El escaño 82: Presupuesto, qué era eso

Pero no ha sido así. La rutina de los últimos tres años ha quitado drama a las prórrogas presupuestarias. Mañueco terminó 2019, acabará 2020 y encarará 2021 con el último presupuesto de Juan Vicente Herrera, que es el de 2018 porque el histórico dirigente optó por prorrogarlo en 2019. Y el Gobierno central, ítem más. Ahí están Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sujetando su gobierno con las cuentas de Rajoy, las del 'cuponazo' vasco que hizo posible que el PNV apoyara el presupuesto del PP mientras las comunidades de la España no foral penan con la financiación estatal.

El que está por llegar apunta a la reedición del cupón y a una negociación que hablará catalán en la intimidad. Como en los mejores tiempos de Aznar y González. Aquellos pasaban por caja para garantizarse los votos de la Convergència i Unió de Pujol y estos, los de la Ezquerra Republicana de Junqueras y Rufián. Y a escote pagamos el resto.

En Castilla y León, la covid ha movido a la Junta a negociar el de 2021 con la oposición. El respaldo del contrario abriga en tiempos duros de toma de decisiones. En ello están, aventurando un posible borrador para final de noviembre. La última foto de entrada de un proyecto presupuestario en las Cortes retrata a Pilar del Olmo como consejera de Hacienda y a Silvia Clemente como presidenta de la Cámara. Era octubre de 2017. Nada queda de esa instantánea. Ni el contenido, ese compromiso de presentar las cuentas en el plazo que impone el Estatuto de Autonomía, ni las protagonistas. La política maneja el tiempo caprichosamente y demuestra que nada es inapelable por hormigonado que parezca.

Se nos está cayendo el mito de los presupuestos, con su liturgia de presentación oficiada por el presidente de la Junta, y el Registro en las Cortes, con su presidente recibiendo los tomos o el 'pendrive' de manos del consejero, indumentaria a estrenar para la foto, que la cita es al calendario político lo que el Domingo de Ramos a la tradición. Luego, dos meses de trámites y debate, con sus horas de transcripción y sus dietas, enmienda va, enmienda viene, para votar las cuentas en vísperas de Navidad después de rechazar todas, todas, las de la oposición, salvo que necesites algún voto para aprobarlas. Cumplirlas, ya será otra cuestión.

Culminado el recorrido, llega el 1 de enero y la hora de aplicar ese presupuesto. Ejecutar, en la jerga política. Los gestores, a veces, más que ejecutar las cuentas, las ajustician. Que incluyan el arreglo de una carretera o la construcción de un instituto no equivale a que se haga. Debería, pero no. Es necesario que los proyectos se hagan un hueco entre las partidas, pero un presupuesto es, más que nunca hoy, una declaración de intenciones y quien está obligado a aplicarlo no se sonrojará si no cumple. Ahí están las reformas del Clínico de Salamanca o el de Valladolid. Eternas.

Las partidas que se aplican con mayor precisión son aquellas cuyos destinatarios admiten pocas bromas. La primera, el pago de la deuda, y la segunda, las nóminas del personal. A partir de ahí, todo es flexible. Se engordan los tomos de inversiones, con fondos y proyectos de lo más variopinto (hasta la vacunación suma como inversión), o los apoyos a empresas, que venden mucho, a sabiendas de que una parte funcionará como bolsa para imprevistos, pero también para partidas infradotadas de salida que se desbocan siempre. La principal, el gasto sanitario, que arrastra una factura millonaria de un año a otro. El Consejo de Cuentas lo define como «insuficiencia estructural», en un presupuesto en el que 84 de cada 100 euros son gastos fijos y pago de la deuda. Con lo que queda porfían los vendehumos.