El expresidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, investigado por presuntos cobros irregulares

De dichos documentos, «se desprende que, a través de Serviclar 2000, Alfredo Escaja facturó trimestralmente, primero a Cofunsalud y posteriormente a E-Network Salud –empresas del Consejo General de Enfermería de España–, cantidades por valor de 4.785 euros», en dichos años.

Asimismo, el Consejo General anuncia que va a investigar otras presuntas irregularidades relacionadas, como por ejemplo, «con los costes del vigésimo Congreso Internacional de Enfermeras, celebrado en Madrid, cuyo director general fue el ahora expresidente de la organización colegial autonómica». Asegura que «ha detectado estas presuntas irregularidades en el ejercicio de una auditoría interna que está realizando bajo la nueva política de transparencia y austeridad emprendida por la actual presidencia».

Por su parte, Alfredo Escaja, se defiende asegurando «que pueden investigar cuanto quieran, que no van a encontrrar nada porque Serviclar no ha facturado nada al Consejo nacional». Afirma que «es una persecución para desprestigiarle» y que «esto es una lucha interna en realidad por los presupuestos que se votarán en día 14 de abril porque yo soy muy crítico con el alto precio de las cuotas. Es una barbaridad, el Consejo de Médicos recauda 9,8 millones y el de Enfermería, 20 millones. No tiene sentido que sean las más altas, que tengamos que pagar el 20% al consejo general y no el 10%«. Además, acusa Escaja »me llegaron cuatro anónimos y hay abierta una investigación en el juzgado por esto. Yo los entregué a la Fiscalía de Valladolid y luego se trasladó el caso al juzgado de Primera Instancia de Madrid, número 31. Ser crítico me ha servido para esto. Es un conflicto de Madrid que ahora quieren trasladar a Castilla y León. Pues que investiguen, llevan seis meses anunciándolo, que lo hagan, yo me voy a jubilar en un año y hay que dejar pasar a nuevas generaciones», destaca Escaja que se autodenomina como el «presidente en funciones del Consejo de Enfermería de Castilla y León». Otra cuestión polémica y judicializada.

Alfredo Escaja perdió las elecciones a dicha organización autonómica y profesional el pasado mes de diciembre, frente a Enrique Ruiz, quien obtuvo el respaldo de seis de los nueve colegios provinciales. Estos comicios «fueron convocados y celebrados cumpliendo con los estatutos de esta institución colegial y con la legislación vigente», asegura el Consejo General. Así lo corroboran varias resoluciones judiciales e, incluso, el Registro de Colegios Profesionales de la Junta de Castilla y León, que incorpora expresamente a la nueva directiva.

Pese a todo ello, «Escaja no reconoce su derrota y aún hoy se mantiene en la sede del Consejo General de Enfermería de Castilla y León, impidiendo, con guardias de seguridad, el acceso a los presidentes de los colegios de enfermería que legítimamente conforman la Junta de Gobierno y utilizando, además, de manera indebida el cargo de presidente, el membrete, el correo electrónico institucional y las redes sociales», denuncia la organización nacional.

Y aquí no se frena la conflictividad en la organización colegial. El Consejo nacional ha presentado una querella contra la anterior presidencia de Máximo González Jurado, por la que se le acusa de malversación de fondos por valor de casi 20 millones de euros.