Ecologistas lleva al TSJ a la Mesa de las Cortes por supuesta prevaricación en la Ley de Caza

La organización ecologista ha decidido recurrir a la vía penal y presentar una denuncia en la Sala Primera del TSJ porque «como bien saben los procuradores, el Tribunal Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones que las leyes a la carta aprobadas por las Cortes de Castilla y León son inconstitucionales, al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva», indica en un comunicado.

La denuncia está dirigida contra Ramiro Ruiz Medrano, quien ha sido presidente de las Cortes en funciones en ese intervalo en que dimitió Silvia Clemente hasta que Ángel Ibáñez ha sido elegido nuevo presidente del Parlamento autonómico. Además incluye a los otros cuatro procuradores que integran el órgano. Ecologistas considera que han incurrido en delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos al haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el 28 de febrero en bloque por tres de los cinco grupos de las Cortes: PP, PSOE y Ciudadanos.

«Han adoptado la decisión injusta de admitir a trámite la Proposición de Ley a sabiendas de que impide ejecutar las sentencias judiciales firmes y los autos de suspensión que declaran ilegal la caza en Castilla y León», expone. Las penas por los delitos denunciados ascienden de seis meses a un año de prisión e inhabilitación especial en cargo público de 11 a 22 años. De ser aprobada este miércoles por las Cortes, anuncia Ecologistas, plantean acudir al Tribunal Constitucional.

Recuerda la denunciante que los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso Administrativo se suman una decena de sentencias judiciales firmes del TSJ que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, así como los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales de esta especie entre 2015 y 2019.

Para Ecologistas, la «ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta para hacer compatible esta actividad con la normativa de conservación de la fauna».