Sociedad ·
La abogada mantiene vivos sus casos estrella en Castilla y León mientras defiende los intereses del joven investigado por asesinato en Tailandia y representa a sus padres en los mediosCarmen Balfagón (Madrid, 1954), la abogada de Daniel Sancho, el autor confeso del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, que ejerce de portavoz de la familia de plató en plató no es ni mucho menos una desconocida en Castilla y León, donde la ... veterana letrada y criminóloga se ocupa de dos casos muy mediáticos que siguen sin respuesta policial ni judicial, uno de ellos, desde hace tres décadas: Balfagón, junto a su compañero de despacho Ramón Chippirrás, es la representación letrada de las familias de Virginia Guerrero y Manuela Torres, las dos niñas de Aguilar que desaparecieron el 23 de abril de 1992 cuando regresaban a casa haciendo 'autostop' tras pasar la tarde festiva del Día de Castilla y León en Reinosa. El último capítulo de estas desapariciones sin resolver se dirime en el Tribunal Constitucional, donde el despacho Balfagón y Chippirrás ha llevado el asunto por «vulneración de derechos y porque no se han tenido en cuenta ninguna de las diligencias que se precisaron y solicitaron». La Audiencia Provincial de Palencia desestimó en 2022 el recurso de apelación interpuesto por las familias de las desaparecidas contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga que confirmaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Si el último cartucho para que se mantenga vivo el caso en la vía judicial española falla, ya anunciaron que irían hasta el Tribunal de Estrasburgo.
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Balfagón, experta en psicopatología criminal y forense, se ocupa también del caso del hostelero de Tordesillas Óscar Gómez Incio, muerto violentamente el 25 de mayo de 2007 mientras trataba de defender su negocio de un intento de robo de un grupo de cuatro personas. La familia continúa con su lucha para que se reabra la causa y se esclarezcan los hechos, así que el pasado marzo el Despacho Criminológico Jurídico Balfagón & Chippirrás presentó ante la Audiencia de Valladolid un recurso de apelación después de que el Juzgado de Instrucción número 2 rechazara la documentación aportada en noviembre de 2022 en base a la posible manipulación de un documento en el que se detallaba la coartada del principal sospechoso del homicidio, un obrero portugués que llegó a estar imputado por un delito de homicidio imprudente y omisión de socorro. El juez que llevaba la causa la sobreseyó el 19 de mayo de 2010 y desde entonces no se ha vuelto a reabrir. La Sala desestimó el recurso el pasado abril y el bufete estudia llevar el asunto al Tribunal Supremo.
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Ha sido a raíz de ser contratada hace unos días como abogada y portavoz de la familia de Daniel Sancho, de 29 años, cuando su rostro ha comenzado a ser familiar para los espectadores, aunque la letrada madrileña estáacostumbrada a los focos desde hace muchos años y no solo por su actividad como operadora jurídica, sino por su experiencia en cargos públicos en gobiernos del Partido Popular durante veinte años, una relación que acabó cuando se pasó a las filas de VOX, donde militó durante un tiempo. La mediática abogada ha pasado por los ministerios de Educación y Ciencia, Administraciones Públicas y Economía y Hacienda. También trabajó como asesora parlamentaria y de Relaciones Institucionales del ministro de Fomento entre los años 1998 y 2000. Ese año fue nombrada asesora de Relaciones con el Parlamento Nacional y asesora de Relaciones Institucionales de la ministra de Sanidad.
Posteriormente, en septiembre de 2002, pasaría a ocupar el cargo de asesora del Secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior hasta enero del 2003. Fue asesora del Comisionado del Gobierno para las Actuaciones derivadas de la catástrofe medioambiental del 'Prestige', dependiendo del Ministerio de la Presidencia. En noviembre de 2003 fue nombrada jefa del gabinete del vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, puesto que desempeñó hasta el 17 de diciembre de 2004. Fue entonces cuando se hizo cargo de la Agencia del Menor Infractor (ARRMI) que dejó en 2011 para formar parte del gobierno de Maria Dolores de Cospedal, como secretaria general de Asuntos Sociales de la Comunidad de Castilla La Mancha. Con Mariano Rajoy fue directora general del Imserso en 2016 y, dos años más tarde, dio el salto a VOX, que la fichó como vicesecretaria de acción social, pero abandonó el partido en el arranque de la pandemia. Llegó a impulsar una plataforma de afectados por el coronavirus y denunciar al ministro de Salvador Illa, por su gestión de la pandemia.
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Tras su largo noviazgo con la política, la experimentada letrada ha vuelto a centrarse en su bufete, que compagina con los platós televisivos, un medio que domina como los estrados aunque, en ambos ecosistemas, como tiene bien presente, el juicio es de otro.
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