Dos familias, en riesgo de desahucio cada día en la región

Y en todo el amplísimo marco que da forma a esta consejería, la gran prioridad fue la de la protección y atención a las personas en peor situación. Así, señaló que casi 180.000 personas están atendidas anualmente bajo el paraguas de esta red de protección. Así, en cuanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, estos dos años sumaron cuatro mil beneficiados más, un incremento del 12%. La Junta, aseguró, cumplió «con mayor dotación presupuestaria, ampliación de cobertura y también con la agilización en su concesión para las situaciones de mayor urgencia o vulnerabilidad, compromiso que estamos cumpliendo considerando que en este periodo más de 3.600 procedimientos se han tramitado antes del plazo de tres meses establecido en la Ley y, de ellos, más del 33% antes de un mes», aseguró.

Actuaciones que han permitido que «más personas puedan acceder a esta prestación; si la legislatura pasada terminó con casi 34.000 personas beneficiadas, tras dos años son más de 38.000, es decir, un 12% de aumento. Prestación que, desde sus inicios en 2011, ha beneficiado a cerca de 70.000 personas».

Respecto a la protección de los ciudadanos ante situaciones derivadas del impago de cuotas hipotecarias que pueden derivar en desahucios, el Servicio Integral de Apoyo a las Familias atendió, desde su creación en noviembre de 2012, a 4.830 familias. Hasta enero de 2015 se habían atendido a 3.154 familias y, en los siguientes dos años, a otras 1.676; lo que supone que, desde el inicio de la legislatura, la Junta intervino cada día de media en favor de dos familias para evitar que perdieran su hogar.

La consejera, que a lo largo de su intervención destacó su política general de diálogo social especialmente con las entidades del tercer sector, con el Cermi, también hizo balance de las ayudas de urgencia social. En 2016, Familia concedió 30.776 ayudas de este tipo, un 13,9% más que el ejercicio anterior, cifra inferior a las 38.169 de 2014, año en el que aún se manifestaban de forma más clara los efectos de la crisis económica.

Otro de los puntos de mayor prioridad para la consejería, es la atención a la dependencia. Un repaso presupuestario evidencia el aumento de recursos económicos: 492,6 millones en 2015; 513,3 millones en 2016 y 40 más en 2017. Así, el número de beneficiarios pasó de 62.117 a 85.607 personas dependientes, un 38% de incremento. El 98,64% de los afectados con derecho a prestación ya la reciben, mientras que «a nivel nacional la lista de espera es del 25,70%, en Castilla y León, es de 1,35%, prácticamente inexistente», insistió la consejera.

Alicia García repasó las políticas de infancia, de mujeres que sufren malos tratos, juventud o de Servicios Sociales, entre otras de su departamento. Destacó así que «Castilla y León cuenta con 7,79% de cobertura de plazas residenciales para personas mayores, 3,6 puntos por encima de la media nacional, 4,19%» y de plazas infantiles «del 67,98%, más de seis puntos respecto del inicio de la legislatura».

También destacó que la comunidad «cuenta con el segundo mayor índice de cobertura de ayuda a domicilio de España, un 5,7%, solo superada por Madrid, que tiene el 5,8% según la asociación de Directores y Gerentes» y que «se crean 50 empleos por cada millón de euros invertidos en Servicios Sociales».