Más de cien sanitarios de Castilla y León objetaron a la eutanasia en el primer mes de la ley

«Es garantista», coinciden los profesionales sanitarios y los expertos jurídicos consultados. Y en uno de los cursos de formación que reciben los médicos y enfermeros alguien hizo un chiste muy gráfico: «Hasta para morir, un español tiene que hacer 40 días de papeleo».

Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional y estudioso de la eutanasia, es quien imparte la sección legal de estos cursos. «Hay dos modelos en el mundo, el europeo, que aboga por la despenalización pero en el que la eutanasia no es un derecho, y el anglosajón, que reconoce la eutanasia como un derecho pero lo somete a muchas garantías previas, como la presencia en el proceso de dos médicos, uno responsable y otro especialista. O se permite el suicidio asistido pero no la eutanasia, es decir, la muerte la causa el propio sujeto ayudado por el médico, que le da la medicación pero no se la administra», explica Rey. «Y el modelo español es muy anglosajón. Existe un órgano autonómico que es quien, si se cumplen los requisitos, está obligada a aprobarla».

La ley española permite a los profesionales sanitarios ejercer la objeción de conciencia. Es un derecho que se puede poner sobre la mesa en cualquier momento, pero la Junta de Castilla y León ha abierto un registro, como indica la ley aprobada en marzo, para que estas objeciones no afecten a la prestación de la ayuda para morir, como determina la norma. Y es que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, y la coincidencia de varios objetores en un mismo servicio podría provocar que en la práctica no se pudiera ejercer el derecho.

«Hay un goteo de objetores», explican fuentes de la Consejería de Sanidad. En los primeros diez días, en torno al 7 de julio, se contabilizaban 56 declaraciones de objeción de conciencia. El día 19 sumaban 106, de un total de aproximadamente 9.700 profesionales de la medicina, según los datos de 2019 del Ministerio de Sanidad. «La ley dice que la objeción es exclusivamente personal y solo del personal directamente implicado en la prestación. La única manera de saber quién está directamente implicado en la prestación es que sea alguien que ha recibido una solicitud», explica Fernando Sanz, de la asociación Derecho a Morir Dignamente. «Lo razonable es que si tú recibes una solicitud y quieres ser objetor, se lo expliques al paciente y te inscribas en el registro. Y luego que busques un sustituto», añade.

Manuel Escarda, médico y senador del PSOE, considera que más allá de cuántos puedan objetar existía una aceptación social suficiente para poner en marcha esta ley. «En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2017 había un 60% de la población partidario de la eutanasia, un 20% partidario parcialmente, con alguna duda, y un 12% en contra. En las encuestas de los colegios de médicos también había una mayoría, de entre el 70% y el 90%, partidarios de regularizarla».

La ley, aprobada en marzo, obligaba a tomar una serie de decisiones bastante rápidas. Una de ellas era conformar un «Comité de Evaluación y Garantías». La Junta ha incorporado a ese órgano a quince miembros y un secretario. Lo forman cinco juristas, cinco médicos, tres enfermeros, un psicólogo clínico y un trabajador social.

Javier Garicano, uno de los juristas designados, explica que cuando se produce una solicitud firme, la Comisión «nombra a uno de la rama médica y a otro de la rama jurídica, y esos son los que deciden si el proceso debe seguir adelante». En caso de que el enfermo no esté de acuerdo con el dictamen, puede recurrir ante la propia Comisión, que entonces se reúne en pleno para dirimir la cuestión. «Se establecen plazos muy perentorios, pero debe haber una primera solicitud y luego se abre un plazo de quince días naturales para que se haga una segunda petición de confirmación. Hay dos días para nombrar a los dos miembros de la comisión y siete días para resolver», indica Garicano.

Si se deniega, el paciente puede recurrir y entonces «se reuniría el Pleno de la Comisión y se reevaluaría el caso. En Holanda alrededor de un tercio o la mitad de las peticiones se rechazan», explica Francisco Vara, jefe de Cuidados Paliativos en el Hospital Los Montalvos de Salamanca y miembro de la Comisión.

La complejidad del asunto hace que los involucrados estén expectantes. «Debemos empezar a andar para ir viendo las necesidades que se van planteando, porque el único referente que tienes es la normativa», admite Garicano. Escarda añade que en su práctica asistencial «han surgido pocos casos y los pacientes han tenido la fortuna de recibir buenos cuidados paliativos, pero se pueden dar».

En este caso, la ideología tendrá poco que decir. «Si el caso está claro, la administración está obligada», explica Francisco Vara. Y él, como médico, explica qué debe evaluar. «Qué se va a plantear el médico: ¿es una enfermedad con una esperanza de vida corta? ¿El problema es solucionable o no? ¿El paciente tiene un sufrimiento emocional que no se puede solucionar? Cuando estamos seguros de que el sufrimiento o la enfermedad no se pueden controlar de otra manera, el paciente tiene derecho a la prestación», cuenta.

«La muerte al por mayor no se va a dar», afirma rotundo Fernando Rey.