los bajen», apuntó.
Faustino Temprano
Secretario general de UGT Castilla y León
Santiago Aparicio
Presidente CEOE Castilla y León
Vicente andrés
Secretario general de CC OO
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