La evolución de los servicios públicos esenciales pasa por más financiación

En una sociedad cada vez más envejecida como es la española, en la que cada vez hay más personas mayores de 65 años, el cuidado de aquellas que se encuentran en situación de dependencia resulta fundamental. Así se puso de manifiesto en el encuentro sobre 'Los retos de los servicios públicos esenciales' que organizó El Norte de Castilla con el impulso de Clece, quien está presente en el sector de los servicios a personas mayores y dependientes en Castilla y León, mediante los alrededor de 8.000 trabajadores con los que cuenta en la región.

La labor de acompañamiento a las personas dependientes la vienen desarrollando desde antes de que entrase en vigor la Ley de dependencia, de modo que su presidente, Cristóbal Valderas, es una figura autorizada para hablar de cómo la norma ha servido para atajar, o no, la problemática. «La ley creó unas expectativas enormes que con el paso del tiempo se han diluido por falta de financiación. Las cifras que manejamos son espectaculares por negativas: en este tiempo han muerto 900.000 personas esperando una ayuda a domicilio. Diariamente se están muriendo 100 personas a las que no estamos llegando», lamentó. Asimismo, Valderas destacó que España se está gastando tan solo un 1% del PIB en esta materia, frente al 2% de los países del entorno y entre el 3 y el 4% invertido por países del norte de Europa, ahondando en esa falta de financiación que llega a ahogar al sector, y lo que es peor, que provocó que, a 31 de diciembre de 2024, hubiera más de 270.000 personas desatendidas en todo el país, repartidas entre aquellas que están pendientes de la resolución de su grado (127.879), las que tienen el derecho reconocido a una prestación y están pendientes de resolución del Plan Individualizado de Atención (118.333) y otras 24.113 las que están a la espera de que esa prestación sea efectiva.

Del 50% prometido por el Estado, este está invirtiendo en torno al 27 o 28%, por lo que faltan unos 20 puntos, una diferencia ostensible y que no ha abordado ninguno de los 13 ministros que el presidente de Clece ha conocido en su labor.

Alfonso Polanco, senador del Partido Popular por Palencia y vocal de la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, entre otras, confiesa que este «es un tema de reflexión y compromiso por parte de a quien le toca poner más», aunque, «en un país en el que no hay presupuestos, estamos como estamos», arguye resignado.

En su opinión, esta reflexión le pertenece al cómputo de la sociedad, en la que cabría valorar si las pensiones no podrían ser una alternativa para compensar ese déficit presupuestario. «Este es un derecho que puede impactar positivamente en otros», considera Polanco, que cree que «si no hay una apuesta real por reforzar la ley, esta se va a quedar en los esfuerzos titánicos de las comunidades, de los ayuntamientos y de las familias, pero no va a cumplir las expectativas» de atención, para lo que «hay que financiarla como Dios manda». Para ello, resulta inevitable pensar en un aumento porcentual dentro del PIB, si bien esta cuestión parece estar fuera de la agenda política; para Alfonso Polanco y Cristóbal Valderas, lo está. «En estos momentos, la moda es pedir que se incremente el gasto en armamento del 1 al 2%. La financiación es fundamental por más elementos que impliques: a lo privado, innovar más, más tecnología...», reflexionaron.

Una de las posibles medidas alternativas que se pusieron sobre la mesa del encuentro organizado por El Norte de Castilla fue que una parte del dinero que se destina a pensiones pueda entrar en este sistema, puesto que repercute en la persona en todo caso. Cristóbal Valderas puso el ejemplo de la última subida de las pensiones de viudedad, de 60 euros de media al mes, y ve viable este cambio en las partidas. «Si hablas con estas personas, prefieren que vayan dos horas más a la semana a asistirles que recibir ese dinero», asegura. «Si una parte de los 14.000 millones de euros de las pensiones se destinasen a estos servicios, los pensionistas lo agradecerían» prosiguió.

No en vano, existe una variable a tener en cuenta, y es que, como resaltó Alfonso Polanco, «de esa manera se genera empleo y se crea una mayor fuerza económica», en tanto en cuanto parte de la inversión volvería a la economía del Estado en forma de impuestos, algo en lo que su compañero de debate fue más allá, al cifrar el retorno en un 41,7% contando con el IVA, el IRPF y demás cargas sociales, «además del ahorro que supondría sacar a gente del paro».

Centrando la conversación en Castilla y León, ambos valoraron positivamente la capacidad que tiene el tercer sector de evitar que personas mayores tengan que abandonar sus casas por mor de una falta de cuidados in situ. «Con la dispersión que existe en el ámbito rural, las empresas que habéis apostado por esto estáis consiguiendo el acceso al mercado laboral de mucha gente y que otra se quede a vivir en sus casas», animó Polanco a Valderas, que devolvió el elogio a la comunidad al recordar que el tiempo medio de resolución de los Planes Individualizados de Atención es de 119, frente a los 335 de media. «Hay lugares en los que la única industria que hay es la atención», destacaron los dos.

En esta línea, es especialmente llamativo el esfuerzo que realiza Clece por insertar a personas en el mercado de trabajo, ya que en los últimos diez años ha incorporado a este a 52.000 personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos; a personas a las que ayuda a regularizar su situación legal, si fuera preciso, y a la que forma y acredita como cuidadores. «Hay que dignificar el empleo, pagar bien, formar y acreditar a quienes se dedican a esto, pero estamos en un entorno económico inestable y con unas expectativas complejas: las que nos está ofreciendo el Gobierno central», advirtió como riesgos Alfonso Polanco, sin embargo. Una serie de riesgos que han entrado en juego en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, lugar «en conflicto» porque «hay un interés político en hacer guerra», todo lo contrario a lo sucedido, por norma, en Castilla y León, donde no existe conflictividad laboral, salvo ejemplos puntuales como Miranda de Ebro, donde los tres últimos concursos han quedado vacantes después de que su Consistorio no haya modificado las condiciones del de 2016.

«Nosotros estamos de acuerdo con la huelga de Madrid y la apoyamos, porque no es contra nosotros; es más: nosotros hemos hecho todo lo posible por visualizarla. Después de que el Ayuntamiento y la Comunidad nos adjudiquen el contrato en 2020 ha venido la pandemia, el SMI ha crecido, la inflación ha crecido, la tasa interanual de cargas sociales... Y nosotros todo ese coste no podemos repercutirlo a las instituciones. Nosotros hemos negociado un convenio enormemente generoso, pero siempre que paguen los pliegos», resume esta problemática Cristóbal Valderas, que apela al sentido común y a la unidad para solucionar esta cuestión.

Como evidenció Valderas, rememorando frases de políticos y de otros agentes sociales, todos los participantes en esta cuestión la utilizan para resaltar cosas a mejorar que están en sus manos. Sin embargo, no es algo que parezca estar realmente en sus agendas. «Si no lo tienes en la agenda política, no hablas de ello y no debates. Venimos reclamando hace tiempo un Pacto de Estado, algo que esté lejos del fragor político, como lo han estado el terrorismo, las pensiones o la violencia de género», reclamó el presidente de Clece.

En su calidad de senador, Alfonso Polanco podría verse señalado, pero no rehuye esta cuestión; al contrario, la aborda con franqueza. «La Ley ómnibus podía haber incluido los servicios sociales como sector estratégico, porque impactan directamente en las personas. Tenemos la oportunidad de dignificar un sector que genera muchos puestos de trabajo y de consolidar en la sociedad unos servicios sociales que nos den tranquilidad de vivir a gusto la última etapa de madurez, con la seguridad de tener una atención inmediata cuando la necesitemos», afirmó el palentino, como si hiciera examen de conciencia frente a un Cristóbal Valderas que asentía mientras él hablaba, y que demandó un modelo más próximo al del Reino Unido, donde, dijo, la calidad estos servicios sí están encima de la mesa de la esfera política.

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