Un año de eutanasia en Castilla y León: 17 solicitudes, 5 prestaciones y 664 objetores

En Castilla y León en este primer año se han presentado 17 solicitudes, se han llegado a llevar a cabo cinco prestaciones, denegado otras tantas, hay una en tramitación actualmente, tres personas fallecieron y otras tres se echaron atrás y revocaron su demanda. El registro recoge 664 médicos objetores.

Como explica el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, esta pretende «dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual». Busca defender dos principios esenciales: «Los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral» y «bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad».

María, de Valencia; Javier, de Madrid, Catherine (nombre ficticio), de Granada; y Eskarne, de Vitoria; llevaban años esperándola. Fueron los primeros.

Aunque, desde la aprobación, aún tuvieron que esperar meses para que entrara en vigor y en algunas comunidades más tiempo todavía para su desarrollo y creación de los organismos y organización garantista desde un punto de vista sanitario pero también jurídico.

La eutanasia significa etimológicamente 'buena muerte' y es lo que persiguen las personas que lo solicitan. Lleva todo un proceso y no siempre recibe el visto bueno, es más hay más rechazos que aceptaciones; pero puede volver a solicitarse.

La legislación española es especialmente garantista en comparación de otras normativas. Los requisitos y pasos a seguir pueden demorar el proceso más de un mes. La solicitud comienza con la petición del afectado, que tiene que llegar a defenderla dos veces, por escrito, en 15 días. Y es fundamental en ella el establecer y garantizar que no hay «ninguna presión externa». Además, para asegurarse de la clara voluntad del solicitante, este debe haber dispuesto por escrito «de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones a que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia». Una vez iniciado el proceso, el afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera. Incluso revocar su solicitud y volver, o no, a presentarla cuando desee. Una comisión autonómica estudia el caso y determina dos profesionales, ajenos al mismo, que setudiaran la demanda. Posteriormente, la comisión aprobará o rechazará la decisión de dichos especialistas. La ley no fija la composición de esta comisión, que determinará cada comunidad, salvo que deberá constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería. Esta comisión deberá responder a la solicitud en 19 días.