El escaño 82: La auditoría del torero

¿Por qué se pagó más por los toros ese año? 'El Cordobés' tuvo que sustituir a Cayetano en el coso de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar y el Ayuntamiento facturó al diestro por encima de convenio. Todo eso, entre otras cuestiones, afloró gracias al informe conocido como 'el del torero' en el Consejo de Cuentas, institución que junto con el Consejo Consultivo cumple 20 años. Es una de las 242 fiscalizaciones completas, a las que hay que sumar 48 en elaboración, que engrosan el historial del Consejo de Cuentas. Y el Consultivo llega al aniversario con un balance de 16.000 dictámenes jurídicos y de reclamaciones de ciudadanos contra las administraciones, a lo que añade la resolución de un millar de litigios sobre contratos públicos con 9.200 millones de euros en juego.

Esas son sus hojas de servicio en unos tiempos en los que desde ámbitos políticos se cuestiona la utilidad de estas instituciones y se desliza la palabra supresión, que se extiende al Procurador del Común, que además de Defensor autonómico es comisionado responsable de la aplicación de la Ley de Transparencia, o al CES.

Y es que hay conversaciones de vermú y debates en las Cortes en los que lo fácil es dar cera y dejarse llevar y lo difícil es informarse, contrastar, valorar y formarse una opinión propia. Sale a colación el Consejo de Cuentas, el Consultivo, el Procurador del Común y el CES de Castilla y León y echamos mano del gasto superfluo y desempolvamos el latiguillo de los cementerios de elefantes sin dedicar medio minuto a conocer qué hacen, qué supone económicamente de retorno social esa labor y qué costaría a la comunidad que no lo hicieran.

Son instituciones molestas para quien gestiona. Irritantes por momentos para consejeros de la Junta, alcaldes, presidentes de Diputación... Rigurosos en los análisis –solo tiene que probar a leer alguno de ellos–, reconocen lo que se hace bien y señalan aquello que está regular o directamente mal. Y no gusta. Ese disgusto con los reparos o las recomendaciones que plasman en auditorías, dictámenes y resoluciones, y que a las claras o bajo cuerda muestran los cargos públicos, es la prueba de que son instituciones útiles a los ciudadanos.

Los consejos y el Procurador han asumido más funciones estos años con plantillas ajustadas y presupuestos recortados. Dependen de las Cortes, pero su personal, de alta especialización, está lejos de las condiciones laborales del convenio parlamentario. Nunca es el momento de solucionarlo. Unas veces hay crisis. Otras no hay clima político de acuerdo o el socio de Gobierno no es creyente de lo institucional más que en lo que le toca de cerca. Y a los controladores, no nos engañemos, los políticos que mandan los prefieren lejos.