Escopetas tensas para las últimas cacerías de la temporada

La temporada de caza camina hacia su recta final, finaliza el último domingo de febrero, y hay nervios entre los aficionados por hacerse hueco en las últimas monterías de caza mayor pendientes. En especial en las llamadas zonas de caza de titularidad regional (antiguos cotos públicos). La dirección General de Medio Natural de la Junta renovó hace mes y medio el convenio con la Federación de Caza de Castilla y León por el que le permite organizar batidas con el argumento de regular las poblaciones de caza mayor, en especial el jabalí.

«Estamos esperando a que los servicios territoriales den el visto bueno de un convenio que ya se firmó hace mes y medio«, confirma el delegado de la Federación regional de caza en Valladolid, Jesús Hernández, que lamenta que «la dejadez en esta gestión hace que estemos parados».

En la provincia quedan dos espacios: la Santa Espina y Carrascal/ Alambrado. Son unas 2.000 hectáreas en las que esperan reunir a 60 escopetas en cada caso. «Una montería lleva mucho trabajo. Hay que contratar realas (perros), organizar los puestos, el sorteo...», enumera Hernández.

Su colega, el delegado federativo en Segovia, José Luis Gómez, se muestra igual de preocupado. «Con las fechas en las que estamos será ya difícil organizar nada». De hecho, uno de los antiguos cotos de Segovia, la Juncalera en Somosierra, está ya descartado por el avance de las nevadas. En toda la región, hay entre 12 y 14 espacios de este tipo.

El convenio ahora renovado recupera un acuerdo que había permanecido 'dormido' y sin uso las dos últimas temporadas y que se inició en 2017. Su gestación provocó una polémica que ha vuelto ahora después de que clubes privados de cazadores denunciarán ante el Procurador del Común su supuesta ilegalidad.

De hecho, su titular, Tomás Quintana, emitió en abril de ese 2017 y previa audiencia a clubes, federación y Junta, una resolución en la que invitaba a Medio Ambiente a «adoptar las medidas oportunas para anular el convenio», ya que «existen supuestos incumplimientos flagrantes a la ley y órdenes de caza».

Entre ellos, el que solo los cazadores federados «podrían disfrutar de la práctica cinegética en los cotos regionales de caza y las zonas de caza controlada». Además de exigir los principios de los contratos públicos de «publicidad y concurrencia», para no incurrir en «fraude de ley».

Los clubes consultados se quejan de que se puede repetir un «trato de favor», recuerdan que años atrás se ofrecían estos cotos «mediante subastas y sorteos» y reclaman «transparencia y la vuelta de las pujas públicas».

Desde la Federación discrepan de la celebración de subastas, ya que «se las llevaría el mejor postor y dejaría fuera a los cazadores de aquí», insiste Jesús Hernández, quien recuerda que las cacerías «se organizan a gastos y esto permite abaratar costes y dar entrada a cualquiera».

Desde Segovia, su delegado federativo, José Luis Gómez, remacha este argumento. «Los clubes están mosqueados porque les hemos cortado el chollo. Ya no ganan 3.000 euros por montería en terreno público como antes». También acusa a los que llama 'grupos antifederación' de «ir por la noche a tirar petardos para reventar las monterías».

Pone como ejemplo de las bondades de sus monterías el que se reservan un 80% de puestos de tiro (son 60 por partida) para federados segovianos. Y el resto para los de la comunidad.

En medio de la pugna, el director general de Medio Natural de la Junta, José Ángel Arranz, defiende a la Federación de Caza, como «entidad colaboradora para poder hacer los controles poblacionales en esas zonas y que la población de jabalí se mantenga dentro de unos parámetros poblacionales adecuados».

Admite que esto solo se puede mantener «de forma transitoria y mientras esos terrenos se incorporen a cotos de caza». Y que el futuro pasa por «subastar los derechos cinegéticos para que cualquier persona pueda acceder mediante un sistema público y abierto a esos derechos. Arranz recuerda que «algunas (de las subastas) ya se han hecho y otras están en trámite».

La nueva Ley de Caza de Castilla y León (aprobada en julio del pasado año) ha hecho desaparecer las zonas públicas de caza controlada. Aún está por definir el uso y la forma de control de los equilibrios cinegéticos.

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