Filosofía e Historia cronológica en la ESO y «refuerzo educativo» frente a la «mediocridad» de la ley estatal

En la práctica, Educación se plantea el reto de «implantar los nuevos currículos educativos con respeto al ordenamiento jurídico». Así, anunció el rechazo a la evaluación sin calificaciones en la enseñanza obligatoria, en la que se mantendrán las pruebas finales para los alumnos que no alcancen los objetivos. Y el rechazo al paso de curso sin límite de suspensos. Todo para tratar de disminuir las tasas de repetición y el abandono temprano de las aulas, y «no acudir al aprobado general, ni a bajar el nivel de exigencia». Para ello, Lucas prometió más recursos y refuerzo para el alumnado vulnerable, entre los que citó el acompañamiento a la titulación en 4º de Secundaria (ESO) y clases en julio para 6º de Primaria, que se completarán con el refuerzo en 1º de ESO y la mejora de comprensión lectora y escritura en 3º de Primaria.

Ante la Comisión de Educación, anunció que se mantendrán el estudio de Geografía e Historia con carácter cronológico (frente a la visión temática y por bloques del ministerio), Filosofía en 4º de ESO y las segundas lenguas extranjeras «con el mismo peso actual».

En Bachillerato se seguirá ofreciendo el de Investigación y Excelencia como opción propia en Castilla y León y para acercarlo a la universidad, algo que no contempla la reciente modificación estatal el pasado 6 de abril.

Rocío Lucas defendió estas medidas tras recordar que los informes internacionales de aprovechamiento educativo, como PISA, sitúan a la región como «la única comunidad que se mantiene en el podium» en Matemáticas, Ciencias y Comprensión Lectora. O el informe TIMSS, centrado en 4º de Primaria, que deja a la región «a la altura de Finlandia, Suecia o Noruega».

Para mantener estos logros e incluso mejorarlos, la titular de Educación defendió una mejora de las condiciones de trabajo y formación de los docentes. A ellos se les ofrecerá un Proyecto de Innovación Educativa que irá acompañado de una oferta de 2.427 plazas docentes (1.324 de nueva creación). Además de planes de mejora de competencias profesionales y de un Estatuto Básico Docente. E inversiones de más de 32 millones de euros en nuevas tecnologías en las aulas, que permitirán la compra de 24.000 portátiles y ordenadores personales y 10.000 paneles interactivos. Propuestas que además deberían ayudar a cumplir el compromiso de lograr una baja de ratios escolares (no explicó cuántos) a partir del próximo curso.

Otra de las novedades de la legislatura y del próximo curso es el arranque de la Educación Infantil de 0 a 3 años, que tendrá carácter gratuito y que ofertará una red de 680 centros de la comunidad. Para responder a todas estas mejoras se anuncian inversiones en centros docentes e institutos por valor de 126 millones de euros a lo largo de estos cuatro años.

Lucas desgranó las previsiones en las diferentes áreas educativas entre las que destacó un nuevo Plan de Formación Profesional (FP) para seguir profundizando en la FP dual cada vez más adaptada al mercado laboral. Y que espera mejorar su oferta el próximo curso con 2.500 nuevas plazas (aunque no citó que el año pasado se quedaron más de 5.000 alumnos sin acceso a una matrícula).

En materia de universidades (sector que pierde peso en el organigrama de Educación al pasar de una viceconsejería a una simple dirección general), Lucas habló de planes para «generar, retener, captar y retornar el mejor talento».

Para lograrlo, prometió nuevos modelos de becas que «superen el anterior que establecía límites por razón de la nota del expediente académico», continuar con la rebaja del coste de becas y grados. Y apoyar los procesos de promoción de los nuevos docentes (ayudantes doctores, contratados doctores y profesores titulares) con nuevos y más ágiles procesos de evaluación. Sin olvidar la reivindicación de una EBAU (Selectividad) única para toda España.

En las réplicas de la oposición, los socialistas afearon a Lucas por «convertir una comparecencia en un mitin, en ser una activista más que una política», criticó su portavoz, Fernando Pablos. Aseguró que la consejera «va a ser rehén de sus palabras» y le reclamó «respeto a la ley estatal y menos ocurrencias 'tipo Díaz Ayuso'». Por último, le acusó de «prometer una negociación que no cumple como la imposición del calendario escolar sin escuchar ni a padres ni a sindicatos» y de olvidar incluso promesas incumplidas desde 2019 (como el instituto de Villaquilambre en León). Se despidió con una pregunta «¿va a seguir firmando conciertos educativos con colegios que siguen segregando por géneros?».

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, vaticinó una etapa educativa «tormentosa» y anunció una oposición «frontal ante un proyecto que no cumple ni con la equidad, ni con la igualdad, ni con la libertad que promete».

Por último, Ana Rosa Hernández, portavoz de Vox, reclamó la necesidad futura de una «devolución al Estado de las competencias educativas para evitar diferencias en EBAU, notas de corte, etc». Y remarcó los 'mantras' habituales de la formación ultraderechista de reclamar el PIN parental, el control de los padres de la educación de los niños («son suyos y no del Estado«, dijo) y acabar con el papel de los profesores que «usan las aulas para impulsar su ideología progre».