El exdirector del Imserso, César Antón, declarará en julio ante el juez por dos contratos «ficticios»

El exdirector general del Imserso ha defendido con anterioridad «estar tranquilo» con respecto al tema, y ya en 2019 aseguraba no haber recibido «ninguna llamada» de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía sostiene que César Antón (que desde 2019 está en el sector privado y es director general en el Grupo Sergesa) ha incurrido en un delito de prevaricación continuada y otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público al validar y certificar estos contratos y sus facturas «a sabiendas de que eran ficticios». Esta acusación se extiende también a Marta Cañellas Sánchez, subdirectora general de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera, y al jefe del Área de Informática, Antonio Sánchez Burgos. Los funcionarios de ese departamento Rafael Beltia Alcalde (adjunto al director general), Fernando Fort González (coordinador de Asuntos Económicos), Enrique Méndez Segovia (jefe de Servicios y Explotación) y Juan Luis Gamonal (jefe de Ofimática y Redes) son investigados por delitos de prevaricación continuada.

Los hechos que refiere la querella se remontan a 2013, cuando el Imserso adjudicó a la empresa Wairbut el servicio técnico informático para la gestión y administración de las redes de las direcciones territoriales y centros de gestión centralizada por 1.331.057 euros. Para ello se abrieron tres expedientes de contratación: la primera adjudicación, de 376.790 euros, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2014; un expediente de prórroga por 376.790 euros con vigencia hasta el 31 de agosto de 2015 y un expediente de contratación convalidado por el Consejo de Ministros el 19 de agosto de 2016 donde, subraya Anticorrupción, «se omite el trámite de la función interventora derivada de las liquidaciones de gasto de los servicios centrales del Imserso» por 282.592 euros, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2016.

La Subdirección General de Análisis Presupuestarios y Gestión Financiera del Imserso, «y sus funcionarios, a instancias y con pleno conocimiento de la dirección general», encargó a la empresa Wairbut una serie de servicios adicionales –cuyo importe ascendió a 199.015 euros– que no estaban previstos, «prescindiendo del procedimiento administrativo y a sabiendas de su ilegalidad». Expone la querella que, de ese importe reclamado por la adjudicataria como servicios adicionales, 121.277 euros fueron para contratar y después realizar un «ostensible aumento de salario» a una empleada técnica que dependía directamente de la dirección general del Imserso.

Según Anticorrupción, la cúpula del Instituto de Mayores y Servicios Sociales procedió al abono parcial de los servicios adicionales a Wairbut «valiéndose de dos contratos ficticios cuyo objeto no se corresponde con las actividades prestadas por la adjudicataria, omitiendo nuevamente de forma radical el procedimiento en materia de contratos del sector público» que regula el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

Uno de estos contratos bajo sospecha, de 2015, estaba dirigido a desarrollar un prototipo del sistema de información centralizada para la atención sociosanitaria en los centros del Imserso y fue formalizado a favor de una unión temporal de empresas integrada por Connetis ICT Services, Thales España, Unisys, Efrón Consultis y M2C. Se adjudicó a esta UTE por 146.742 euros. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el verdadero objetivo era retribuir los servicios adicionales encargados a Wairbut, a su vez subcontratada por la UTE adjudicataria. El Imserso abonó a esta 146.742 euros y, de esta cuantía, la subcontrata recibió 93.056 euros (un importe superior al 60% del precio del contrato) en concepto del pago por los servicios ampliados del expediente de contratación 188/2013.

El otro expediente «ficticio porque su objeto no se corresponde con la actividad prestada» es el contrato menor 703/2013 adjudicado también a Wairbut por 21.778 euros para contratar el servicio técnico de actualización de los sistemas informáticos de las direcciones territoriales del Instituto. «Su finalidad real era retribuir los servicios ampliados del expediente 188/2013», indica la Fiscalía Anticorrupción.