Ocho comunidades demandan una financiación suficiente para dar la vuelta a la despoblación

Cinco presidentes socialialistas, dos populares y un regionalista han estampado su firma este martes en una declaración institucional que demanda una reforma de los criterios de reparto de la financiación autonómica que «debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares». Eso recoge el punto 19 de la Declaración de Santiago de Compostela, rubricada por los presidentes de Galicia, Castilla y León, Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cantabria. El aragonés definió la estampa como la foto del «abandono de la España rural, la España interior».

Es un texto de profundiza en otros cerrados en anteriores legislaturas en León y Zaragoza, que se ha armado en una reunión en Santiago de Compostela que tendrá continuidad próximamente en otra en tierras cántabras, concretamente en Comillas.

«No es el coste de los servicios igual en todo el territorio», ha defendido Alfonso Fernández Mañueco. Todos los presidentes han coincidido en que la despoblación encarece los servicios esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia. El de Castilla y León ha añadido a este núcleo de prestaciones que son el corazón del Estado del Bienestar, otras que no resisten un reparto de fondos por habitante. «Castilla y León supone alrededor del 5% de la población de España», ha explicado Fernández Mañueco, pero dispersa en un territorio muy amplio que hace que para atenderla aglutine el 38% de los consultorios rurales del país, que tenga que mantener el 17% de los kilómetros de carreteras de titularidad autonómica de España o el 18% de la superficie forestal y del Red Natura. «Elementos que necesitan un esfuerzo por parte de toda España», ha reivindicado el castellano y leonés.

El documento, de 35 puntos, plantea que la ancianidad de los padrones se incorpore con «más tramos de edad» al reparto de fondos autonómicos y que se garantice que ninguna de las comunidades españolas que reciben la financiación estatal por este modelo (todas menos las dos forales, el País Vasco y Navarra) pierda dinero con el cambio. Eso implica que el Gobierno aporte más recursos, que la tarta de reparto sobre las que se hacen las porciones sea más voluminosa.

«Es una cuestión de justicia social», ha remarcado el presidente de Castilla y León. «Esto no es postureo, es una versión más de la España en positivo», ha valorado el castellano-manchego Emiliano García Page, que ha definido la reunión como un encuentro «para sumar, no para fastidiar». «Hoy no es noticia la bronca, es noticia el diálogo y el acercamiento y eso prestigia a las instituciones. Esto no es un frente contra nadie», ha advertido el gallego Alberto Núñez Feijóo.

«Había la sensación de que no existían los partidos políticos», ha apuntado el cántabro Miguel Ángel Revilla, que ha precisado que «la foto» que dibujan las ocho comunidades reunidas en Galicia «es la del gran desastre de España». El 62% del territorio en el que vive solamente el 24% de la población del país, por culpa de un modelo que ha «deslocalizado» habitantes e industrias hacia las «grandes urbes». «La financiación autonómica puede corregir esto o agravarlo», ha subrayado Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria ha explicado que su Gobierno gasta 100.000 euros al día en transporte escolar y el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso emplea 80.000, para una población de 6 millones de personas. «La financiación autonómica no se puede repartir por habitante», ha concluido.

El asturiano Adrián Barbón alertó sobre el peligro que se cierne sobre la atención sanitaria por la falta de médicos, algo para lo que demandó la acción del Gobierno central y también apuntó hacia el hándicap que supone la competencia entre comunidades para hacerse con profesionales. «Me sorprende que sorprenda el clima de normalidad, que presidentes de distintos signos puedan reunirse en un espacio de consenso», ha elogiado el político del PSOE. La riojana Concepción Andreu ha remarcado que la declaración de Santiago apunto «en la buena dirección» y que facilita la negociación de la reforma de la financiación autonómica al Gobierno de España puesto que pone de acuerdo a ocho comunidades.

Son ocho comunidades que defienden que la reforma del sistema de financiación autonómica debe basarse en el «coste efectivo» de los servicios y que hay cuestiones como el envejecimiento, la extensión, la orografía y la dispersión de la población que encarecen la factura de las prestaciones públicas, por lo que no puede hacerse un reparto lineal de recursos por habitante.

La reunión de ha celebrado en Santiago de Compostela y se ha alargado más de lo previsto a cuenta del planteamiento de las comunidades loberas (Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabría) de fijar posición frente a la decisión del Gobierno de España de prohibir abatir lobos al norte del Duero. No todo fue consenso. El lobo no lo fue. Los presidentes de dos comunidades optaron por no firmar una 'adenda' al documento que reclamaba apoyo a la ganadería de extensivo y «un modelo de coexistencia» con entre la conservación del lobo y esa actividad que permita matar ejemplares, de forma controlada, si hay sobrepoblación de cánidos. Lo que se ha hecho hasta ahora. No firmaron ni el extremeño Guillermo Fernández Vara ni la riojana Concepción Andreu.

El más molesto por la actitud de los dos presidentes que no firmaron fue el cántabro Miguel Ángel Revilla. «Hay más lobos que nunca, no queremos acabar con los lobos. Si hay mucho lobos, no hay ganaderos, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Los bajamos a Santander?», apuntó Revilla, argumentando que la medida de protección total del lobo agudizará la despoblación del medio rural.