La disolución de las Cortes da al traste con las reformas que Cs exigió al PP en regeneración

En la cola de tramitación estaban los presupuestos de la comunidad para 2022 y el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompañaba al listado de partidas de gastos e ingresos que preveía gestionar la Junta a a partir de 1 de enero, pero no son los único textos legislativos sobre los que trabajaban los parlamentarios autonómicos.

Hay otros cuatro que sufren el portazo del adelanto electoral. Tres de ellos llegados de la consejería que dirigía Francisco Igea, la de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Se trata de las leyes de Transparencia, Acceso a la Información y su Reutilización y la de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad, que sustituían a las de la etapa del PP con Juan Vicente Herrera, a las que se suman la Ley de Garantías de las Personal al final de su Vida y la de Creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla y León. Este último texto modificaba, para ampliar garantías, la regulación de protección a las personas que denuncian posibles prácticas corruptas en el seno de la Administración o por parte de los gestores políticos.

Todos esos proyectos pasan a mejor vida tras apretar el presidente de la Junta el botón del adelanto electoral y queda a criterio del Gobierno que salga de las urnas el próximo 13 de febrero volver a iniciar su tramitación en las Cortes registrando de nuevo los textos tal como están, con cambios o abandonar definitivamente la empresa.

Dos de estos proyectos se mueven en el ámbito de la regeneración de la actividad pública y política. Son el del Transparencia y el que pone en marcha la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Este último se encontraba en la tercera prórroga del plazo inicial para presentar enmiendas y los procuradores tenían hasta el 1 de febrero para hacerlo. La acumulación de ampliaciones, que demoran el debate, la votación y la entrada en vigor, indica que no era un proyecto fácil de sacar adelante.

La regulación sobre Transparencia ampliaba las obligaciones de las administraciones de publicar datos sobre su gestión y facilitar información a los ciudadanos. Se podían presentar enmiendas hasta el pasado 23 de diciembre. El tercer texto que queda varado en las Cortes es la reforma de la ordenación territorial. No salió adelante el mapa rural para reordenar servicios e infraestructuras públicas en la anterior legislatura y tampoco saldrá esta. El asunto es espinoso y siempre se tuerce. Lleva lustros pendiente. El texto era un empeño personal del vicepresidente de la Junta, que eliminaba la necesidad de que la ordenación rural precisara un apoyo de dos tercios del hemiciclo –54 de 81 escaños–, lo que implicaba el voto favorable del PSOE. Ese mapa podría salir con mayoría simple, si la ley que se hubiera aprobado.

El cuarto proyecto de ley que duerme el sueño de los justos con el adelanto electoral es el de Garantías de las Personas al Final de la Vida que refuerza la atención de cuidados paliativos. Fue un proyecto emblema de Cs. Francisco Igea llegaba a la política autonómica tras impulsar uno similar, de ámbito nacional, en el Congreso de los Diputados, y el anteproyecto autonómico fue uno de los asuntos con que se estrenó el Gobierno de coalición.

Las consultas e informes de la tramitación previa y la pandemia (dependía de Sanidad) demoraron su llegada a las Cortes, que se produjo tras la entrada en vigor de la ley estatal que incorporó la eutanasia al catálogo de prestaciones médicas. La ley autonómica no incide en esto último, pero sí refuerza el abanico de recursos a los que puede acceder una persona en situación terminal para afrontar esa última etapa vital siempre desde su derecho a contar con toda la información y decidir sobre los tratamientos.