Taxis a la demanda o guarderías gratuitas, propuestas para luchar contra la despoblación

Si Mercedes Molina tuviera la oportunidad de sentarse con los diferentes candidatos, «les diría, primero que tomaran conciencia del problema como una verdadera crisis de territorio; sus consecuencias son más que demográficas. Las zonas despobladas y desfavorecidas derivan de un modelo territorial de concentración de la inversión, del empleo y por ello de la población, urbana, forzando una emigración rural por razones económicas, que obedece en parte a la aplicación de políticas públicas, orientadas al crecimiento frente al desarrollo, sin evaluar costes ni resultados». Ante esta situación, la catedrática demanda que sean las políticas públicas las que corrijan ese desequilibrio territorial y esa falta de equidad social. «Políticas públicas multinivel integradas y, si es posible, con un gran consenso», puntualiza. Molina Ibáñez espera que «las autonomías ejerzan en esta legislatura la tarea que las encomienda la Constitución Española, que es la ordenación del territorio y que, hasta ahora, no la han ejercido. Los políticos deben comprender que es algo más que una ordenación de servicios; es, según la Carta Europea, la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, lo que implica entre otras cosas determinar inversiones eficaces que se diseñe, siendo imprescindible la conexión rural-urbana y la comarcalización».

Demasiado escuchan los expertos en despoblación a los políticos y muy poco a la inversa. El profesor titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Valladolid, Jesús María Bachiller Martínez asegura que si tuviera enfrente a los próximos gobernantes «les diría que pese a que son muchas las necesidades que tiene Castilla y León, yo señalaría como fundamental, la mejora del sistema de financiación autonómica». A su juicio, el sistema tiene que tener en cuenta los problemas de dispersión, y de envejecimiento de la población que se produce en comunidades como Castilla y León porque entiende que «los políticos de todos los partidos tienen la obligación de conseguir que aquí estemos mejor financiados».

Aún así, destaca como «un logro importante» que PP y PSOE se hayan puesto de acuerdo en el Parlamento Europeo para que los fondos lleguen directamente a las áreas afectadas y se incrementen las partidas porque «tradicionalmente los fondos europeos de cohesión no se han destinado al fin para el que se habilitaron». Bachiller está convencido de que «tan importante es disponer de dinero, como tener proyectos viables donde gastarlo y, a menudo, pedimos dinero sin saber para qué».

El profesor de la Universidad de Valladolid invita a que los nuevos políticos autonómicos contemple la figura de la comarca. «Hay que desarrollar planes de recuperación industrial en cabeceras de comarca, procurando un desarrollo policéntrico. Se hace urgente diseñar una red de cabeceras de comarca importante donde concentrar la inversión y que redunde en la creación de empleo en industria y servicios, y que eso a su vez pueda derivar en la sostenibilidad de las zonas aledañas a las áreas funcionales».

A Bachiller no le convence la propuesta de ordenación del territorio del gobierno regional. «Se vislumbran ciertas disfunciones en la ordenación de las áreas funcionales que se podrían mejorar llegando a un acuerdo para crear áreas que no sirvan solo para dispensar servicios». Propone que se mantenga cierta cohesión económica y sinergias internas que promuevan el desarrollo y la transformación. «En Castilla y León nunca ha sido fácil realizar una comarcalización pero sí existen unos centros bien distribuidos por el territorio que pueden actuar como focos de desarrollo y ahí es donde habría que centralizar la actividad política», recomienda.

Y hablando de medidas concretas, el profesor insiste en que «los cheques bebé y subvenciones similares son bienvenidas pero no fijan población, sería más eficaz que el dinero lo destinaran a favorecer la gratuidad de las guarderías». Bachiller entiende que la movilidad en el medio rural es esencial. «Después de las cantidades ingentes que el Gobierno Central ha destinado al AVE es hora de acondicionar las carreteras comarcales y locales y de poner en funcionamiento un buen transporte a la demanda eficiente». De hecho, el profesor recuerda que Aragón ya ha iniciado la sustitución de líneas de autobús deficitarias en el entorno rural por taxis a la demanda. La implantación de Internet en todos los rincones sin excepción de la España Vaciada obligando por ley a las operadoras a invertir es otra de las medidas esenciales para atraer empresas y fomentar el teletrabajo. Recomienda además «asegurar la sanidad con un replanteamiento nacional de los especialistas y la necesidad de anticiparse al aumento masivo de las jubilaciones de médicos que se van a producir en diez años y que van a afectar donde más a los pequeños pueblos».

Mercedes Molina recuerda que «antes de aplicar medidas aisladas e incentivadoras hay que resolver los problemas estructurales que tienen estos territorios. Por ello y dado que la UE ya ha integrado la problemática de estos territorios despoblados y desfavorecidos tanto en su Estrategia Demográfica (Noviembre 2017), como en las modificaciones del FEDER (febrero 2019), el Estado español, de acuerdo con los títulos VII y VIII de la Constitución, debería reconocer este grave problema territorial, aplicar el Fondo de Compensación Territorial y determinar las estrategias futuras a corto, medio y largo plazo». Entre estas medidas cree necesarias una política de infraestructuras de transporte y comunicación jerarquizada y conforme a las necesidades actuales. «A partir de ahí podemos pensar en incentivos a emprendedores, jóvenes, mujeres, con proyectos efectivos u otras acciones. Casi todos los partidos parten de medidas aisladas y no tanto de compromisos estructurales», lamenta la catedrática.

La pregunta es, por tanto, por qué cree que los políticos hasta ahora no han abordado estos cambios tan profundos para paliar la despoblación. «Analizando muy bien las causas y la tendencia de la inversión pública, se puede considerar que se ha optado por lograr crecimientos económicos, modernización y posicionamiento del Estado en el contexto europeo y global sin considerar un verdadero equilibrio territorial, ni otros costes ambientales o sociales. Se ha hecho del modelo urbano y metropolitano el más eficiente. Asimismo no hay que olvidar que España desde los años 70 ha sufrido las crisis económicas mundiales, a las que ha tenido que hacer frente con distintos partidos políticos en periodos muy cortos, partiendo de posiciones estructurales muy vulnerables. Crecer a corto plazo ha sido el objetivo».

No obstante, las cosas pueden cambiar, termina reconociendo esta experta. «Cabría señalar también que no ha habido, hasta hace poco tiempo, una gran presión social. Ahora sí, y eso puede ser motivo también del cambio».