Una etarra deberá indemnizar a la Junta por los gastos sanitarios de un atentado en León en 1995

A las 13:20 horas se produjo una deflagración al estallar la bomba colocada bajo el asiento del condutro del coche del militar, que explosionó ante el semáforo situado en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la confluencia de las calles Renueva y Abadía. Falleció un alto miembro del Ejército de Tierra y resultó gravemente herida su hija que iba de copiloto en el vehículo y otras cuatro personas que transitaban por las inmediaciones.

La Audiencia Nacional, en Madrid, juzgó en 2018 al etarra Sergio Polo por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo Alonso. Luego fue reabierta la causa después de se hallaran indicios contra Polo y la jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, Anboto, –presa en Francia–, a raíz de la revisión que las fuerzas de seguridad hacen de los atentados de la banda sin resolver.

Ahora, la sentencia de 3 de febrero de 2021 del Tribunal Supremo, que ratifica la previa de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2020, condena a la etarra, ya que fue la que ordenó que se cometiera dicho atentado, como responsable de un delito consumado de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, cuatro delitos frustrados de asesinato terrorista, y tenencia de explosivos.

Con la apertura de la causa en la Audiencia Nacional, los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León se personaron en el proceso como acusación particular, adhiriéndose a las peticiones de penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y reclamando el abono como indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración autonómica de los gastos ocasionados a la sanidad pública por las atenciones médicas y hospitalarias de todos los heridos.

Más que por la importancia de los daños sufridos a los que ha sido condenada la etarra, y que ascienden a 9.225 euros, es importante la personación judicial de la Junta de Castilla y León por el apoyo que ello supone específicamente hacia los familiares de las víctimas, y de forma general, hacia el colectivo de las víctimas de atentado terrorista.

Desde el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco han insistido en que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia como responsable de la coordinación de la atención a las víctimas del terrorismo, trabaja por consolidar la acción pública en pro del bienestar de las víctimas en la Comunidad, a través no solo de acciones compartidas con la Asociación y la Fundación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, sino de hitos que buscan impregnar a la sociedad en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos como instrumentos para combatir la lacra del terrorismo.

Estas acciones tienen su ejemplo, destacan desde el Ejecutivo autonómico de coalición de PP y Cs, en el Programa de Testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas, «cuyo propósito es que los más jóvenes conozcan la historia, evolución y consecuencias del terrorismo a través de la memoria de sus víctimas; o los reconocimientos y distinciones a aquellos que han vivido en primera persona el horror provocado por el terrorismo en nuestra comunidad».

En relación con el asesinato del comandante Cortizo, la Guardia Civil desveló en un informe que en el registro del domicilio de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), alquilado por Sergio Polo, se ocuparon «numerosas evidencias, documentos y efectos» que le incriminaba a él y a Anboto en este atentado.

Según el relato del fiscal, en fechas previas al 22 de diciembre de 1995, Anboto entregó a Polo material explosivo para asesinar al comandante Cortizo, dándole instrucciones precisas. Polo lo guardó en el piso de Pasajes, y ahí confeccionó una bomba lapa compuesta por 1.200 y 2.000 gramos de cloratita con un dispositivo de iniciación mecánico-eléctrico.

Días antes del crimen, se trasladó desde San Sebastián a León, utilizando el transporte público, y vigiló a Cortizo hasta detectar el vehículo que usaba habitualmente para sus desplazamientos en la ciudad de León, un Ford Orion.

Una vez localizado el coche, que se encontraba estacionado en la calle de Álvaro López Núñez desde las 17:30 horas del 21 de diciembre de 1995, el etarra, utilizando un destornillador preparado especialmente para forzar las cerraduras de los Ford, accedió por la noche y «con la intención de acabar con la vida del comandante, así como de cualesquiera personas que se introdujeran en el vehículo o estuvieran en sus proximidades, colocó bajo el asiento del conductor la bomba lapa».

A consecuencia de la detonación, el comandante, que tenía 44 años, falleció en el acto, y su hija, que tenía 18, resultó herida de gravedad necesitando varias intervenciones quirúrgicas y quedando con secuelas. Según las informaciones publicadas entonces, la joven fue trasladada al centro hospitalario Virgen Blanca, donde inmediatamente fue operada. La explosión de la bomba le originó lesiones muy graves en el bazo, que le fue extirpado, y el hígado, así como fractura abierta en el antebrazo y la mano izquierda y heridas en el muslo izquierdo. Igualmente resultaron con lesiones personas que transitaban por la calle en el momento de la explosión del coche bomba.