Los escollos de Feijóo para la EBAU única en los territorios PP

El currículo, con variaciones entre comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma desarrolla la normativa sobre esta etapa educativa según sus competencias. El Gobierno fija unas enseñanzas mínimas que deben ocupar, en el caso de comunidades sin lengua cooficial, «el 60% de los horarios escolares». A partir de ahí, las autonomías, que son las competentes en materia educativa, deciden cómo se deben complementar esas enseñanzas mínimas. Así, por ejemplo, en los objetivos de etapa, Castilla y León añade a los obligados para todos «investigar y valorar los aspectos de la cultura, tradiciones y valores de la sociedad de Castilla y León; reconocer el patrimonio natural de la Comunidad de Castilla y León como fuente de riqueza y oportunidad de desarrollo para el medio rural, protegiéndolo y mejorándolo, y apreciando su valor y diversidad; reconocer y valorar el desarrollo de la cultura científica en la Comunidad de Castilla y León».

En Andalucía, mientras, se incluye entre los objetivos de la etapa fijados por la comunidad autónoma que el alumno participe «en el desarrollo y mejora de su entorno social, valorando y reconociendo los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, tales como el flamenco y otros hechos diferenciadores» del territorio andaluz.

Antes de unificar la EBAU, por tanto, habría que unificar algunos criterios más en la etapa de Bachillerato, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas solo pueden decidir una parte del currículo.

Territorios muy diversos. El PP ha propuesto la EBAU única para aquellos territorios en los que gobierna, lo que hoy supone la gran mayoría de las comunidades autónomas. Castilla y León, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia y Baleares. Si se toma el informe PISA como punto de partida, las diferencias entre estos territorios son significativas.

Si se estima que 40 puntos de diferencia equivalen a un curso académico, la distancia entre el líder -Castilla y León en todos los casos- y el último de los once territorios, Andalucía, la supera en Matemáticas y la roza en Ciencias (32 puntos) y en Comprensión Lectora (37). No son resultados que se puedan corregir en Bachillerato, sino que precisan de una revisión en las etapas educativas anteriores. Mientras Castilla y León dedica dos millones de euros anuales a los planes de refuerzo y ya ha incorporado a ellos inglés y competencias digitales, pruebas que medirá PISA en 2025, hay comunidades que van más retrasadas en estos programas. La promesa de Pedro Sánchez de invertir 500 millones de euros en un refuerzo educativo «para todos los alumnos» aún está lejos de traducirse en concreciones con plazos, recursos y financiación concreta en función de las necesidades.

Fechas diferentes. También en las fechas hay diferencias. Extremadura y Cantabria aún no han fijado el calendario de la EBAU. En las nueve comunidades-PP que sí lo han hecho hay dos que fijan del 3 al 6 de junio (Castilla y León y Madrid); La Rioja se queda del 3 al 5; Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia y Andalucía optan por hacerlo del 4 al 6; Murcia ha escogido del 5 al 7 y Baleares, la más tardía, ha fijado del 11 al 13 de junio para realizar la selectividad. Aunque no radica aquí la mayor dificultad para llegar a un acuerdo, es otro de los flecos que habrá que pulir y está ligado a los calendarios académicos de cada territorio.

Invasión de competencias. El Ministerio de Educación fija los contenidos mínimos de las asignaturas y ciertos objetivos, pero luego todo se desarrolla en las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia educativa. Que once regiones se pongan de acuerdo en fechas y currículos, que no será fácil, puede contemplarse como una invasión de las competencias del Gobierno central. Y al revés. Si el Gobierno decide 'abortar' este conato de rebelión educativa del PP, podría usurpar las funciones que las comunidades autónomas tienen delegadas. La confrontación política está servida.

Apuesta trampa para el PP. Comunidades como Castilla y León se quejan de que alumnos con menos nivel que 'los de casa' obtienen buenas notas en otros territorios que no se corresponden con sus conocimientos reales. A la hora de acceder a la universidad, ganan la plaza a otros estudiantes que se han sometido a pruebas más exigentes y han perdido las décimas que les ha costado el puesto en la carrera y la universidad deseada, caso de Medicina en la Universidad de Valladolid, por ejemplo. La cuestión inevitable es: en una EBAU única, ¿se subiría el nivel del examen de las comunidades con parámetros más bajos o se bajaría? Estudiantes andaluces, que son los que parten en último lugar en PISA, podrían verse perjudicados por una prueba con mayor exigencia. Lo mismo ocurre con el criterio para corregir. Sería necesario un criterio muy homogéneo para que no se produjeran distorsiones elevadas al evaluar los exámenes. Los alumnos tendrán que elegir este curso entre examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. Precisamente la asignatura de Historia es una de las que provocó más quejas en el pasado reciente por las enormes diferencias a la hora de plantear las preguntas según el territorio.

Los que faltan. País Vasco, Cataluña, Castilla La Mancha, Asturias, Canarias y Navarra. No son poca cosa. Varias de ellas se encuentran entre las comunidades que han obtenido mejores resultados en PISA en las últimas décadas, especialmente Asturias y Navarra, con el País Vasco algo rezagado en 2022. Dejar fuera del experimento de la EBAU única a comunidades que cuentan con una veintena de universidades entre públicas y privadas puede provocar otro tipo de desajustes a medio plazo.

¿Y el otro 60%? La selectividad supone el 40% de la nota de acceso a la Universidad. El otro 60% sale de los dos cursos de Bachillerato. En este punto se mantienen las divergencias entre comunidades autónomas. Y hay que arreglarlas antes de concluir la etapa de educación obligatoria.