Votar a favor cuando se quiere votar en contra es un error que, a veces, en el maremágnum de puntos y enmiendas de una proposición no de ley, o de un proyecto de presupuestos, puede ocurrir en el Congreso o en un parlamento autonómico como ... las Cortes de Castilla y León. En la época de las mayorías absolutas no suponía más que un pequeño bochorno personal y un pescozón de los propios, pero con votaciones tan ajustadas como las que se viven desde 2015 hacia acá, ha habido varios sustos en el hemiciclo autonómico.
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Uno de los más llamativos lo protagonizó Silvia Clemente, entonces presidenta de las Cortes por el PP, cuando votó a favor de iniciar la tramitación de una proposición de ley sobre Diversidad Sexual. La posición oficial del partido fue la abstención. Eso, en la votación, se plasma en un mecanismo bastante pedestre. El portavoz de la formación levanta la mano, marca jugada como si fuera un córner y, para que no quede duda, incluso vocea «¡Sí!», «¡No!» o «¡Abstención!». El PP atribuyó el voto de Clemente, en un hemiciclo con 42 escaños populares y 42 en manos de otras formaciones, a un error, pero ella misma aclaró posteriormente, con un punto de sorna, que fue «el subconsciente» lo que motivó que apretara el botón equivocado. No solo le pasó a ella ese ataque de «subconsciente». En el PSOE, cuando se tuvo que votar a favor de que sus ex líderes Ángel Villalba y Óscar López fueran designados senadores autonómicos, también hubo quien decidió dejarse guiar por ese argumento. A Villalba, en 2001, le faltó un voto de los suyos. A López, en 2014, se le cayeron dos.
Las sesiones plenarias se distribuyen en dos jornadas, martes por la tarde y miércoles por la mañana. Y sus señorías acostumbran a hacer recesos para reunirse con otros procuradores o con asociaciones, plataformas y demás. O para ir a la cafetería. Así que cuando llega el turno de votar comienza a sonar por todo el edificio una campanilla, din-don-dín, insistentemente. Diez minutos de din-don-dín poco soportable que indica a los procuradores que se acerca la votación. Y es que quien no esté dentro, no vota. Los ujieres cierran las puertas y es como un «carta en la mesa, pesa». José Ignacio Delgado (Cs), en abril de 2021, se encontraba en la Consejería de Cultura, cruzando la calle, como quien dice, en una de esas mañanas de votaciones, y tenía el teléfono silenciado y la oreja demasiado lejos de la campanilla. El tándem de Gobierno, por entonces ya en minoría tras la moción de censura en la que María Montero decidió abandonar Ciudadanos, perdió la votación.
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Los errores involuntarios al apretar el botón no son cosa de todos los días, aunque hay veces que votar separados algunos puntos o enmiendas puede complicar la tarea si no se está pendiente de lo que marque el portavoz. En febrero de 2018, dos procuradores del PP se equivocaron en las Cortes en dos iniciativas de la oposición que su partido había decidido votar en contra. Una era una moción de Ciudadanos sobre medidas de la lucha contra los incendios. Tras el debate, se votaron los diez puntos por separado. Juan José Blanco, alcalde de Guardo, se saltó la última y su partido quedó en minoría. Irene Cortés, de Burgos, se equivocó y gracias a eso la junta recibió el mandato de las Cortes de que debía prestar urgencias pediátricas diurnas en el centro de salud de Santa Marta de Tormes.
Antes de eso, en octubre de 2016, otro procurador popular, Manuel Otero, votó una proposición del PSOE para que la Junta remitiera a las Cortes el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2016-2020.
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En una ocasión, el procurador de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, pidió repetir una votación para corregir su voto. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, tras consulta con los letrados, explicó que no podía procederse así.
Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados ha provocado un sinfín de reacciones. Algunas airadas en el PP, como la del concejal José Antonio De Santiago-Juárez: «Error informático, error humano, pucherazo o estafa. Una cuestión tan seria como la reforma laboral no puede salir adelante de forma tan escandalosa», escribía.
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José Ángel Alonso, diputado del PP en el Congreso, señalaba: «Mi compañero Alberto Casero ha votado bien. Ha avisado inmediatamente a la Cámara de que el voto le salía cambiado. Enfermo, se ha presentado en el Congreso para votar presencialmente y se lo han impedido». El diputado ha hecho suyo uno de los argumentos del PP para reclamar que se repita la votación. «El artículo 82 del Reglamento de la Cámara exige que el voto telemático sea verificado personalmente por la Mesa», escribía en Twitter.
A este respecto, Óscar Puente, alcalde de Valladolid por el PSOE, ofrecía una explicación respecto a este artículo. «Cuando se implantó la posibilidad de voto telemático, su uso era muy excepcional. Por ello se estableció la regla de la confirmación telefónica del voto de quienes utilizaban esa fórmula. Esa confirmación la hacían los letrados del Congreso», señala. La pandemia convirtió lo excepcional en telemático, y comprobar 350 votos en cada una de las votaciones era algo que pasaba a ser casi inviable. «Por ello se implantó un sistema informático que incluía una doble confirmación de cada voto, y que reemplazaba a la llamada, 100% seguro pues también el que llama podía apuntar mal el sentido del voto, cosa que el sistema informático de doble confirmación no puede hacer», señala Puente. E incluso aporta un texto del Tribunal Constitucional sobre la repetición de votaciones en caso de error. En él se habla del necesario «conocimiento» y «diligencia» en el uso del sistema telemático de votación y dice que «si por descuido este comportamiento exigible del parlamentario no se da, y esté no puede votar, en absoluto existiría un derecho a repetir la votación».
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El PP ha anunciado, a través de su presidente, Pablo Casado, que recurrirán a «la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del Parlamento» y habla de «fraude democrático» por contravenir el sentido de voto de un diputado.
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