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No es un problema de ahora, ni afecta únicamente a Zamora o a Castilla y León. La falta de médicos ha hecho que el Plan ... Aliste de reordenación de la Atención Primaria en el medio rural no haya funcionado. Así lo entienden los alcaldes de la comarca zamorana, que consideran que «era un buen plan» y, sin embargo, «no ha funcionado y no lo ha hecho por un solo motivo: la falta de profesionales». Allí se probó la propuesta de reestructuración de la asistencia sanitaria, que se ha frenado esta semana en las Cortes tras un verano en el que se han reactivado las protestas por la falta de atención presencial en los consultorio rurales.
Conscientes de que el déficit de personal afecta a toda España y de que en los próximos años se van a jubilar más sanitarios, los alcaldes piden la contratación de médicos no especialistas «de manera excepcional» y un Pacto de Estado para que se realice una convocatoria extraordinaria de MIR y asegurar el relevo generacional de sanitarios. Los profesionales recién especializados pueden elegir. Hay más plazas en España que médicos. Pero muy pocos quieren ir a un pueblo y menos a uno con medio centenar de pacientes, porque buscan un mínimo de competencia profesional y futuro.
En el Aliste zamorano no es fácil encontrar profesionales para los consultorios. 63 localidades en el límite con Portugal y 4.635 tarjetas sanitarias. La zona básica de salud fue elegida para probar el nuevo modelo de la Junta de Castilla y León. El 2 de marzo de 2020 arrancaba el plan piloto. Días después llegó la pandemia. «El Plan Aliste apenas funcionó un mes porque con la pandemia cambió todo. La falta de médicos es el caballo de batalla y el problema de cualquier plan que se haga en Castilla y León y en España. Es ya un problema de índole nacional y posiblemente tendremos que abordarlo de abajo a arriba y de arriba a abajo», asegura Javier Faúndez, alcalde de Trabazos y exsenador del PP.
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«Si la Junta no quisiera contratar a un médico más, entonces sí podríamos poner el grito en el cielo, pero no se trata de eso, es un problema más complejo», defiende. Ante la falta de atractivo de las zonas rurales para los profesionales, Javier Faúndez plantea incentivos económicos para valorar el trabajo en los pueblos.
Los alcaldes calculan que para prestar el servicio «con cierta solvencia» harían falta 14 médicos. En estos momentos, hay 11,5. Con la llegada del Plan Aliste se incorporaron una enfermera y un auxiliar administrativo, este último para aplicar la cita previa con atención telefónica. Sin embargo, esta no ha estado exenta de obstáculos en una zona con problemas de telecomunicaciones, de telefonía y de cobertura de internet. «La cita previa ha generado muchas quejas estos meses. Es desesperante que una persona quiera pedir cita y esté llamando sin resultado», explica el regidor de Trabazos.
La cita previa es el sistema para demandar asistencia sanitaria al que los vecinos de las zonas urbanas y grandes pueblos están habituados y que el proyecto de reforma ahora tumbado quería extender –ya lleva años haciéndolo– para que fuera la vía de entrada al sistema. El problema, y es algo que ha empeorado con la pandemia, es que no funciona bien. Los teléfonos o la vía telemática de la aplicación SacylConecta no tienen la versatilidad necesaria. A veces no hay manera de conectar y otras no permiten advertir que no se puede esperar una semana al médico, que se necesita la consulta ya.
Vanesa Mezquita, alcaldesa de San Vitero y vicepresidenta de la Plataforma por la Sanidad Pública de Aliste, reconoce que el colectivo más afectado por los fallos del teléfono y la cita previa es el de los mayores. «Muchas veces no se han atendido las llamadas y si no pides cita previa, el médico no viene al pueblo. No puede ser que para llevar la sanidad a los pueblos haya que hacer una llamada de teléfono porque el 70% o el 80% de la población es gente mayor», defiende.
Rabanales es otro municipio alistano. Su alcalde, Santiago Moral, cree que no se están cumpliendo las líneas rojas que habían marcado, ya que no cuentan con los 14 médicos que consideran necesarios. Además, atribuye el «fracaso» de la cita previa a que la comarca es una de las más atrasadas en telecomunicaciones de toda España y a que muchos pacientes han llamado sin encontrar respuesta. Finalmente, «desesperados», deciden acudir directamente al centro médico.
Sergio López, alcalde de Fonfría, entiende que si se van jubilando médicos en la zona básica de salud y los que quedan tienen que atender a más pueblos, estos no pueden llegar a todo. «Tiene que haber formas de cubrir las plazas, porque en este caso no es una pandemia, pero también es una emergencia sanitaria», subraya. Los alcaldes alistanos piden que se reforme la Atención Primaria desde el consenso, con un pacto de comunidad por la Sanidad.
El Insalud creó la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en 1978. Siete años más tarde se diseñaría y regularía la Atención Primaria y la organización de las zonas de salud. Fueron 246 en Castilla y León con 3.647 consultorios y 220 centros de salud. Prácticamente los mismos que ahora. Los primeros han aumentado en 22 y los segundos, en 27 conforme la dispersión de la población y los cambios demográficos lo exigieron.
Este junio, la Atención Primaria cumplía 36 años. Desde entonces, una docena de regulaciones han establecido reglamentos e infraestructuras para la gestión. Dos reestructuraciones fueron especialmente señaladas, la de 2002 que establecía las demarcaciones asistenciales de cada zona de salud y la de 2004 que reorganizó equipos y supuso el traslado de profesionales, 118 en concreto, y de pacientes que sufrieron un cambio de médico, 98.000 afectados con el objetivo de reducir los cupos medios por facultativo de 1.549 pacientes a 1.420. Supuso el traslado de profesionales de zonas rurales a urbanas. En 2012 se repitió experiencia, aunque fue más moderada.
La regulación obliga a prestar asistencia sanitaria a núcleos de población con más de 50 habitantes y había 1.337 consultorios locales en núcleos con menos y 196, con nueve habitantes como mucho.
La reestructuración de 2004 fue tal vez la más polémica de la historia de la Atención Primaria hasta ahora; aún así la confrontación fue mucho más ligera que la que, desde hace tiempo y en particular estos días, ha convulsionado la vida política y sanitaria de la comunidad. En general, este primer nivel asistencial apenas ha sufrido retoques en casi cuatro decenios. Aquella organización nació para dar respuesta a una población de 2.586.361 habitantes, que ahora son 2.387.370, según datos del INE de este año. 198.991 habitantes menos y menor aún el de las tarjetas sanitarias que dependen de Sacyl actualmente, 2.320.373, dadas otras coberturas como las de las mutuas.
Pese a la despoblación, la dispersión ha provocado un aumento de puntos asistenciales estos años hasta los 3.669 consultorios actuales y los 247 centros de salud.
La localidad soriana de Cabrejas del Pinar perdió a su médico por jubilación a comienzos de verano, la plaza se cubrió con un especialista de otro centro de salud. Según los datos de transparencia de Sacyl, a 31 de diciembre de 2018 había 142 médicos de Familia, 10 pediatras y 135 enfermeras en Soria; En diciembre de 2020 eran 126 médicos de Familia, 9 pediatras y 126 enfermeras; en dos años se han perdido 16 médicos (11%), 1 pediatra (10%) y 9 enfermeras (7%). El 75% de los contratos sanitarios por la covid-19 en Soria han sido como máximo de tres días. El hartazgo de alcaldes y vecinos de los pueblos lo ha hecho también visible la plataforma Soria ¡Ya! La falta de relevo para los jubilados genera una situación «insostenible», especialmente en el medio rural. Los consultorios abren sus puertas a demanda con cita previa y el pasado mes de agosto se registraron 12.975 tarjetas de pacientes desplazados, lo que supone un aumento de un 15% sobre las habituales, que ascienden a 87.389 en la provincia de Soria. Tampoco este año se ha reforzado el servicio sanitario.
El alcalde del municipio soriano de Borobia, José Javier Gómez Pardo, con 240 habitantes censados, se muestra indignado y explica que «nuestro consultorio depende del Ayuntamiento, tristemente, que paga la luz, la calefacción, la limpieza y hasta la línea del teléfono. Mientras, los Centros de Salud dependen al completo del Sacyl, esa es la sanidad que tenemos». Lamenta que «si los ayuntamientos pequeños tenemos que costear el servicio de hacer llegar la salud a nuestros vecinos, legítimo es que exijamos un mínimo de calidad en el servicio sanitario, desde la atención médica hasta que la Junta se preocupe de que llegue Internet en condiciones para emitir la receta electrónica, e incluso que las farmacias rurales puedan acceder también a ellas». Información elaborada por Isabel G. Villarroel
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