Luis Tudanca (PSOE), presidente de la Junta de Castilla y León. Miriam Andrés (PSOE), alcaldesa de Palencia. Javier León de la Riva (PP), alcalde de Valladolid por sexto mandato consecutivo. José María Barrios (PP), presidente de la Diputación de Zamora. Todo esto habría sido posible, ... solo entre 2015 y 2019, con un pacto como el que propone Alberto Núñez Feijóo que permita gobernar a la lista más votada. Algo, por cierto, que Ciudadanos ya pidió a PP y PSOE en 2017 cuando Inés Arrimadas se encaminaba a un 21-D triunfal pero insuficiente. No le hicieron ni caso.
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Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional y ex consejero de Educación con el PP (2015-2019), resume el fondo de la cuestión: «El problema no está en las reglas, está en los actores, que no saben cómo ejecutar las reglas». O lo que es lo mismo, en la falta de actitud política de unos partidos atados a un alud continuado de encuestas públicas y sondeos privados. Al corto plazo. «Esto de la lista más votada no lo acabo de entender. Porque un sistema parlamentario no es la lista más votada, sino la lista más pactada, y mucho más con un sistema de partidos pequeños. Va contra la lógica del sistema parlamentario».
El interés de Núñez Feijóo, que encuentra adeptos en el PSOE, se cimenta en lo que está por venir, las elecciones andaluzas y las generales de 2023. El ensayo castellano y leonés ha mostrado la fuerza exagerada que puede tener una formación en alza como Vox que no teme una repetición electoral ni un parón legislativo, porque no forma parte del Gobierno y no se desgasta. La negociación se ha circunscrito a una serie de ultimátums. El ejemplo más claro: a las 9:30 del 10 de marzo, Santiago Abascal advertía desde Madrid que, o le daban la Presidencia de las Cortes, o forzaría la repetición electoral. A las 10:30 se reunían en el despacho de Alfonso Fernández Mañueco y a las 12:10, Carlos Pollán, de Vox, era el nuevo presidente de las Cortes.
Jesús Quijano
Un acuerdo como el que postula Feijóo, dice Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil y socialista, «evita chantajes, evita el bloqueo, al menos al principio». Luego, claro, «todo depende de la capacidad para llegar a acuerdos de quien fue más votado. Si luego cuando propone algo no lo negocia, se encontrará con una mayoría de votos en contra». Vuelta a lo que decía Rey de que el problema, quizá, no sean las reglas.
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«Es verdad que ganaríamos en estabilidad. Pero hay una paradoja», advierte Fernando Rey. «Todos decimos que es muy interesante que los parlamentos reflejen como un espejo la pluralidad de la sociedad, por eso, cuanto más proporcional es el sistema, más representación hay, aunque haya más fragmentación. No se pierden votos, porque hay mucha gente que vota a partidos pequeños y si el sistema no es proporcional, no se ven recompensados en escaños».
La lista más votada podría finiquitar esas amenazas de bloqueo institucional. Algo que existe, por ejemplo, en los ayuntamientos, como recuerda Quijano. «El sistema funciona en los ayuntamientos con una diferencia importante, que allí opera de manera automática. Votan los concejales, si hay un candidato que obtiene mayoría absoluta, es alcalde. Pero no se vota más. Si no ocurre eso, automáticamente es alcalde el cabeza de la lista más votada».
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Fernando Rey
Un parlamento como el del País Vasco contempla, en la elección de lehendakari, que en caso de que no haya mayoría absoluta, sale elegido quien más votos consiga. Si hay empate entre dos propuestas, desempatarán en otra votación solo entre ambas. En Andalucía, si se da un empate después de cuatro votaciones, «se considerará elegido el candidato o candidata propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo, incluso, al criterio de lista más votada en las elecciones».
Son fórmulas que podrían aplicarse con cambios en los diferentes reglamentos autonómicos que, en la mayor parte de los casos, contemplan un procedimiento similar al de Castilla y León, que fija un plazo de dos meses para lograr una investidura o se repiten elecciones.
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Jesús Quijano considera que no haría falta un cambio legislativo, sino un acuerdo PP-PSOE que parece, en todo caso, lejano. «Entendería que el sistema funcionaría sobre la base de que los dos partidos PP y PSOE tengan claras dos cosas, que sería necesaria su abstención para que el otro gobernara, y dos, que el otro tenga claro que tienen que seguir negociando cosas y leyes, como los presupuestos. Es pura y simplemente un pacto político y de cumplimiento del pacto. Pero no necesita ninguna reforma legal».
La reforma, además de compleja porque exigiría cambiar una ley orgánica, con una larga tramitación y una mayoría absoluta en el Congreso, supondría en la práctica un auténtico cambio de sistema electoral. Acudir a uno más directo, al estilo de lo que ocurre en Inglaterra, donde el ganador de la circunscripción, más pequeña que la provincial española, se lleva el escaño aunque sea por un puñado de votos, lo que limita la representación «proporcional» de la que hablaba Rey. O con una segunda vuelta al estilo francés. Una reforma, en definitiva, que está lejos de darse en un país como España, donde se implantó la Ley Electoral en 1985 y se reformó en 2011, y que debería ser más profunda para corregir algunos desarreglos que se han revelado con el devenir de los años, como la penalización de los terceros partidos en circunscripciones pequeñas que premian a los dos grandes.
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El pacto entre partidos, más factible, no excluiría coaliciones «de perdedores» convertidos en ganadores, a ojos de Quijano. «Nunca me ha parecido mal esa propuesta de dejar gobernar al más votado salvo que tengas una opción clara de sumar más mayoría. Eso es legítimo también», afirma. Y recuerda que en el sistema español, «en unas elecciones generales, al presidente no se le elige en las elecciones, se le elige en un debate de investidura en el Parlamento. Puede ser que uno tenga un poco más y que el que tenga un poco menos cuente con mejores condiciones de alcanzar acuerdos y mayorías con otros». A partir de ahí, si eso no se da, es cuando se activaría la abstención del segundo para permitir, cuando menos, iniciar una legislatura.
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Fernando Rey admite que el problema del sistema actual es, y más en estos tiempos de populismos, «que eso favorece la fragmentación, la dificultad de llegar a acuerdos». E insiste en que «el problema no es el sistema, es la falta de cultura democrática para llegar a pactos».
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«Esto de Feijóo, además, perjudicaría al PP en muchos lugares y lo que le beneficia hoy le perjudicaría mañana», afirma. «Para cada problema complejo no hay una respuesta sencilla o equivocada, como la de que gobierne la lista más votada».
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