La excúpula de la Consejería de Economía será juzgada por la Perla Negra en marzo de 2022

En diciembre de 2019, la Fiscalía presentó ante la Audiencia sus conclusiones provisionales, que señalan al equipo de confianza del exconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Tomás Villanueva (fallecido durante el procedimiento) como autores de seis delitos de corrupción vinculados a las operaciones de arrendamiento y posterior compra del edificio de la Agencia de Desarrollo en Arroyo de la Encomienda y de las parcelas para el parque industrial en Portillo que resultó fallido. Las mayores penas, y en ello coincide también el ministerio público con las otras dos acusaciones personadas en la causa, la Junta y el PSOE, se piden para los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández: 11 años de prisión para cada uno de ellos.

También considera responsable al exconsejero delegado de Gesturcal y funcionario de la Junta Juan Carlos Sacristán para quien suma otros once años de cárcel. Además, responsabiliza a otros dos cargos de la antigua empresa pública (luego ADE Parques) Salvador Molina y Francisco Armero cuatro años de cárcel. Extiende la acusación a los empresarios Alberto Esgueva (y exdirector de la división internacional de ADE), Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes, ambos de Urban; y empresarios integrantes de la sociedad Parque Empresarial Portillo Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González. Para cada uno de ellos solicita seis años de cárcel.

La Fiscalía sostiene que son autores de los delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y violación de secretos, en concurso con otro delito de tráfico de influencias, supuestamente cometidos entre 2005 y 2011, cuando Juan Vicente Herrera era presidente de la Junta de Castilla y León.

Además, los acusados tendrían que indemnizar a la Junta de Castilla y León, en el caso de que prospere la petición de la acusación pública, con 16,1 millones de euros, que es la cuantía que se calcula que fue desviada a favor de las empresas beneficiadas con los dos «pelotazos», afines al Partido Popular, principalmente, Urban Proyecta y Parque Industrial Portillo. Empresas y administradores que también están encausados en la denominada trama eólica, como el exviceconsejero Rafael Delgado.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, estas operaciones «fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal y después de 2008, con la absorción, ADE Parques. La actuación de los acusados, sostiene la fiscal del caso, dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble conocido como la Perla Negra 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 52 en los que fue tasado, y a que hiciera frente al abono de 9,8 millones por una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban, la promotora y adjudicataria final del contrato del edificio.

Respecto de los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, siempre según la acusación pública, «no solo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por ADE Parques superior a los 3 millones de euros, sino también el pago de otros conceptos que, «dejando al margen los que pudieran ser dudosos», supusieron, al menos otros 3,3 millones.

Además de las penas de prisión, el ministerio público solicita para Rafael Delgado por el delito de prevaricación nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con la Administración autonómica y con la gestión de empresas públicas, así como otros cinco años por revelación de secretos y quince por la malversación.

Para la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández pide veinte años de inhabilitación, al igual que para el delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán. Para el exdirector gerente de la empresa pública Salvador Molina y el exdirector financiero, Francisco Armero, pide inhabilitación absoluta por un tiempo de diez años.