La dispersión y la edad encarecen en 475 millones la atención sanitaria en Castilla y León

Ese sobreesfuerzo presupuestario se refleja en un informe elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda. El departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo está rearmando datos para encarar la reforma del sistema de financiación autonómica por el que el Ministerio de Hacienda reparte fondos entre las comunidades. El 97% de la distribución atiende al número de habitantes y solamente el 3% a la dispersión de esa población y superficie, circunstancias que encarecen los servicios públicos.

En algunos casos, como los Servicios Sociales, se corrige en parte esa asignación 'per capita' con un ajuste de población de más de 65 años, pero sin atender el peso en la factura de prestaciones que tienen los que superan los 70, 80 y 90 años. En el borrador que la ministra María Jesús Montero ha trasladado a las comunidades como propuesta para empezar a negociar la reforma del modelo de financiación, esa referencia a los mayores de 65 años se diluye en la asignación de dinero para cubrir prestaciones sociales.

De vuelta a la sanidad, la edad es clave para estrechar relaciones con la doctora de Familia o el enfermero. Castilla y León está a la cabeza de España en frecuentación de consultas. Esa población mayor se concentra, además, en los pueblos. Los residentes rurales suponen el 38% de ciudadanos con tarjetas sanitarias en la comunidad y les atienden el 51% del personal de enfermería en nómina de Sacyl y el 58% de los médicos de Familia. Eso se traduce en más profesionales (la media española es de 632 médicos de cabecera por millón de habitantes, que sube en Castilla y León a 965 galenos) y más necesidad de presupuesto.

El gasto sanitario por habitante en Castilla y León es de 1.661 euros al año (dato de 2019). Son 175 euros más que la media de las comunidades, diferencia que sitúa en 399 euros respecto a los 1.262 que destina Andalucía, o en 331 euros si se toma como referencia los 1.340 euros que le cuesta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuidar de la salud de cada madrileño.

Y lo que ocurre con la sanidad se repite con la educación. Castilla y León tiene menos alumnos, pero repartidos por más colegios y atendidos por más profesores. El 7,4% de los escolares de la comunidad recibe clases en localidades que no llegan a 2.000 habitantes, cuando a nivel nacional son el 3,4%. Mantener alumnos en los pueblos y no concentrarlos en cabeceras de comarca o ciudades tiene un precio.

La apuesta por las escuelas pequeñas encarece el sistema educativo autonómico alrededor de un 40% más por niño. Un estudio de 2013 establecía el coste de un alumno urbano en Castilla y León en 3.712 euros, cifra que subía a 5.198 euros de media en el territorio rural y a 6.320 euros en el caso de los escolares que se forman en los 197 centros rurales agrupados (CRA) que reúnen escuelas unitarias en torno a un colegio cabecera en unas 650 localidades. Funcionan con tutores en aulas –en algunos casos tienen una matrícula de cuatro niños en varios cursos– y profesorado especialista que itinera por ellas.

Seis de cada diez centros públicos de Castilla y León tienen menos de 200 escolares, frente a comunidades como Madrid, Murcia o Valencia en las que el porcentaje es inverso. Eso permite en estos territorios aprovechar economías de escala y concentrar gastos de funcionamiento y personal, lo que abarata el coste por alumno. El modelo actual no tiene en cuenta la incidencia de la dispersión y reparte el dinero en función de la población de 0 a 16 años. Quedan también fuera los bachilleres y universitarios, criterio que perjudica a las comunidades con mejores baremos educativos, entre las que está Castilla y León.

El sistema de financiación autonómica asignaba en 2008 a Castilla y León el 7,29% del total de los recursos. Esa porción se redujo a partir del 2009 hasta el 6,76%. La comunidad sufrió un recorte del 7,25%. Otras comunidades perjudicadas con ese reparto son Extremadura (recibe el 9,18% menos); Andalucía (el 8,40 menos), y Galicia (el 8,52% menos). Ganaron porción de tarta Baleares (el 29,6% más), Madrid (el 14,11% más) o Murcia (el 7,26% más).

Sanidad, Educación y Servicios Sociales suponen el 78,2% del presupuesto que la Junta ha diseñado para 2020, con partidas que suman 8.165 millones de euros. Los recursos que el Gobierno central ingresará en la cuenta de la comunidad a través de las entregas del modelo de financiación autonómica serán 6.862 millones de euros. Faltan 1.303 millones de euros para cubrir el coste de los servicios esenciales, pero es que hay otras competencias como conservación de carreteras, abastecimiento y depuración de aguas, agricultura y desarrollo rural, biodiversidad, lucha contra incendios o cuidado forestal que es necesario atender.

El criterio principal, único en algún caso, de reparto de dinero estatal para financiar estas materias sigue siendo el de población, pese a que están muy vinculadas a la superficie y al territorio, a la extensión y a la orografía. Castilla y León tiene déficit de habitantes y superávit de hectáreas forestales. Una quinta parte del monte español está dentro del mapa de la comunidad. Eso implica que cada castellano y leonés aporta 30,7 euros para mantener su superficie forestal, frente a los 6,3 euros de un madrileño o los 4,4 de un catalán. El esfuerzo presupuestario de Castilla y León no llega a lograr equilibrar el gasto por hectárea. Los 42,3 millones que emplea Madrid le permiten invertir 92,5 euros en cuidar cada hectárea forestal. Los 73,7 millones que presupuesta Castilla yLeón casi doblan la dotación madrileña, pero dan para 15,3 euros por hectárea, seis veces menos, pese a hacer un esfuerzo cinco veces mayor.

Y otro tanto ocurre con las carreteras. Los 11.275 kilómetros de titularidad de la Junta de Castilla y León son el 16,7% de la red autonómica de España. Su conservación es imprescindible para garantizar el acceso de los residente en el medio rural a servicios esenciales como sanidad y educación. El informe del Banco de España 'El acceso a servicios en la España rural' publicado este año revela que los habitantes de los pueblos de Castilla yLeón, Aragón y Castilla-La Mancha recorren 24,6, 28,3 y 32,6 kilómetros respectivamente más que los de la urbes para hacer la compra en un supermercado o unos análisis de sangre en el centro de salud. Un murciano o un balear, 3 kilómetros. Bachear la carretera puede no considerarse esencial, pero no disponer de fondos para hacerlo dificulta la vida en un pueblo. De eso va la financiación autonómica. De garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios en igualdad de condiciones con independencia del lugar de residencia.