La escasa financiación estatal deja un roto de 4.129 millones a la Junta de Castilla y León desde 2010

Las cifras manejadas para calcular el déficit de financiación que soporta la comunidad son las que se consignan oficialmente en los presupuestos de la comunidad, con la salvedad de que en 2019 y 2020 se prorrogaron las cuentas de 2018 y eso tiene un efecto distorsionador en el cálculo. Desde la Consejería de Economía y Hacienda no confirman datos concretos sobre ingresos reales con cargo al modelo de financiación y gasto «disparado» ejecutado en las tres consejerías sociales, por lo que este periódico ha tomado como referencia las cuantías consignadas en las cuentas prorrogadas y el montante extra que ingresó el Gobierno de la nación para afrontar el sobregasto de la pandemia en 2020. Ese Fondo Covid para Castilla y León fue de 843 millones de euros y estaba orientado a reforzar la contratación de personal y adquirir suministros sanitarios y educativos, a apoyar al transporte de viajeros y a mitigar el descenso de la recaudación tributaria autonómica. Y en 2021 llegaron por el concepto de Fondo Covid otros 741 millones de euros y 633 más en un complemento extraordinario. Puestos los fondos que han llegado del Ministerio de Hacienda desde 2010 en un platillo de una balanza y lo presupuestado por la Junta para Sanidad, Educación y Familia en otro, este último pesaría 4.129 millones más. No hay equilibrio.

La financiación estatal respecto a Castilla y León es la historia de una insuficiencia crónica desde que entró en escena la última reforma del modelo de financiación autonómica, aprobada en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El sistema fue arrollado en su estreno por una crisis brutal que dejó temblando la recaudación tributaria de la que se nutre la caja común, pero supuso en la práctica que la comunidad pasara de recibir el 7,29% de los recursos en liza a ingresar el 6,54%. Perdió músculo en el reparto.

Esos 4.129 millones permitirían pagar casi todo el coste sanitario previsto para 2022, con el funcionamiento de los 14 hospitales, de los centros de salud, el gasto en fármacos y las plantillas de profesionales. El Gobierno de PP y Cs prevé poner en manos de la consejera Verónica Casado 4.449,5 millones el próximo año. La nómina de todos los empleados de la Junta estará en 2022, con una partida de 4.404 millones de euros, en la línea del montante de ese agujero financiero.

El repaso de los proyectos de presupuestos regionales desde 2002 muestra dos etapas. Hasta 2009 hay superávit. Los ingresos que llegan a través del sistema de financiación autonómica pagan el gasto consignado para esos tres servicios básicos. Hay un año, 2007, en el que 'sobran' 666 millones de euros. A partir de 2010 la proporción entre ingresos estatales y gasto autonómico en Sanidad, Educación y Familia colorea esos números en rojo. El mayor desfase se producirá, según el proyecto de presupuesto de la comunidad que tramita en estos momentos las Cortes, en 2022. El boquete es de 1.304 millones de euros. Los 6.862 millones que supondrán las entregas a cuenta del Gobierno de la nación dejan sin respaldar 16 de cada 100 euros de los 8.165 millones que la Junta presupuesta en las tres consejerías sociales.