Dos prórrogas sin enmiendas de Vox para la ley de derechos al final de la vida

La ley de derechos y garantías al final de la vida, impulsada por Francisco Igea (Ciudadanos) se ha visto obstaculizada por cuatro prórrogas para la presentación de enmiendas, dos de ellas a cargo de Vox. Hoy expiró el plazo sin que los de García-Gallardo hayan presentado ni una sola enmienda a lo largo de las dos prórrogas que han solicitado, algo que sí ha hecho el resto de formaciones políticas del hemiciclo.

La última conversación al respecto en la Junta de Portavoces concluyó en trifulca porque Igea calificó la maniobra de Vox de filibusterismo político. Es decir, utilizar las normativas y reglamentos, dilatando los plazos y los trámites burocráticos, para paralizar de facto el desarrollo de una ley. «Cero enmiendas ha presentado Vox a esta ley. ¿Qué le molesta a Vox de esta ley?», pregunta Igea en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La ley se impulsó durante el Gobierno PP-Cs en la Junta, pero no llegó a aprobarse por la convocatoria de elecciones anticipadas. En julio de 2021 el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el proyecto de ley y lo remitió a las Cortes de Castilla y León, junto a informes de Sanidad, Hacienda, el Consejo Económico y Social, los Servicios Jurídicos de la Junta, el Consejo Castellano y Leonés de Salud y el Consejo Consultivo. Llegaron las elecciones y el proyecto de ley decayó, pero se recuperó por iniciativa de Francisco Igea apoyada por el PP y por el resto de grupos salvo Vox.

El 20 de septiembre de 2022 comenzó el periodo para presentar enmiendas y el 19 de octubre, cuando terminaba, se pidió la primera pórroga. Fue el PSOE, que sí hizo algunos añadidos. El PP pidió otra. También incluyeron sus anotaciones Por Ávila, el grupo UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos. Vox pidió la tercera y la cuarta y no ha aportado nada al texto.

«La ley trata de garantizar los derechos de todos los ciudadanos al final de sus días. Tienen que tener garantizado el acompañamiento, los cuidados paliativos, la posibilidad de interrumpir medidas de soporte vital cuando ellos entiendan que son fútiles», aclara Igea, que en todo momento ha dejado claro que no se trata de hablar de eutanasia, que se ha regulado a nivel nacional. «Un grupo parlamentario no puede ir a un parlamento a bloquear su acción», lamenta el procurador de Ciudadanos.

Tras agotarse la cuarta prórroga, la norma seguirá con su tramitación.

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