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Quién iba a decir a Ciudadanos que su pacto con el PP en Castilla y León se miraría en la épica del Cid y cabalgaría ... después de muerto y enterrado. Que Mañueco se desmarcaría de Vox y votaría en las Cortes a favor de dar una segunda oportunidad a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida, que era el punto 57 del acuerdo que firmó en 2019 con Francisco Igea y le permitió, pese a haber perdido esas elecciones, ocupar el despacho que estaba recogiendo Juan Vicente Herrera.
Eso es lo que ocurrió el miércoles en las Cortes de Castilla y León, cuando los 31 votos de la bancada popular se sumaron al de Igea, los 28 del PSOE, los 6 de Soria ¡Ya! y UPL, el de Unidas Podemos y el de Por Ávila. 68 síes que dejaron en soledad a los 13 de Vox, oponiéndose a la tramitación de una normativa que persigue regular las condiciones en las que se desarrollan los cuidados terminales, con el refuerzo de los equipos de medicina paliativa, desde el respeto hacia la decisión de los propios afectados, los pacientes o, en el caso de no estar en condiciones de decidir, de sus allegados ante situaciones muy duras como puede ser una sedación de una persona moribunda para evitar sufrimiento. Trances dolorosos, mucho, que solo comprenden en toda su complejidad quienes los han vivido de cerca.
El trazo grueso hablaría de eutanasia. No es eso. Se trata de atender a personas con pronóstico de muerte inminente, en horas o días, y garantizar que no van a agonizar entre dolores, angustia o sin apenas poder respirar. Esos casos, cada vez menos, se siguen dando.
Igea jugó sus bazas en la negociación de junio de 2019 e incluyó esta regulación que él había intentado ya impulsar a nivel estatal en el Congreso, como diputado. El 17 de julio, tras la primera reunión del Gobierno de PP y Cs, empezó la tramitación de un texto autonómico que ese Ejecutivo bicolor aprobó en 2021 y envió a las Cortes. El proyecto de ley fue arrollado por el adelanto electoral de las vísperas de Nochebuena y decayó. Luego llegaron las elecciones del 13-F y el pacto con Vox, que fijó otras prioridades normativas como la violencia intrafamiliar.
Presentar aquel texto como una proposición de ley de Cs ha sido una estrategia exitosa para Igea. El PP votó a favor, pese a que la propia Junta, presidida por Mañueco y vicepresidida por Juan García-Gallardo, había elaborado un informe que defendía que no había novedad en la regulación y censuraba el hecho de que ese refuerzo de medios paliativos tendría repercusión en el presupuesto. Contra el criterio de ese informe votó el PP, dejando solo a su socio en el hemiciclo. Justo un año después de hacer lo mismo con Cs, en el primer pleno del curso político de 2021, cuando los de Mañueco respaldaron al PSOE reclamando consultas presenciales en todos los consultorios médicos, algo que la propia Junta, o sea ellos, debían garantizar.
Puede que lo del miércoles no tenga mayor recorrido en la convivencia de PP y Vox, de Mañueco y García-Gallardo. A lo mejor sí. O quizás a las dos partes les interese despegarse un poco para diferenciarse en el camino hacia las municipales. Después de lo vivido en el último año, todo es posible.
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