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Los números son fríos hasta que nos tomamos la molestia de rascar un poquito bajo la cifra. A veces no hace falta ni eso. Queman ... con solo mirarlos. Las 1.595 páginas del informe sobre la situación socioeconómica y demográfica de la Castilla y León en 2020 que ha aprobado esta semana el CES dan la oportunidad de tropezar con miles de números. 77.504 son los habitantes que ha perdido Castilla y León entre 2015 y 2020. Llegan inmigrantes, pero se van jóvenes cualificados y en edad de trabajar.
Ese roto en el padrón son casas cerradas. Si tiene pueblo, podrá comprobarlo este verano. De los 2.394.548 empadronados en Castilla y León en diciembre, 461.058 viven en lo que los académicos definen como «medio rural profundo». Son 1.970 municipios de menos de 2.000 habitantes.
Aplicar la expresión 'rural profundo' a localidades de 2.000 habitantes no hace justicia a la realidad de Castilla y León, con un mapa salpicado de pueblos con menos de 100 personas en el padrón, sobre el papel, que se reducen al mínimo entre los Santos y el Domingo de Resurrección, cuando el invierno hace la vida cuesta arriba si no conduces ni tienes quien te lleve y te traiga a los análisis, a hacer la compra y, de un tiempo a esta parte, hasta a poner la cartilla al día o sacar dinero del cajero. 648 son las sucursales que han chapado los bancos en la comunidad en el último lustro. Casi una de cada tres. Es algo que se empieza a notar en las ciudades, pero que en el medio rural suma una nueva brecha en el acceso a conexiones y servicios básicos.
Y esto pasa en una tierra en la que los ahorradores pusieron en manos de las entidades financieras 76.459 millones de euros en 2020 y estas respaldaron la economía de familias, empresas y administraciones de Castilla y León con créditos por valor de 43.833,6 millones. El excedente de negocio no tiene contraprestación en responsabilidad para con el territorio. El CES plantea a nuestros políticos que hagan valer eso. También que reivindiquen un retorno económico por el volumen de energía eléctrica que produce la comunidad y genera riqueza en otras autonomías, ahora que se abre el debate sobre la transición energética.
Son dos de las 609 recomendaciones que ese Consejo plantea a los gestores de lo público. El informe reclama un trabajo serio para aprovechar los fondos de reconstrucción de la UE y constata la necesidad de fortalecer servicios esenciales, principalmente la sanidad y la atención a las personas mayores, reparando lo que no ha resistido el paso de una pandemia que deja en Castilla y León 11.079 fallecidos. La cifra es actual y no está en el informe del CES porque excede al año 2020.
Casi al tiempo que se publicaba el informe, valoraban Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea los dos años de gestión de su coalición. Con pandemia y todo, consideran cumplido o iniciado el 88% de lo que prometieron. La autonota, con el redondeo, es un sobresaliente.
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