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Instalación de terrazas de bares en zona de estacionamiento de coches, peticiones para regular los patinetes, vivienda, demasiado ruido ambiental o no poder acceder a ... la renta garantiza u a otras prestaciones o unas oposiciones consideradas injustas y contrarias al ordenamiento... así una tras otra durante doce meses hasta sumar 6.500 quejas, 'número redondo pero exacto', de los ciudadanos que, habitualmente ante el fracaso de reclamaciones ante los propios responsables –las administraciones– e impotentes ante lo que entienden una mala actuación municipal o autonómica y una peor respuesta a su alegato buscan una salida en el Procurador del Común.
Y aunque no sea vinculante sí fuerza respuestas y actuaciones a las, a veces, demasiado pasivas y prepotentes entidades locales o regionales. «Sí tienen el deber de colaborar», recuerda el informe de 2018 en su preámbulo.
El aumento de las quejas es exponencial, hacen más que triplicarse desde 2010 cuando apenas se contabilizaban 1.956 reclamaciones e, incluso, superan con creces los peores años de la crisis con 2.411 en 2011 o los más altos, 4.329 en 2015. En 2017 fueron 3.888. Suma y sigue por lo tanto el pasado ejercicio aunque es la Sanidad, y en particular la Oncología de Zamora y sus carencias asistenciales, lo que dispara las cifras.
La asistencia clínica suele encabezar cada año las quejas de los ciudadanos y lo más habitual es que las listas de espera estén detrás de ese descontento. Este año, aun eliminando las 3.728 que llegan solo desde la provincia zamorana, la sanidad acapara quejas, más que la función pública que es el segundo apartado con más descontentos. Y, aunque hay casos puntuales de situaciones concretas, hay un punto en común, y este es el progresivo y grave deterioro de la asistencia sanitaria en las zonas rurales. Un aspecto además que, combinado con otras carencias en educación, transporte, comercio y tecnologías, relega a los pueblos a un segundo plano y fomenta la despoblación. En ello incide la oficina de Tomás Quintana López.
Explica en su memoria que los ciudadanos transmiten una clara deriva de «las serias deficiencias de la asistencia sanitaria en el medio rural que se agravan con la conocida carencia de especialistas» que sufre toda la sanidad española. Destaca que esta procuraduría ha observado que «la vida de los habitantes de núcleos de población situados en el entorno rural se dificulta enormemente dada la dispersión geográfica y la mala situación de las infraestructuras» y que «las plazas del personal sanitario carecen de atractivos suficientes para que los profesionales quieran optar por las mismas». Un problema que agrava el hecho del envejecimiento de la población castellana y leonesa y, en particular, en el medio rural. Esto suma frecuentación al médico y enfermero por la cronicidad de sus dolencias. «La perspectiva no es halagüeña para la vida cotidiana del habitante del medio rural», resume.
5.340 reclamaciones: el 82% están dirigidas a la Junta; 967 a los ayuntameintos y diputaciones y 160 al Gobierno central, entre otras.
79 intervenciones de oficio llevó a cabo la oficina de Tomás Quintana, la mayoría sobre bienes y servicios municipales.
4.273 quejas están dirigidas a la Consejería de Sanidad; le siguen las de la Presidencia, con 622; las de Educación, con 201 y Fomento y Familia con poco más de un centenar. El resto se reparte entre todas.
Asimismo, recuerda que, además, en el último año ha habido «un creciente descontento social sobre la asistencia sanitaria, no tanto sobre su calidad como sobre la periodicidad con que se presta; incluso en los núcleos urbanos puesto que el citado déficit de médicos hace que se eliminen consultas, en determinados horarios, lo que menoscaba la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral».
Destaca el Procurador del Común que no es el primer año en el que los vecinos de los pueblos aluden a deficiencias de la atención sanitaria. Así destaca como relevantes las 39 quejas formuladas sobre la situación del consultorio de Santa Cristina de la Polvorosa o del de Micereces de Tera, ambos de Zamora; así como en los de Vegaquemada y Lugán en este caso en la provincia leonesa. Y este defensor del pueblo repasa algunos ejemplos como el caso de Barriosuso del Val en Burgos cuyos habitantes «han de realizar una suerte de peregrinaje por las localidades aledañas a la suya buscando que un facultativo los atienda o los dispense la correspondiente receta médica·, algo especialmente grave «en los casos de personas de edad avanzada o enfermos crónicos», repasa.
Otros problemas muy recurrentes son los relacionados con la asistencia pediátrica, en este caso también en las ciudades pero más constantes, repetitivos y graves en los entornos rurales, donde en muchos puntos han de ser médicos de Familia y no especialistas en infantil los que atiendan a los pequeños y, además, con problemas de accesibilidad. Y recoge ejemplos concretos como las carencias en horario de tarde en los centros de salud Alamedilla de Salamanca o el de Eras de Renueva de León y alude a que dificultan, además, la conciliación de la vida laboral y familiar. La oficina de Quintana recoge también el caso, esta vez en el entorno rural, de Linares de Riofrío (Salamanca) «cuyos niños solo habían tenido consulta un día en todo el mes de agosto de 2017». La procuraduría emitió una resolución reclamando el abordaje completo y urgente de la atención infantil en las zonas rurales e incentivos, para ello, de los profesionales.
En definitiva, «parece que, en el momento actual, los problemas se centran, en gran medida, en la necesidad de organizar adecuadamente los medios materiales y personales al servicio de la Consejería de Sanidad puesto que existen graves deficiencias en la atención prestada en el entorno rural, y que esta situación se ve notablemente agravada por el déficit de especialistas».
Junto a ello, las listas de espera y las dificultades a la hora de acceder los pacientes o sus familiares a su historia clínica conforman también buena parte de las demandas de los ciudadanos.
El abandono del entorno rural no solo afecta a sanidad sino que hay dos aspectos que inciden en la asistencia y en los demás aspectos de la vida cotidiana de esta población. Las carencias de transporte, lo cual dificulta también acceder a una consulta en el centro de salud más cercano cuando el pueblo solo ofrece, y no diario, consultorio o a un hospital y el acceso a internet para los propios profesionales que no pueden volcar datos hasta que llegan al centro de salud del que dependen y tampoco hacer consultas por la red.
Esta institución apunta así a la necesidad de dotar a los servicios sanitarios rurales de una «adecuada conexión a internet para facilitar el acceso de los profesionales a las historias clínicas y a los resultados de pruebas diagnósticas evitando así desplazamientos innecesarios de los pacientes para recoger los mismos y para entregarlos a los facultativos al margen de cualquier solución coyuntural e individualizada que se adoptase fue una resolución fue aceptada». Un viejo reclamo de pacientes pero también de los profesionales.
Este problema de las deficiencias en la periodicidad o continuidad de la atención médica en pequeños núcleos de población fue también analizada en una queja en la que se exponía que se había suspendido la asistencia sanitaria mensual a una pequeña población cercana a Lerma, concretamente Barriosuso del Val, siendo sustituida por la llamada asistencia a demanda.
Asimismo, recoge la resolución, «se nos indicaba que las características de los pacientes y las deficiencias del transporte público impedían muchas veces a aquellos desplazarse a recibir asistencia sanitaria a los centros de salud de cabecera». La resolución fue aceptada parcialmente, «pues si bien la Consejería de Sanidad entendía aceptado el pronunciamiento relativo a tomar en consideración no solo de las tarjetas sanitarias a la hora de diseñar la asistencia, no estimó pertinente restablecer la asistencia mensual». Otra problemática similar surgió en Basconcillos de Tozo en Burgos cuya resolución fue aceptada.
Las tecnologías sufren un buen retraso en este entorno. El Procurador del Común recoge así que el denominador común de la mayoría de las quejas es la deficiente o nula captación de la señal ya sea de televisión, de telefonía móvil o de internet, deficiencias que afectan a pequeños núcleos de población del medio rural. Tal fue el caso de Navalguijo (Ávila), Morales de Campos o Alcazarén (ambos de Valladolid).
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