«Empresas de la comunidad se han ido a Portugal porque ofrece mejores condiciones»

Ha indicado que sus relaciones con la Junta son «muy buenas», que conocen esta situación y «están trabajando en esa línea». Según ha manifestado, no se ha producido «ninguna diferencia sustancial» por la constitución de un gobierno de coalición PP-Vox, con el que mantienen relaciones y comunicaciones periódicas, y que han sido «muy receptivos» a su última propuestas de simplificación administrativa.

El segoviano también ha apelado a «cuidar» de la actividad empresarial, que genera empleo y riqueza, y cargado contra los ataques «con nombres concretos» del Gobierno a empresarios. «Últimamente ha habido ataques con nombres concretos que no benefician en nada la imagen del empresario y socavan su figura», ha señalado en declaraciones recogidas por Ical.

Palomo se ha detenido en el caso de Ferrovial para recordar que la familia Pino está asociada a Empresa Familiar, y entienden que su traslado a Países Bajos es una «decisión libre de una empresa, que se traslada a un país comunitario» y «lo ha hecho precisamente porque está muy internacionalizada y quiere estar allí ara acceder a una financiación en condiciones más favorables que en España».

Ha mantenido que Ferrovial continuará con su actividad en España y la familia Pino «seguirá residiendo fiscalmente aquí», para relacionar las críticas del Gobierno a un «contexto político» previo a unas elecciones, que «no favorece ni ayuda» a un clima que permita «levantar cada día la persiana» en un contexto de costes energéticos y tipos en alza. «La actividad ha sido mejor de lo previsto, pero hay nubarrones en el norte y hay que ser competitivo», ha sentenciado.

Empresa Familiar de Castilla y León ha elaborado un estudio de la normativa autonómica en el que ha identificado más de medio centenar de procedimientos y trámites administrativos que deberían modificarse para incrementar la simplificación y racionalización administrativa en la región y, con ello, favorecer la actividad empresarial.

El objetivo de este informe, que EFCL ya ha trasladado a la Junta de Castilla y León y a los portavoces parlamentarios en las Cortes regionales, es que la administración reduzca los obstáculos normativos y burocráticos a los que tienen que hacer frente las empresas, para ofrecer una gestión más ágil y eficiente «partiendo del principio de mínima intervención administrativa», según ha explicado Palomo.

La elaboración del 'Documento de propuestas para la racionalización y simplificación administrativa de Castilla y León' ha consistido en el análisis pormenorizado de todos los trámites administrativos regionales de obtención de permisos, licencias o autorizaciones en aquellos sectores que son de suma importancia para el tejido económico e industrial de Castilla y León, como son los de urbanismo, medio ambiente, energía y minas, sanitario, agrícola o ganadero.

Tras este estudio, EFCL ha identificado un total de 49 procedimientos que podrían pasar a regirse por un régimen de comunicación o declaración responsable.

En este sentido, Palomo ha señalado que la futura normativa de simplificación administrativa debería tender a exigir que los instrumentos de control en todos y cada uno de los ámbitos de competencia autonómica sean la comunicación y la declaración responsable, con la única excepción de los límites contemplados por la normativa comunitaria y estatal.

Esta futura ley también debería incluir a juicio de EFCL otra serie de problemáticas que han sido detectadas en este estudio, entre las que ha citado la autorización ambiental, un trámite muy habitual en los sectores industrial, energético o urbanístico, «pero que es muy lento dado que no existe una regulación autonómica y la tramitación remite, en la mayoría de los casos examinados, a la normativa básica estatal».

El informe constata que la normativa regional relativa a la administración electrónica se encuentra obsoleta, y asegura que por encima de Castilla y León hay diez comunidades autónomas con un mayor nivel de tramitación digital.