El escaño 82: Quedarán los jueces

Los hechos se remontan a la etapa en la que Tomás Villanueva, fallecido, dirigía con mano férrea las políticas económicas y energéticas de Castilla y León. Arrancan en 2004 y se extienden hasta 2015. Con la lotería de Navidad asaltando el calendario de 2020 sigue sin desentrañarse el asunto.

Fue un informe de la Agencia Tributaria el que destapó una posible trama de comisiones ilegales por permisos de parques eólicos que cifró en 81 millones de euros. Luego se supo que los que hacían negocio con el viento eran los mismos que levantaron el edificio de Arroyo y que arrendaron a la Junta oficinas en el extranjero. Una suerte de 'holding ' con conexión directa con la entonces Consejería de Economía y Empleo y que llevó el pasado enero a un juzgado de Valladolid a iniciar el proceso de embargo de bienes de doce imputados por la compra de la Perla Negra. Entre ellos dos exviceconsejeros de la Junta, Rafael Delgado y Begoña Hernández, hoy apestados para el PP y que fueron mano derecha e izquierda de Villanueva. La fianza judicial suma 18 millones de euros.

Del Olmo y Carriedo comparecerán el jueves como exconsejeros de Hacienda y de Medio Ambiente en la etapa de los hechos investigados y el lunes 21 está convocada María Jesús Ruiz, exvicepresidenta, exportavoz de la Junta y exresponsable medioambiental. Mañueco ya lo hizo el 30 de julio. «Poco o nada tengo que ver», se desmarcó el presidente.

Pilar del Olmo y Fernández Carriedo abordaron la investigación interna del Gobierno de Juan Vicente Herrera una vez que estalló el escándalo y remitieron documentación a los jueces instructores. Por eso les citan. A ello se suma, en el caso de la ahora portavoz municipal del PP en Valladolid, la delegación de competencias en Tomás Villanueva para que se ocupara del contrato de la Perla Negra, pese a que la materia era del negociado de Del Olmo. Esa Orden firmada en noviembre de 2007 se publicó en el Bocyl.

El PP se opuso la legislatura pasada a remitir a la comisión de investigación la documentación que motivó esa delegación de las atribuciones de supervisión, negociación y firma de un contrato que primero iba a ser de alquiler, pero que se reorientó a compra cuando trascendió la bárbara cantidad que iba a pagar la Junta por el arrendamiento: 75 millones de euros más el IPC por 15 años. Ese negocio de compraventa a costa del dinero público acabó en el juzgado.

La citación de los que fueron consejeros de Medio Ambiente tiene que ver con los molinos de viento. El plantado de aerogeneradores requería una autorización de Industria (del departamento de Villanueva), pero para llegar ahí había que obtener una Declaración de Impacto Ambiental. Este requisito se paralizaba a perpetuidad en unos casos y se agilizaba en otros. Documentos con firma y sello oficial ordenan «dejar sobre la mesa» expedientes con la justificación de estudiar «las mejores ubicaciones» de los parques, maniobra que dejaba la inversión moribunda. Y otros escritos mandan reactivar la tramitación «por motivos de oportunidad».

Lo que está pendiente de dilucidar es si lo que decidía qué parques prosperaban eran las mordidas y la coacción a los inversores para aceptar como socios a firmas amigas de la cúpula de Economía del Gobierno del PP. La comisión de investigación dará de sí lo que quiera la mayoría, ahora PP y Cs. La experiencia aconseja no ilusionarse. Siempre quedarán los jueces, más fiables para acercarse a la verdad.