Las mujeres cobran el 12% menos que los hombres en los empleos públicos en la región

El trabajo aborda un problema nacional al que no escapa Castilla y León. Así, la FeSP-UGT cifra en un 14% la brecha salarial por razón de sexo en las administraciones públicas en todo el país, en Castilla y León es ligeramente más baja, del 12%. Según explica Fonsi Bonafonte Calama, secretaria de la Mujer y del Sector Sociosanitario y de Dependencia de FeSP-UGT Castilla y León, la base salarial lógicamente es la misma, «la diferencia llega por otros conceptos». Así, repasa que «esto se explica por las retribuciones variables como las gratificaciones extraordinarias que se perciben por la realización de determinados servicios, guardias, disponibilidad, trabajo en fin de semana o festivos, horas extraordinarias y horarios especiales, que son percibidas mayoritariamente por los hombres; ya que los puestos de trabajo en los que mayoritariamente se ocupan llevan asociados estos complementos».

El estudio revela también como causa de desigualdad la segregación ocupacional horizontal, la valoración de los puestos de trabajo con sesgos de género y el alto grado de feminización del uso de las medidas de conciliación, «todo ello impide acabar con el desequilibrio salarial y de trato. Por cultura, por tradición... siguen siendo muchas más mujeres que hombres las que recurren a la jornada reducida, por ejemplo, para cuidar a sus hijos. Una desigualdad que llega a la pensión».

En Castilla y León, las proporciones de los datos son similares a los del resto de España. De los 163.014 empleados públicos de las tres administraciones (Estado, Junta y sus entes autónomos y las administraciones locales), «92.045 (56,46%) son mujeres y 70.969 (43,54%) hombres», destaca UGT. Concretamente, el Gobierno central cuenta con 33.947 trabajadores de los cuales 23.987 (69,70%) varones y 10.477 (30,40%) féminas. Un repaso por la Junta apunta a una plantilla de 94.603 empleados; de los cuales 29.004 (30,66%) son hombres y 65.599 (69,34%), mujeres. Y la local suma 33.947 trabajadores entre ellos con 17.978 (52,96%) y ellas con 15.969 (47,04%).

Destaca Fonsi Bonafonte que, aunque el acceso a la Función Pública «se realiza atendiendo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, a pesar de esta objetividad , con los datos con los que contamos podemos afirmar que el ámbito del empleo público no es ajeno a los estereotipos y roles de género que impregnan nuestro sistema social y, en consecuencia, en las diferentes posiciones ocupadas por las mujeres y los hombres». Así repasa que, en el sector sanitario, las mujeres son mayoría clara en Enfermería, profesiones técnicas (Cuidados Auxiliares de Enfermería, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica...) o en algunas especialidades médicas como la Pediatría, Tocología o Logopedia. En Justicia priman en tareas administrativas y de auxilio judicial, en la carrera judicial y fiscal y en el ejercicio de la abogacía. En cuanto a los empleos relacionados con la atención social tales como cuidados, trabajadores y educadores sociales y de familia, psicólogos y técnicos de atención a la dependencia son empleos claramente feminizados. Y en el sector educativo «es revelador que las mujeres representen cerca de 90% del profesorado en las etapas educativas iniciales, como Infantil y Primaria, y su presencia disminuya paulatinamente desde el tramo de la ESO hasta la Universidad».

Destaca el informe de este sindicato que, «en todas las administraciones, la presencia femenina es mayoritaria en las tareas de gestión administrativa y atención a la ciudadanía» . Y no solo eso, «las contrataciones temporales y a tiempo parcial recaen también sobre ellas en los diferentes regímenes de vinculación». La falta de seguridad laboral, el empleo intermitente, la renuncia involuntaria al progreso profesional, la reducción en los ingresos sitúa a muchas empleadas públicas en una situación de precariedad, defiende este trabajo.

Este documento permite conocer los datos que nos revelan dónde se encuentran ubicadas las mujeres en la Administración: en qué áreas de actividad se ocupan, tipología de personal en la que está más o menos presentes (personal funcionario o laboral), su presencia en atención al grupo de edad o en relación al nivel de complemento de destino. Sin embargo, indica UGT, «se echa en falta datos desagregados por sexo referidos a los niveles salariales; datos referidos a los procesos de promoción profesional en la administración; al empleo del tiempo en materia de formación continua o el ejercicio de la corresponsabilidad y conciliación familiar y personal».

Esta casuística debería de poder obtenerse con los diagnósticos previos a la elaboración de los planes de igualdad; pero, recuerda esta central sindical, que «en algunas de las administraciones, aun no cuentan con los mismos, a pesar de estar obligadas desde 2007 por ley aquellas que cuenten con más de 250 trabajadores». Destaca Bonafonte que «su incumplimiento ha motivado la aprobación del Real Decreto-ley de 2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad para las que cuenten con una plantilla de como mínimo 50 trabajadores».

UGT en Castilla y León reclama que se negocien e implementen planes de igualdad en todas las administraciones públicas, según establece dicho decreto; la dotación presupuestaria, recursos y personas para acelerar la negociación e implementación de los plantes de igualdad en los empleos públicos y abordar la elaboración y diseño de planes en todas las empresas de Castilla y León para que no sean solo buenas intenciones. Asimismo reclama un crear un registro central de empresas para depositar los Planes de Igualdad como marca la Ley. «Sin él es imposible comprobar su grado de cumplimiento o muy difícil hacer un seguimiento de los compromisos adquiridos en materia de discriminación», destaca la secretaria de Igualdad.