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Es tiempo de ofertones. Del 'Black Friday' que da tinte comercial a noviembre, de descuentos tempraneros para los primeros encargos de las cartas a los Reyes Magos y de promesas sin fin, las que recogen los presupuestos de Castilla y León para el próximo año. ... Cada cosa tiene lo suyo. Por las Cortes han desfilado, mañana y tarde, los consejeros de la Junta, de PP y de Vox, para explicar en qué aspiran a gastar los 13.809 millones de euros que prevén gestionar en 2023. Esa es la cifra total, la real, la de gestión pura y dura para facturas y programas de las consejerías baja hasta los 11.379,84 millones de euros, descontados los 1.469,36 millones destinados a devolver deuda que vence y pagar intereses; los 924,42 para las ayudas de la PAC, que la Junta coge con la mano izquierda de Bruselas y reparte con la derecha a agricultores, ganaderos y propietarios de tierras de labor, y los 36,22 que sostienen el día a día de las Cortes, el Consejo de Cuentas y el Consultivo, el Procurador del Común y el CES.
Habrá dinero para disfrutar gratis de las licencias de caza y pesca en 2023 y ese coste cero llegará hasta 2028 porque PP y Vox amplían la vigencia del permiso 5 años. También para escolarizar a los niños de 1 a 2 años, para partidas de obras y equipamiento de hospitales (119 millones), para una orquesta joven, la apuesta por plantas de biogás e hidrógeno verde o la iniciativa pionera para 'repatriar' a descendientes de castellanos y leoneses que emigraron a Cuba, México y Argentina para trabajar en el sector de los cuidados a personas dependientes en Zamora. Esto último lleva la firma de la consejera Isabel Blanco. Ojalá prospere el programa.
La ronda de consejeros ha constatado las dos almas del gobierno de coalición. El vicepresidente, que ejerce de presidente bis de Empleo, Agricultura y Cultura (las materias que asumió Vox) estaba al margen de las comparecencias en las Cortes, porque no gestiona área concreta de trabajo. Pero Juan García-Gallardo ha enviado a las comisiones, de observador, a su jefe de gabinete, José María Barrios Gil-Fournier. Ha sido un fijo en asistencia, con el refuerzo de un asesor para no perder detalle de una liturgia parlamentaria en la que a cada consejero le reciben procuradores de su grupo y se aplica entre los socios un pacto de no agresión, para no molestarse entre sí.
Obviando los puntos de fricción, como que los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones, uno responsable de las políticas energéticas y otro de las medioambientales, no hicieran mención en sus exposiciones a la energía nuclear y Mariano Veganzones, titular de Industria, Comercio y Empleo y coordinador de Vox en Valladolid, fijara como objetivo que Castilla y León coja «el tren» de la industria del uranio. El consejero reserva fondos para contratar el informe sobre la viabilidad de crear «un ecosistema favorable» a la instalación de reactores atómicos (SMR) en el entorno de Garoña, La Robla (León) y Velilla (Palencia), a los que sumó la opción de implantación de fábricas de equipos de tecnología nuclear, en una intervención de dos horas en la que Veganzones utilizó el término 'desempleo' seis veces. Las mismas que 'fanatismo climático'. Y 'paro', en diez ocasiones; una mención menos que las once en que arremetió contra los 'sindicatos'.
Los presupuestos, sobre el papel, lo aguantan todo. En ellos cabe una coalición. Pongamos que con Ciudadanos, en los de 2021; o la opuesta, con Vox, para el de 2023. Pero ojo a las fotos que se producen en paralelo a las comparecencias de los consejeros. Preocupantes son las instantáneas que empiezan a proliferar en consultorios en los que al médico le sustituye un cartel avisando de que no hay consulta.
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