Educación lamenta que la 'ley Celaá' no cuente con las comunidades autónomas

La consejera ha indicado que aún confiaba en que «en el trámite parlamentario se pudiera contar con las comunidades a través de las enmiendas de los distintos grupos», y listó sus inquietudes en aspectos como «el fracaso escolar, la formación dual o la repetición». El último informe sobre la situación del Sistema Educativo en Castilla y León desarrollado por el Consejo Escolar autonómico, correspondiente al curso 2017-2018, señala que la tasa de repetición del alumnado de la comunidad es del 11%, con especial virulencia en estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente con respecto a otros en situación más pudiente.

«Da la sensación de que es una vuelta al proyecto de la LOE, una contrarreforma de la LOMCE, que supone un retroceso a los indicadores educativos de 2016, que ahora han ido a mejor», apuntaba también Lucas el pasado martes. La consejera ha asegurado que, en lo que se refiere a las escuelas concertadas, «la libertad es un tema genérico», y estarán «vigilantes al posterior desarrollo por si se puede determinar un sesgo ideológico», en caso de que deban exigir «que los principios constitucionales se respeten en el proyecto de ley o en los posteriores reales decretos».

Lucas no pudo precisar qué «aspecto curricular que fuera competencia de la comunidad lo asume ahora el Estado», pero prometió que en los próximos días desde la consejería se analizaría tanto el texto como su devenir posterior «con más detalle».

Entre las voces entusiastas por la LOMLOE procedentes desde los agentes de la comunidad educativa destacan las asociaciones de padres de alumnos: «Nos gusta más que la ley Wert», admitió María Capellán, secretaria de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). Capellán, que también preside la Federación de las APA en Valladolid, únicamente lamentó que la tendencia que ha marcado a los diferentes gobiernos le augure una corta vida a esta reforma: «Por el camino que llevamos, lo más probable es que, cuando se vaya este gobierno, la deroguen e impongan otra diferente», señaló.

Por lo demás, celebraron que la religión ya no sea materia evaluable: «Es una pena que la eligiesen los alumnos porque era más fácil, en detrimento de otras asignaturas que podían haber servido para sus carreras», apuntó. Capellán también aplaudió que el bachillerato se ampliase un año más con respecto a la normativa anterior: «Muchos lo abandonaban porque era muy fuerte, en dos años no lo conseguían sacar adelante y ahora al dejarlo en tres se ponen facilidades al alumnado», juzgó.

«No todo el mundo puede aprender al mismo ritmo ni asimilar igual contenidos idénticos, por lo que nos parece algo perfectamente adecuado para bajar las tasas de abandono», añadió. Según un estudio de Csif, en la última década el abandono escolar ha disminuido del 28,2% en 2010 al 17,9% que muestran los últimos datos facilitados en 2020; una cantidad similar a lo que disminuyó, en el doble de tiempo, en 1990, cuando dicha tasa se situaba en torno al 38,3%.

Capellán también aplaude que la ley proponga la eliminación de las reválidas, un sistema de evaluación que, a su juicio, «solo era o bien una forma de hacer ranking y crear centros de primera, segunda y tercera categoría; o bien un método de conseguir recursos». La secretaria de CEAPA estimó que «el profesorado está lo suficientemente preparado como para evaluar a los alumnos sin tener que hacerles pasar por esas pruebas; además, en caso de necesitarlo, pueden solicitar por sí mismos los recursos pertinentes». Capellán interpretó que esta ley, al contrario que la anterior, «dará prioridad a la pública por delante de la concertada»; lo cual, a sus ojos, resulta «fundamental».

Precisamente desde la asociación de Escuelas Católicas se respira una «preocupación por una ley que nace sin consenso y limita los derechos de los centros y de las familias», de acuerdo a su secretario autonómico en Castilla y León, Leandro Roldán. En defensa de ese porcentaje no escrito que siempre se ha mantenido en la comunidad, que reserva un 70% de volumen de alumnado para la pública y un 30% para la concertada, Roldán indicó que bajo estas cifras siempre se había mantenido «una estabilidad educativa y una libertad de las familias en elegir los centros que querían», e insiste en que desde su asociación «se ha reclamado siempre un pacto educativo, incluso cuando ha gobernado el PP, de consenso entre todas las fuerzas políticas»,

El secretario también se revolvió contra lo que considera un estigma a las escuelas católicas como centros elitistas y no recintos educativos «con una universalidad en el tipo de alumnado, diverso en el nivel económico y de distintas capas sociales, algo que se ve claramente superado en el ejemplo de Castilla y León». Es precisamente un centro de Valladolid, el colegio Inmaculada Concepción del barrio Delicias, uno de los que, sin querer nombrarlo explícitamente Roldán, ostenta «una importante labor social, reconocida por las administraciones a nivel autonómico y local». Es también este uno de los centros segregadores en la comunidad, una postura educativa que Roldán asegura «apoyar por ser legal y constitucional» pero que, se apresura a señalar, «es un porcentaje muy bajo en el ámbito estatal y en el autonómico».